Diez cooperativas y 350 agricultores, investigados por un fraude a la UE La Fiscalía cree que el fraude a la UE se ha prolongado durante cinco años

Una decena de cooperativas y 350 agricultores valencianos están siendo investigados a iniciativa de la fiscalía de Murcia, donde ya fueron detenidas 10 personas, por un supuesto fraude a la UE relativo a las ayudas para las transformación de cítricos en zumo. Empresas murcianas falseaban la compra de naranjas a agricultores y cooperativas de Valencia, Castellón y Alicante con la finalidad de cobrar subvenciones europeas de forma ilegal.

Los propietarios y las cooperativas investigados se han beneficiado, supuestamente, de forma ilícita de las ayudas del fondo estructural de la Unión Eur...

Una decena de cooperativas y 350 agricultores valencianos están siendo investigados a iniciativa de la fiscalía de Murcia, donde ya fueron detenidas 10 personas, por un supuesto fraude a la UE relativo a las ayudas para las transformación de cítricos en zumo. Empresas murcianas falseaban la compra de naranjas a agricultores y cooperativas de Valencia, Castellón y Alicante con la finalidad de cobrar subvenciones europeas de forma ilegal.

Los propietarios y las cooperativas investigados se han beneficiado, supuestamente, de forma ilícita de las ayudas del fondo estructural de la Unión Europea (UE) que subvenciona la transformación de naranjas en zumos o en conservas. Según fuentes del caso, diversas empresas murcianas contactaban con agricultores y cooperativas de toda la Comunidad Valenciana y les ofrecían un negocio redondo: los productores fingían vender a las empresas una cantidad ficticia de naranjas para dedicarlas a la fabricación de zumos. Luego, las dos partes se repartían las ayudas comunitarias obtenidas de forma ilegal. Los investigadores aseguran que, en algunos casos, ni siquiera existían los naranjales de los que procedían las cosechas supuestamente vendidas.La investigación la iniciaron en Murcia en marzo de 1998 dos inspectores de la unidad antifraude de la Comisión Europea, K. Larsen y J. Ozier. Sus pesquisas concluyeron en octubre de 1999 con la apertura del caso Alvalle (que tomó el nombre de una empresa zumera murciana acusada de la estafa), y la detención de 10 procesados por el Juzgado de Instrucción número 3. Entre ellos, el presidente de la compañía, agricultores y funcionarios de la Administración autonómica y estatal en Murcia. Los inspectores europeos advirtieron en su informe de que este fraude es una práctica extendida en todas las zonas hortofrutículas, por lo que se amplió la investigación a los naranjales valencianos.

La Fiscalía de la Audiencia de Murcia está convencida de que el supuesto fraude cometido por agricultores y cooperativas valencianas se ha prolongado durante cinco años. Por eso ha ordenado a la Guardia Civil que investigue los subsidios agrarios europeos cobrados por estos productores citrícolas valencianos entre 1992 y 1997. La investigación se prolongará, según estas fuentes, durante dos o tres meses.

El director general de Producción Agraria de la Consejería de Agricultura, Enrique Bellés, se agarra a las fechas en las que se cometió la supuesta estafa para asegurar que la Administración valenciana no tuvo nada que ver con la tramitación de estas solicitudes fraudulentas de subsidios agrarios.

Bellés explicó que, hasta la entrada en vigor, en la campaña 1997-1998, del nuevo reglamento europeo que regula estas ayudas, la tramitación la efectuaban las industrias transformadoras murcianas ante el Ministerio de Agricultura. Las ayudas, que oscilan entre 15 y 23 pesetas por cada kilo de naranjas y alcanzan los 20.000 millones anuales para toda España, se entregaban a las empresas de transformación en zumos y éstas respetaban el precio mínimo a los productores valencianos.

A través de empleados de las básculas, camioneros y funcionarios de la Delegación del Gobierno y la Consejería de Agricultura en Murcia supuestamente implicados en la estafa, estas empresas trucaban el tonelaje de fruta adquirido, según la Fiscalía. De esta forma, Alvalle logró declarar un 45% más de la naranja que adquirió, según un informe de la empresa consultora Ernst & Young, la pista que destapó el supuesto fraude. "Por eso", insiste Bellés, "el Gobierno valenciano no tenía ninguna posibilidad de descubrir el supuesto fraude".

Desde que entró en vigor el nuevo reglamento, en la campaña 97-98, son las cooperativas y asociaciones de productores valencianas las que tramitan las solicitudes de ayudas ante la Consejería de Agricultura. En estos tres años, la Administración valenciana ha abierto varios expedientes y ha retirado subvenciones a algunos productores, "pero por otros casos diferentes a éste", asegura Bellés.

Según fuentes del caso, el mayor número de cooperativas y propietarios de naranjales investigados son de las provincias de Valencia y Castellón, aunque también hay bastantes de la comarca alicantina de La Marina.Estos productores valencianos figuran como proveedores de partidas irreales de fruta en la documentación intervenida a Alvalle y otras industrias zumeras murcianas. Sólo en Valencia hay agricultores implicados de una treintena de poblaciones de La Safor, La Ribera y La Costera.

Naranjales ficticios

La Guardia Civil ya ha comenzado a tomarles declaración, a analizar sus contratos de ventas de las cosechas y a inspeccionar los naranjales para conocer cuántos son ficticios. Las primeras investigaciones les han permitido comprobar que algunos campos recibieron ayudas por más toneladas de naranjas de las que son capaces de producir.

La complejidad de la operación ha obligado a desplegar a todas la unidades de lucha contra el fraude fiscal de la Guardia Civil. La Unidad Central de Inspección Fiscal Antidroga (Ucifa) de Madrid que dirige la investigación, y los grupos de inspección fiscal de la Sexta Zona de la Comunidad Valenciana y las tres comandancias provinciales.

Las asociaciones valencianas de productores (La Unió de Llauradors, AVA y Uteco) aplaudieron ayer la investigación y solicitaron que se aclare todo y se despuren responsabilidades. En su opinión, el primer perjudicado es el propio sector citrícola porque al solicitar ayudas por tantas toneladas de naranjas se ha rebasado el cupo máximo establecido por la UE y la agricultura valenciana ha sufrido una penalización en la concesión de ayudas próxima a los 6.000 millones de pesetas cada año.