Cuatro comunidades autónomas expresan conjuntamente su disconformidad con el proyecto de ley del Patrimonio

Representantes de las direcciones generales del Patrimonio Histórico-Artístico de Euskadi, Galicia, Islas Baleares y Cataluña -ninguna de ellas gobernada por los socialistas- se reunieron durante todo el día de ayer en Barcelona para analizar conjuntamente los aspectos considerados más conflictivos del proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español, en un intento de abrir una vía de diálogo con la Administración central sobre dicha ley. Los reunidos acordaron la redacción de un documento que refleje su disconformidad con la ley y que y presente una serie de alternativas a la misma. A la reun...

Representantes de las direcciones generales del Patrimonio Histórico-Artístico de Euskadi, Galicia, Islas Baleares y Cataluña -ninguna de ellas gobernada por los socialistas- se reunieron durante todo el día de ayer en Barcelona para analizar conjuntamente los aspectos considerados más conflictivos del proyecto de ley del Patrimonio Histórico Español, en un intento de abrir una vía de diálogo con la Administración central sobre dicha ley. Los reunidos acordaron la redacción de un documento que refleje su disconformidad con la ley y que y presente una serie de alternativas a la misma. A la reunión no asistió, pese a haber sido convocado, el representante de la Comunidad Autónoma Valenciana, que tiene un Gobierno socialista.

Tomás Llorens i Serra, director general del Patrimonio Artístico de la Generalitat valenciana, que según fuentes de la Generalitat de Cataluña ya había confirmado su asistencia y realizado reserva en un hotel de Barcelona, alegó una indisposición. Antoni Pladevall i Font, director general de Patrimonio Artístico de la Generalitat de Cataluña, y autor de la iniciativa de la reunión, se preguntó ayer en una conferencia e prensa convocada para explicar el alcance de la iniciativa, si la indisposición de Llorens i Serra no sería política y explicó que también habían habido contactos con la Comunidad Autónoma de Andalucía que, al parecer, declinó la oferta de que asistiera a la reunión.Pladevall manifestó en otro momento, sin embargo, que "reunir a los representantes de las 17 comunidades autónomas hubiera sido una empresa de demasiada envergadura" y que "nos hemos reunido las comunidades que tenemos una lengua diferente a la del Estado".

El documento redactado, en el que ayer se continuaba trabajando, y que fue calificado de "técnico", será enviado a los presidentes de las comunidades autónomas representadas y, posteriormente, al Ministerio de Cultura. No se especificó la forma en que el texto, que no será hecho público de momento, llegará a los otros gobiernos autónomos.

"Preocupación compartida"

El conseller de Cultura de la Generalitat, Joan Rigol, explicó que la reunión había sido convocada para reflexionar conjuntamente sobre la ley y confeccionar un texto alternativo". El conseller añadió que el encuentro supone "un intento de compartir con colegas de otras comunidades autónomas el criterio que yo mismo poseo y que he mostrado a través de conversaciones particulares al ministro de Cultura". Rigol señaló la existenc¡a de una "preocupación compartida por las comunidades autónomas" y de una unanimidad en la visión negativa de la ley.

A continuación, Pladevall resumió las críticas, en las que habían coincidido los representantes de las distintas comunidades. "Esperábamos una ley marco", explicó, "y nos hemos encontrado con una ley reglamentarista, que recorta competencias que ya habían sido asumidas seria y responsablemente por las comunidades". El hecho de que el Estadio "se arrogue" la declaración de Bienes de Interés Cultural (BIC); el sentido "excesivo" que se da en el proyecto de ley a la palabra expolio, cuando se afirma que el Estado tiene derecho a controlarlo; la inspección de los archivos traspasados, que el proyecto de ley concede al Estado; y el "insuficiente" tratamiento del tema museístico, fueron algunos puntos señalados. Pladevall recordó que Minoría Catalana, PNV y AP tienen presentadas enmiendas a la totalidad y que "si bien estamos en un momento de negpciación y de hecho ya se han admitido algunas correcciones al proyecto, si se viera al final que la ley supone un retroceso y una interpretación restrictiva de los derechos de las comunidades, presentaríamos recurso de inconstitucionalidad".

Raquel Casals García, directora general de Patrimonio Artístico de la Xunta de Galicia, se refirió a "'la regresión total" que supone la ley, "que aleja los problemas de los administrados" y señaló la necesidad de un consenso para que se nos escuche en Madrid".

El representante del Euskadi, Esteban Lozano, jefe de servicios administrativos de la dirección general del Patrimonio Histórico-Artístico, manifestó que "desde que apareció el proyecto, en abril, estamos muy preocupados. Pensamos que una ley así debería salir de las propias autonomías y no del Estado". Por su parte, Pedro Montaner i Alonso, director general de Patrimonio Artístico de Baleares, afirmó que "el documento ministerial debe ser estudiado y corregido".