El Tribunal Superior paraliza las obras de Sagunto a 15 días de su final

El Tribunal Superior de Justicia ordenó ayer la paralización de las obras del teatro romano de Sagunto. Los magistrados, sin embargo, desestimaron la petición de demolición a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto contra la sentencia que declara ilegales estas obras. Manuel Portaceli, uno de los autores del proyecto, criticó la "insensibiIidad" de los jueces y afirmó que la paralización pone en peligro parte de las ruinas. La paralización de las obras, que debían concluir en 15 días, costará más de 100 millones, según la Gene...

El Tribunal Superior de Justicia ordenó ayer la paralización de las obras del teatro romano de Sagunto. Los magistrados, sin embargo, desestimaron la petición de demolición a la espera de que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto contra la sentencia que declara ilegales estas obras. Manuel Portaceli, uno de los autores del proyecto, criticó la "insensibiIidad" de los jueces y afirmó que la paralización pone en peligro parte de las ruinas. La paralización de las obras, que debían concluir en 15 días, costará más de 100 millones, según la Generalitat.

La paralización, decidida por el pleno de la Sala de lo Contencioso-Administrativo -15 magistrados-, supone el segundo revés judicial para la Generalitat valenciana y el Ayuntamiento de Sagunto. El primero fue la declaración de ilegalidad de las obras, hecha pública por la misma sala a principios de mayo. Contra este fallo, ambas administraciones han presentado ante el Tribunal Supremo sendos recursos de casación que todavía no han sido resueltos.

Demolición

Paralelamente, el abogado y miembro del comité provincial del PP en Valencia, Juan Marco Molines, tras conseguir la declaración de ilegalidad de las obras, solicitó su paralización y la "subsiguiente" demolición. Contra esta petición alegaron, nuevamente, la Generalitat y el Ayuntamiento de Sagunto.El auto repasa, uno tras otro, los argumentos esgrimidos por ambas administraciones, aceptando únicamente un punto: "Respecto a la demolición, lo razonable es esperar a que el Supremo resuelva de forma definitiva, pues las decisiones de los tribunales tienen como última finalidad alcanzar la paz jurídica y no provocar hipotéticamente más daños que aquellos que se tratan de proteger, situación que se daría si se procediera a la demolición y, posteriormente, se estimara el recurso de casación".

Los magistrados destacan que la Generalitat se opuso "exclusivamente a la demolición y no a la paralización, por lo que cabría entender su conformidad con ésta". Lo mismo sucede, según los jueces, con el Ayuntamiento de Sagunto.

Tras este pescozón a los letrados de la Administración, el auto -"superando estas situaciones formales"- fundamenta la paralización en que se trata de un "derecho basado en el contenido de una sentencia". "Pero, además, desde la perspectiva de la protección del patrimonio, a la que obliga la ley, lo procedente es también que no continúen unas obras declaradas ilegales, pues ello se traduciría en unos daños a las mismas, tal vez irreversibles y, en todo caso, en un doble gasto, el de construcción y el de su consecuente demolición", añade el citado auto. Un informe del Servicio de Patrimonio Arqueológico presentado por la Generalitat en el proceso cifra en 109 millones de pesetas el coste de la paralización.