El sector se juega su futuro en el próximo tratado

La flota andaluza se juega su futuro en el acuerdo. Cuatro de cada cinco barcos dependen del caladero porque ni son rentables en el litoral español ni tienen capacidad para desplazarse más lejos. La intranquilidad que provoca este dato y la convicción de que el amarre durará varios meses hunde al sector en el pesimismo. El patrón mayor de la Federación Andaluza de Cofradías, Esteban Mena, insistió ayer en la repercusión que tendrá la paralización de la actividad en el sector no extractivo: "Para lonjas, fábricas de hielo, talleres y pueblos enteros, puede ser la ruina".

El sector coin...

La flota andaluza se juega su futuro en el acuerdo. Cuatro de cada cinco barcos dependen del caladero porque ni son rentables en el litoral español ni tienen capacidad para desplazarse más lejos. La intranquilidad que provoca este dato y la convicción de que el amarre durará varios meses hunde al sector en el pesimismo. El patrón mayor de la Federación Andaluza de Cofradías, Esteban Mena, insistió ayer en la repercusión que tendrá la paralización de la actividad en el sector no extractivo: "Para lonjas, fábricas de hielo, talleres y pueblos enteros, puede ser la ruina".

El sector coincide en que un amarre prolongado -el del anterior acuerdo duró siete meses- pondrá en peligro la parada ordinaria destinada a la regeneración de los caladeros del litoral, aplicada por primera vez en la comunidad la pasada primavera. "Como la paralización dure mucho tiempo, nos vamos a comer los fondos Ifop destinados a paradas temporales", advirtió Mena.

Por eso, pescadores, armadores y Junta exigen a la Unión Europea "partidas extraordinarias para situaciones extraordinarias". La Consejería de Pesca reclama además que la flota artesanal, mayoritariamente andaluza, siga faenando durante la negociación. Pero Marruecos no mueve ficha y el futuro de la flota sigue en el aire. En el caladero faenan 423 barcos españoles; la mitad, andaluces, dedicados a la captura de gambas, merluzas, rape y pijota. Durante la vigencia del actual tratado (95-99), la flota afrontó el recorte del 30% impuesto por Marruecos. Las solicitudes de desguace fueron similares a la reducción exigida por el país africano, por lo que el ajuste se realizó sin traumas. Ahora los armadores sostienen que el sector no está en condiciones de asumir más reducciones.