El 10% de los empleados del Insalud firma contra las fundaciones sanitarias

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) no está sola en su lucha contra las fundaciones sanitarias impulsadas por el Gobierno del Partido Popular (PP). Para demostrarlo, sus miembros han recogido 12.856 firmas entre los trabajadores del Insalud, lo que supone un 10% de los 130.000 empleados de este organismo, y las han hecho llegar tanto a los responsables sanitarios como a los partidos de la oposición.Las firmas van acompañadas de una carta en la que la FADSP, de la que forman parte sindicatos, el PSOE, Izquierda Unida y otras organizaciones, recuerda su po...

La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) no está sola en su lucha contra las fundaciones sanitarias impulsadas por el Gobierno del Partido Popular (PP). Para demostrarlo, sus miembros han recogido 12.856 firmas entre los trabajadores del Insalud, lo que supone un 10% de los 130.000 empleados de este organismo, y las han hecho llegar tanto a los responsables sanitarios como a los partidos de la oposición.Las firmas van acompañadas de una carta en la que la FADSP, de la que forman parte sindicatos, el PSOE, Izquierda Unida y otras organizaciones, recuerda su posición sobre las fundaciones públicas sanitarias. Para la asociación, aquéllas no sólo suponen un paso más en la intención del Gobierno de desmantelar la sanidad pública, sino que deteriorarán las prestaciones sanitarias.

La creación de fundaciones públicas sanitarias en las 10 comunidades que aún no tienen transferida la sanidad -territorio Insalud- fue aprobada en diciembre a través de una enmienda a la ley de acompañamiento a los Presupuestos Generales del Estado presentada en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Por ello recibió fuertes críticas del PSOE y de IU en el debate parlamentario. Se trata de una figura que dotará a los centros sanitarios que decidan adoptarla de una mayor autonomía de gestión y de personalidad jurídica propia. Ningún hospital público ha solicitado aún organizarse de esta forma, si bien funcionan así, desde antes de la aprobación de la medida, el hospital de Manacor (Mallorca) y el de Alcorcón (Madrid).

El ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, ha negado una y otra vez que esta nueva forma de gestión sanitaria suponga la privatización o ponga en peligro la atención sanitaria que reciben los ciudadanos.

Por otra parte, el ex gerente del Hospital Meixoeiro (Vigo), donde cuatro personas fallecieron después de contagiarse con el hongo aspergillus en un quirófano gestionado por una entidad similar a las fundaciones públicas sanitarias, declaró ayer ante el juez que instruye el caso que ese equipo de cirugía funcionaba como "una isla sin demasiado control" dentro del hospital, según informó el abogado de la Asociación de Afectados por Errores Médicos, Alfonso Iglesias. Para Iglesias esta declaración pone en evidencia la "ambigua relación" que existe entre la fundación y el centro sanitario.