Barea propone vender el grupo RTVE o transformarlo en una empresa semiprivada

La Oficina Presupuestaria, que dirige José Barea, se opone al proyecto de la Vicepresidencia del Gobierno para mantener la Radiotelevisión estatal en sus actuales dimensiones y financiarla con la recaudación de 20.000 pesetas anuales por familia. Frente a esa propuesta, un informe de la oficina de Barea contempla la alternativa de cerrar RTVE y vender sus canales y activos; o bien convertirla en una empresa, con participación pública o totalmente privatizada, a la que el Estado contrataría la realización de los programas de servicio público. La privatización contribuiría a pagar su deuda.
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La Oficina Presupuestaria, que dirige José Barea, se opone al proyecto de la Vicepresidencia del Gobierno para mantener la Radiotelevisión estatal en sus actuales dimensiones y financiarla con la recaudación de 20.000 pesetas anuales por familia. Frente a esa propuesta, un informe de la oficina de Barea contempla la alternativa de cerrar RTVE y vender sus canales y activos; o bien convertirla en una empresa, con participación pública o totalmente privatizada, a la que el Estado contrataría la realización de los programas de servicio público. La privatización contribuiría a pagar su deuda.

Hay una diferencia básica entre las propuestas de Álvarez Cascos, tal como las resume el informe de Barea, y las alternativas apuntadas por éste. Aquél defendía que "la total actividad de Radiotelevisión Española" es "de servicio público", lo cual justificaría la idea de pagar el ente público con la recaudación de 12.000 pesetas por familia, para sostener el servicio televisivo, y otras 8.000 destinadas a enjugar la deuda acumulada hasta ahora, según el resumen de un informe de 86 páginas que el documento de Barea atribuye a la Vicepresidencia del Gobierno.Por su parte, las propuestas del equipo de Barea apuestan nítidamente en favor de la privatización de RTVE, de forma total o parcial; y en todo caso, pretende que se definan unas necesidades de servicio público de televisión que podrían ser financiadas por medio de un contrato con el Estado, sin asumir que todo lo que hace ahora RTVE deba considerarse propio de un servicio público.

A la vista del varapalo que el equipo de Barea propina al trabajo atribuido al departamento de Francisco Álvarez Cascos -de cuyo autor dice que demuestra una "visión muy estrecha" al sostener que la gestión de RTVE es buena porque no gasta más de lo presupuestado- quedan pocas dudas sobre la intensidad del debate que se está produciendo en el seno del Gobierno. Un enfrentamiento apenas disimulado, que continúa, puesto que otras filtraciones periodísticas apuntan a un tercer intento de solución confiado a una comisión interministerial coordinada por el ministro de Industria, Josep Piqué.

Cierre o reducción

El documento de Barea menciona las siguientes propuestas de "viabilidad financiera" de un servicio de televisión pública:-Alternativa A. "Cierre del grupo RTVE y venta de los canales y activos". El dinero que se obtuviera por esas ventas serviría para costear la reestructuración del ente.

-Alternativa B. "Mantenimiento de la propiedad dentro del sector público, si bien efectuando una profunda reestructuración". Esto desencadenaría un proceso de reducción de personal, eliminación de algunos centros territoriales y otras medidas, todas ellas destinadas a conseguir una RTVE más pequeña.

-Alternativa C. "Una combinación de los dos anteriores, que consistiría en efectuar una amplia reestructuración acompañada de un cambio en el modelo de gestión". El informe de Barea esboza, sin desarrollarlo, la solución de crear joint-ventures o participaciones en alianzas con socios privados, "ya sean nacionales o del área hispanohablante", apunta de manera escueta.

"Más específicamente, en esta alternativa se tomarían las siguientes decisiones: Primero, crear una sociedad mercantil de participación pública que sería titular de los canales públicos y en esencia poseería las frecuencias de emisión sin necesidad de personal. Segundo, de esta entidad dependerían dos sociedades, una dedicada a la producción y otra a la comercialización de programas. Tercero, el grupo funcionaría en libre competencia con suficiencia financiera y, en su caso, como solución óptima se enajenaría al sector privado".

" En una "primera fase", cuya amplitud no se define, el grupo empresarial configurado de ese modo sería contratado por el Estado para financiar "los programas de contenido de servicio público" y el Estado le pagaría un precio por ellos. "Lo importante sería el diferenciar con claridad las actividades de carácter comercial de las de servicio público, evitando la confusión actual", añaden los autores del informe. De una forma poco clara, el informe alude a la posibilidad de sacar a concurso, posteriormente, la realización de estos programas de servicio público.

En todo caso, la reestructuración de lo que actualmente es el ente y el pago de la deuda acumulada saldría de la venta de parte de lo que ahora es RTVE y si eso no bastara habría que aplicar tasas sobre la compra de televisores o de descodificadores.

El presidente de RTVE

Las alternativas de Barea tampoco parecen compartir, por lo tanto, la reorganización institucional contemplada en el informe de la Vicepresidencia del Gobierno, sin que la crítica a ese punto sea tan a fondo como al canon.El informe vicepresidencial da mucha importancia a replantear por completo la función del Consejo de RTVE, para que quede desprovisto de las funciones de administración y se convierta en una especie de órgano consultivo y de composición no sólo política. El poder ejecutivo le sería atribuido a un presidente del ente público, asistido de un consejo al que sólo corresponderían "funciones de orientación".