La legalidad de las obras de la Sagrada Familia, puesta en duda
La Unidad Operativa del Patrimonio Monumental e Histórico del Ayuntamiento de Barcelona ha recibido instrucciones de investigar la validez actual de una licencia de obras concedida al templo de la Sagrada Familia en 1882, según informó ayer Joan Rovira, responsable del mencionado departamento municipal. Ni Rovira ni Amadeo Ferrer, director del servicio de control de la edificación, aclararon de qué autoridad municipal procedía la mencionada instrucción ni si se había tramitado antes o después de la manifestación contra las obras convocada por la revista Artics.
Fuentes del De...
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La Unidad Operativa del Patrimonio Monumental e Histórico del Ayuntamiento de Barcelona ha recibido instrucciones de investigar la validez actual de una licencia de obras concedida al templo de la Sagrada Familia en 1882, según informó ayer Joan Rovira, responsable del mencionado departamento municipal. Ni Rovira ni Amadeo Ferrer, director del servicio de control de la edificación, aclararon de qué autoridad municipal procedía la mencionada instrucción ni si se había tramitado antes o después de la manifestación contra las obras convocada por la revista Artics.
Fuentes del Departamento de Cultura, aseguraron que esta institución "no piensa intervenir" en la polémica. "Es una obra que se ha hecho sin la ayuda de las instituciones", subrayaron las mencionadas fuentes, "se hace porque lo quiere la ciudadanía y pensamos que es mejor no intervenir en ello para nada", concluyeron.
Rovira y Ferrer admitieron que, en contra de lo previsto en la normativa vigente para las obras que se realizan sin la preceptiva licencia, el Ayuntamiento no ha incoado ningún expediente para, una vez aclarado si se ajustan o no a la legalidad, detener los trabajos u otorgar el permiso. Ninguno de los dos pudo explicar por qué el Ayuntamiento no ha actuado en el caso de la Sagrada Familia, pero subrayaron que, por tratarse de un monumento calificado de interés nacional, cualquier licencia municipal de obras debería contar con el informe favorable de la Administración autonómica.