La Junta Militar argentina devolverá sus derechos ciudadanos a 'Isabelita' Perón

La Junta Militar argentina estudiará hoy en su primera reunión del año la derogación de las sanciones políticas a funcionarios del anterior Gobierno constitucional, entre los que se encuentran la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita.

La denominada Acta de Responsabilidad Institucional, dictada en junio de 1976, fue aplicada por el Gobierno militar de hecho a 36 altos cargos de la antigua Administración peronista. Entre las personas sancionadas entonces se encontraban la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, el ex presidente Héctor Cámpora, fallecido...

La Junta Militar argentina estudiará hoy en su primera reunión del año la derogación de las sanciones políticas a funcionarios del anterior Gobierno constitucional, entre los que se encuentran la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, Isabelita.

La denominada Acta de Responsabilidad Institucional, dictada en junio de 1976, fue aplicada por el Gobierno militar de hecho a 36 altos cargos de la antigua Administración peronista. Entre las personas sancionadas entonces se encontraban la ex presidenta María Estela Martínez de Perón, el ex presidente Héctor Cámpora, fallecido en México, los ex ministro José López Rega y Jorge Taiana el sindicalista Julio Guillan, recientemente liberado y el dirigente Juan Manuel Abal Medina, exilado en México en estos momentos.

Desde el mismo momento en que la Junta Militar se concedió "la facultad y responsabilidad de considerar la conducta de aquellas personas que hayan ocasionado perjuicios a los superiores intereses de la nación", estableció el tipo de sanciones que les serían aplicadas. Las penas acarreaban la pérdida de los derechos políticos o gremiales, la pérdida de la ciudadanía a los argentinos naturalizados y la expulsión del país a los extranjeros, la inhabilitación para ejercer cargos y empleos públicos además de la detención sin recurso de amparo. Las normas del acta dieron origen a la denominada Comisión Nacional de Recuperación Patrimonial, cuyos discutibles dictámenes modificaron los títulos de propiedad de numerosos bienes.

La derogación de este instrumento de excepción que permite la rehabilitación y actuación política de todos los sancionados fue considerada como "un gesto de realismo" por fuentes militares, porque las Actas no sobrevivirían mucho tiempo después de la asunción del poder por un Gobierno legítimo.