La Administración central y las autonómicas hacen frente común ante los problemas de la fiesta

Representantes de la Administración del Estado y las administraciones autonómicas se reunieron ayer en el Ministerio del Interior, en Madrid, y firmaron un acuerdo en el que se comprometen a hacer frente común ante los problemas que tiene planteados la fiesta de los toros. Quedó nombrada una comisión de trabajo, y sus miembros se comprometieron a no adoptar ninguna decisión sin consultar a las demás partes firmantes del acuerdo.

La reunión se celebró como consecuencia de la postura adoptada por la Confederación de Asociaciones Profesionales Taurinas (CAPT), que ha declarado una huelga e...

Representantes de la Administración del Estado y las administraciones autonómicas se reunieron ayer en el Ministerio del Interior, en Madrid, y firmaron un acuerdo en el que se comprometen a hacer frente común ante los problemas que tiene planteados la fiesta de los toros. Quedó nombrada una comisión de trabajo, y sus miembros se comprometieron a no adoptar ninguna decisión sin consultar a las demás partes firmantes del acuerdo.

La reunión se celebró como consecuencia de la postura adoptada por la Confederación de Asociaciones Profesionales Taurinas (CAPT), que ha declarado una huelga en la fiesta de los toros en base a unas proposiciones que probablemente estén al margen de la legalidad. La CAPT, suspendió la huelga en la Comunidad Valenciana y se pudieron celebrar sus recientes ferias de Castellón y Fallas, en unas condiciones aceptadas por la Generalitat que contradecían la normativa vigente. Un decreto-ley (reglamento taurino) aprobado por el Consejo de Ministros, la ley taurina aprobada por el Congreso de los Diputados, un mandato del Senado, quedaban desautorizados con aquel acuerdo.Según fuentes del Ministerio del Interior y de las Comunidades Autónomas consultadas por EL PAÍS, en la reunión de ayer se constató la unánime determinación de respetar la legalidad y también tanto la esencia de la fiesta de los toros como los derechos del público que asiste al espectáculo taurino.El acuerdo suscrito ayer en Madrid dice así: "La Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas manifiestan su interés y disposición para iniciar un amplio, proceso de reflexión sobre distintos aspectos del régimen jurídico de los espectáculos taurinos, con participación de los sectores empresariales y profesionales interesados así como de los aficionados. Los signatarios entienden que ese proceso de reflexión y debate debe abarcar todas las cuestiones relevantes para el futuro del sector y no solamente las relativas al régimen sancionador, con ser éstas de gran importancia"."Los firmantes entienden que el proceso debe hacerse de modo que asegure la necesaria coherencia de la actuación de las administraciones públicas y la coordinación entre ellas en los términos de la ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común"."En este sentido, las administraciones públicas se comprometen a mantenerse recíprocamente informadas sobre todas las iniciativas que adopten en materia de espectáculos taurinos y analizar conjuntamente las actuaciones conducentes al proceso de reflexión sobre el régimen jurídico y administrativo de dichos espectáculos."Por último, para el tratamiento de las cuestiones más urgentes, la conferencia sectorial [en cuyo marco se celebraba la reunión] acuerda la constitución de un grupo de trabajo compuesto, inicialmente, por el Ministerio del Interior, la Junta de Andalucía, la Comunidad de Madrid y La Comunidad Autónoma Región de Murcia".

Consulta

"Los miembros del grupo de trabajo", finaliza el documento, "quedan obligados a consultar con las demás partes firmantes del acuerdo las decisiones fundamentales que el grupo adopte".Firmaron el acuerdo, por parte de Interior el subsecretario -también asistió el secretario general técnico-, y los representantes de las siguientes comunidades autónomas: Cataluña, Galicia, Andalucía, Cantabria, La Rioja, Murcia, Valencia, Aragón, Castilla-La Mancha, Extremadura, Navarra, Islas Baleares, Madrid y Castilla-León. No asistieron los representantes de las comunidades del País Vasco y Canarias y no firmó el de Asturias que hubo de ausentarse antes de concluir la reunión.