Cuatro cartas sin respuesta
La ley de Patrimonio, que entró en vigor el año pasado, establece que en las inversiones en obras públicas financiadas total o parcialmente por el Estado se debe emplear un 1% en el patrimonio afectado: en la documentación de ese patrimonio; en su traslado, si fuera necesario, o en la investigación de obras de arte de la zona.Los organismos públicos y los servicios y sociedades estatales que deban consignar el 1% a que se refiere el artículo 58 del Real Decreto 111/1986 efectuarán la comunicación al Comité de Inversiones Públicas o, en su caso, al Ministerio de Cultura. Cuando en el contrato n...
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La ley de Patrimonio, que entró en vigor el año pasado, establece que en las inversiones en obras públicas financiadas total o parcialmente por el Estado se debe emplear un 1% en el patrimonio afectado: en la documentación de ese patrimonio; en su traslado, si fuera necesario, o en la investigación de obras de arte de la zona.Los organismos públicos y los servicios y sociedades estatales que deban consignar el 1% a que se refiere el artículo 58 del Real Decreto 111/1986 efectuarán la comunicación al Comité de Inversiones Públicas o, en su caso, al Ministerio de Cultura. Cuando en el contrato no conste que ese 1% se ha invertido, se entenderá que se opta por su ingreso en el Tesoro público.
La Junta de Extremadura, a través de la Dirección General de Patrimonio, conoce muy bien este decreto. Son ya cuatro cartas las que ha mandado a la Dirección General de Obras Hidráulicas y al Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) para solicitar los 120 millones de pesetas, si es que el presupuesto inicial de la presa no ha superado esos 12.000 millones de pesetas que en un principio se pensaban invertir.
Sin respuesta
Como única respuesta por parte del CEHOPU han recibido una carta en la que se les comunica que el oficio pasa a la Dirección General del Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas.
De ese 1%, el 0,3% tendría que ser transferido por el Centro de Estudios Históricos de Obras Públicas y Urbanismo (CEHOPU) y el resto el Ministerio de Cultura, según declaró a este diario José Mañas, director del CEHOPU. Mañas añade que ese dinero debería entregarse en el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas, organismo autónomo del que depende su centro, y por el que pasan todos los gastos e ingresos, ambos pertenecientes al Ministerio de Obras Iblicas, del que es titular Javier Sáenz de Cosculluela.
"Es un tema muy reciente", comenta José Mañas, "que, de hecho, no se ha puesto en marcha. Al menos en lo que a nuestro 0,3% se refiere. Todo son noticias dispersas y aún no se sabe muy bien cómo funciona este asunto. Tengo noticias de que ese 0,3% se entregó en unas obras del puerto de Sevilla". En ninguna comunidad autónoma se ha entregado ese 1% para cuestiones de arqueología, tal y como salió a la luz en una reunión en el mes de junio en el Ministerio de Cultura.
En este sentido, Ángeles Querol se expresa tajantemente: "Realmente se invierte poco en arqueología para la cantidad de yacimientos que hay. Pero es absolutamente obligatorio que se dé ese 1%. Al quedar sellados por las aguas los yacimientos y no poder impedirlo, al no considerarse lo suficientemente significativos, hay que, al menos, documentarlos, o trasladarlos si fuera necesario. Son muchos los arqueólogos dispuestos a hacer el esfuerzo, pero el dinero tiene que ser ese 1% consignado por la ley".