Alarma general

Las reacciones en contra del proyecto de ley del impuesto sobre el patrimonio han surgido en estos días desde prácticamente todos los sectores relacionados con el mundo del arte en España. La Academia de Bellas Artes de San Fernando ha enviado un documento a los ministros de Economía y Hacienda y de Cultura, en el que muestra su profunda preocupación por las consecuencias que podría tener la aplicación del artículo 18 de la nueva ley.Federico Sopeña, director de la Academia de San Fernando, suscribe esta serie de observaciones, en las que se explican las razones por las que esta ley será inapl...

Las reacciones en contra del proyecto de ley del impuesto sobre el patrimonio han surgido en estos días desde prácticamente todos los sectores relacionados con el mundo del arte en España. La Academia de Bellas Artes de San Fernando ha enviado un documento a los ministros de Economía y Hacienda y de Cultura, en el que muestra su profunda preocupación por las consecuencias que podría tener la aplicación del artículo 18 de la nueva ley.Federico Sopeña, director de la Academia de San Fernando, suscribe esta serie de observaciones, en las que se explican las razones por las que esta ley será inaplicable en la práctica, pero que, por otro lado, podría convertirse en una espada de Damocles sobre millones de españoles que tendrán algún objeto de arte que entra de lleno en las prescripciones de la ley. Según explica este documento, no existe precedente en la legislación comparada europea de una norma semejante.

Entre las consecuencias que podría tener la aplicación de ese artículo estarían un descenso notable del mercado del arte español; una tendencia por parte de los coleccionistas a adquirir obras de arte extranjeras o en el extranjero; la potenciación de un mercado clandestino de arte y un frenazo al coleccionismo. Esta situación pondría en una situación de ilegalidad inevitable a todos los coleccionistas y poseedores de bienes culturales en general, según explica el documento.

"Las normas suponen una contradicción con lo ordenado por la Constitución para promover el enriquecimiento y facilitar el acceso de todos a la cultura, y con el espíritu de la Ley del Patrimonio Histórico Español de 1985, y están en contradicción con los tratados internacionales y las recomendaciones del Consejo de Europa y la CE, y en ese sentido son contrarias también al artículo 10,2 de la Constitución", concluye Sopeña.

Los galeristas de arte han pedido al Gobierno que exima de esta contibución fiscal a los bienes culturales, para estímular su conservación y el enriquecimiento del patrimonio cultural. Anoche se volvieron a reunir para redactar un pronunciamiento más detallado.

La Cámara de Comercio e Industria de Madrid -entidad organizadora de la feria internacional de arte Arco- ha remitido también sendas cartas a los ministros de Economía y Hacienda y de Cultura, en las que solicita que se paralice el proyecto por los graves daños que producirá a la conservación del patrimonio cultural español.