La guerrina colombiana, al asalto de la ciudad

Un empleado estatal que hace un mes quedó entre los fuegos cruzados de la guerrilla y el Ejército en la región del Pie de Monte Llanero, cordillera Oriental Andina, cuenta que una noche que estuvo "retenido, de este lado del río, en territorio de la guerrilla" recibió información y boletines en los que se afirma que "ahora la táctica guerrillera es aumentar su presencia en las ciudades y propiciar el retorno al campo de los desplazados por la guerra".No parece un plan fácil de desarrollar, pues, más del 70% de los 36 millones de colombianos vive en ciudades y el éxodo, que se inició a mediados...

Un empleado estatal que hace un mes quedó entre los fuegos cruzados de la guerrilla y el Ejército en la región del Pie de Monte Llanero, cordillera Oriental Andina, cuenta que una noche que estuvo "retenido, de este lado del río, en territorio de la guerrilla" recibió información y boletines en los que se afirma que "ahora la táctica guerrillera es aumentar su presencia en las ciudades y propiciar el retorno al campo de los desplazados por la guerra".No parece un plan fácil de desarrollar, pues, más del 70% de los 36 millones de colombianos vive en ciudades y el éxodo, que se inició a mediados de siglo por una combinación de violencia política y económica, que también es la base de las organizaciones alzadas en armas, persiste.

Lo que sí es evidente es que la guerrilla ejerce un poder real en una parte considerable del territorio. El ministro de Defensa, Fernando Botero, manifestó "preocupación" porque en los comicios municipales de octubre, con el "plan de control del poder local, el proselitismo armado e intimidación a candidatos de los partidos tradicionales", la guerrilla podría lograr "presencia importante, sea a través de la elección de alcaldes o de concejales propios", en 70 de los 250 municipios que influencia.

Hace medio siglo

En 1952, la revista Time registró el testimonio de un viajero que regresaba de Bogotá a Nueva York: "La muerte se ha convertido en algo común en Colombia. Se utilizan las palabras asesinato y crimen con una emoción no mayor de la que nosotros utilizamos para hablar de fríjoles, mantequilla y pan". El 10 de septiembre de ese año, el diario conservador El Colombiano, de Medellín editorializó: "Habrá suficiente odio en Colombia para los próximos 150 años". Entonces, éste era un país rural con 11 millones de habitantes en el que, según el historiador Antonio García, solamente uno de los Ejércitos guerrilleros contaba con 40.000 hombres. Eran labriegos liberales expulsados de sus parcelas, resistiendo las atrocidades del régimen conservador en la época que eufemísticamente se llama de La Violencia, que dejó un saldo de 200.000 muertos entre 1946 y 1965. La chusma, los bandoleros o los muchachos -denominaciones de la guerrilla, según los sentimientos que suscite-, se organizó en autodefensas que, poco a poco, se tornaron comunistas, hasta constituir los núcleos de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).A ellas se sumaron en los años sesenta, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) -uno de cuyos máximos comandantes es el ex sacerdote español Manuel Pérez-, que se benefició del triunfo de la revolución cubana, y el Ejército Popular de Liberación (EPL), de doctrina maoísta. La fiebre de irse al monte cundió en medio del fervor del movimiento estudiantil, las luchas campesinas por la toma de tierras y el reanimamiento del sindicalismo decapitado durante La Violencia.

Una década después, con consignas como "la revolución es una fiesta" y la teoría del sancocho nacional, en el que todo el mundo cabía, irrumpió el Movimiento 19 de Abril (M-19), el primero de origen netamente urbano, aunque después tuvo que replegarse al campo. También aparecieron grupos minoritarios y localizados como el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y el indigenista Quintin Lame. Todos estos y el grueso del EPL dejaron las armas y se reincorporaron a la vida civil como consecuencia de un proceso iniciado durante el Gobieno del conservador Belisario Betancur (1982-1986) y seguido, con fallidos acuerdos que dieron paso a la política de "pulso firme y mano tendida", aplicada por el liberal Virgilio Barco (1986-1990), quien firmó la paz con el M-19 y dejó abierta la dinámica de negociación que César Gaviria (1990-1994) remató en la primera etapa de su Gobierno, para completar unos 5.000 guerrilleros reincorporados a la vida civil entre 1990 y 1991.

Pero en diciembre de 1992 Gaviria dio un viraje y decretó "la guerra integral" contra los "perros rabiosos" de la Coordinadora Nacional Guerrillera (CNG) que se constituyó en 1987 como organismo de unidad de acción, en la que ahora confluyen FARC, ELN y un reducto del EPL. El endurecimiento de la política contrainsurgente se apoyó en la caracterización de su ministro de Defensa, Rafael Pardo, para quien la guerrilla "perdió sustancialmente el sentido político" y aunque cree que la motivación ideológica de sus orígenes "no está totalmente extinguida", tampoco le atribuye la capacidad de desestabilización que, en cambio, sí le reconoció, en su momento, al narcotráfico a través del cartel de Medellin.

A la orden del día

Hoy, 42 años después, el testimonio del viajero neoyorquino está vigente, violencia se escribe en minúsculas y, aunque el dato oficial de insurgentes mermó a 10.000 según el comandante del Ejército, Hernán José Guzmán, o "a menos de 8.000", según el ministro Botero, 40.000 sigue siendo un número cabalístico de la guerra prolongada; esa es la cifra de auxiliadores que le prestan apoyo logístico a la CNG, de acuerdo con un documento del Departamento Administrativo de Seguriad (DAS-Inteligencia) conocido en julio.Estas cuatro décadas de conflicto armado se inscriben en lo que el investigador social, Diego Pérez, describe como un régimen democrático que combina "legalidad y violencia" para sostener la hegemonía liberal-conservadora. En los últimos años a la guerrilla se han sumado más de 150 grupos paramilitares, tolerados o alentados desde las comandancias del Ejército, y financiados por terratenientes, ganaderos y narcotraficantes. A estas organizaciones le atribuye la izquierdista Unión Patriótica la operación de exterminio de 2.500 de sus dirigentes y militantes, desde que nació como alianza electoral entre el Partido Comunista y un ala de las FARC.

De tantas balas disparadas desde distintos flancos huyen diariamente 250 campesinos hacia los suburbios de las ciudades donde adolescentes, como Disyanira, desplazada de los Llanos del Casanare, le cuentan a sus vecinas que "es muy fácil distinguir a los guerrilleros de los soldados: los unos llevan botas de caucho y los otros de cuero".