Dos casos para la polémica

La caja de los truenos se abrió el 28 de junio de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón, del Juzgado Central de Instrucción número 5, dictó un auto admitiendo a trámite la querella de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra algunos militares golpistas argentinos, a los que acusan de la desaparición de 38 ciudadanos españoles, 228 hijos de españoles y 158 nietos de españoles. Al admitir la denuncia, se declaraba competente la Jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos por el régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983....

La caja de los truenos se abrió el 28 de junio de 1996, cuando el juez Baltasar Garzón, del Juzgado Central de Instrucción número 5, dictó un auto admitiendo a trámite la querella de la Unión Progresista de Fiscales (UPF) contra algunos militares golpistas argentinos, a los que acusan de la desaparición de 38 ciudadanos españoles, 228 hijos de españoles y 158 nietos de españoles. Al admitir la denuncia, se declaraba competente la Jurisdicción española para investigar los delitos de genocidio y terrorismo de Estado cometidos por el régimen militar que gobernó en Argentina entre 1976 y 1983.Pero la cosa no quedó ahí. El juez Manuel García Castellón, del Juzgado número 6, aceptó por su parte en julio de 1996 investigar la denuncia abierta por la misma UPF por genocidio y otros crímenes contra la humanidad cometidos por el general Augusto Pinochet y los demás miembros de la Junta Militar chilena que gobernó entre 1973 y 1990. La denuncia acusa a los militares chilenos del asesinato y la desaparición de 4.000 ciudadanos, entre ellos los españoles Carmelo Soria, diplomático, y Antoni Llidó y Joan Alsina, sacerdotes.

Los dos jueces se amparan para la instrucción y enjuiciamiento de estos hechos en el artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que establece la competencia de la Jurisdicción española para 11 conocer de los hechos cometidos por españoles o extranjeros fuera del territorio nacional susceptibles de tipificarse, según la ley penal española, como alguno de los siguientes delitos: genocidio, terrorismo... ". Los jueces ven reforzada su posición en los preceptos contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los tratados y acuerdos internacionales firmados por España.

Garzón decretó, el pasado 10 de octubre, prisión provisional, incondicional y comunicada en Carabanchel para el ex capitán de corbeta Aldolfo Scilingo y otros 10 ex jefes de la Armada argentina, contra quienes ha dictado una orden de busca y captura con efecto en todo el mundo, excepto en Argentina. Anteriormente, Garzón había dictado orden de detención contra el ex presidente argentino Leopoldo Galtieri. Ante el juez han llegado a declarar varios familiares de las víctimas, además de Hebe de Bonafini, presidenta de las Madres de Plaza de Mayo.

Por su parte, García Castellón ha escuchado declaraciones de chilenos, como la hija del ex presidente Salvador Allende, Isabel.