Un borrador discutido

Matías Vallés, director general del Libro y de la Cinematografía, que asistió a la sesión más tormentosa del Congreso de Escritores de Sigüenza, la que discutía el pasado sábado por la tarde la alternativa al proyecto de ley de Propiedad Intelectual, confirmó en el transcurso de la misma las palabras del ministro de Cultura en el sentido de que lo que tiene en este momento el Ministerio es un borrador de anteproyecto, sujeto, por tanto, a posterior estudio y a las modificaciones pertinentes.Aseguró también el director general que se estudiará y hará lo posible porque representantes de las soci...

Matías Vallés, director general del Libro y de la Cinematografía, que asistió a la sesión más tormentosa del Congreso de Escritores de Sigüenza, la que discutía el pasado sábado por la tarde la alternativa al proyecto de ley de Propiedad Intelectual, confirmó en el transcurso de la misma las palabras del ministro de Cultura en el sentido de que lo que tiene en este momento el Ministerio es un borrador de anteproyecto, sujeto, por tanto, a posterior estudio y a las modificaciones pertinentes.Aseguró también el director general que se estudiará y hará lo posible porque representantes de las sociedades de autores estén presentes como técnicos en el tema, si bien aseguró que los cuatro juristas que han integrado la minicomisión redactora del borrador están especializados en el tema de la propiedad intelectual.

Este último era uno de los temas clave del congreso: conseguir la participación de la ACE en la redacción del proyecto de ley, junto con la negociación con el resto de los estamentos de la alternativa que fue aprobada en su última sesión.

Así pues, la ACE rechaza el borrador ministerial y propone que la ley recoja una serie de reivindicaciones de los escritores. En primer lugar, se opone a la reducción del tiempo de protección de los derechos de autor y, en relación con. esto, propone el dominio público pagante, y pide la creación de un organismo público encargado de velar por la integridad y fidelidad de la edición de las obras de dominio público.

En cuanto a la contratación, la alternativa de la ACE pide la imposición obligatoria de un contrato tipo en el que conste plazo de publicación, tirada, porcentaje, no inferior al 10%, del autor en el precio de tapa, destino, ámbito territorial e idiomas en que la obra se contrata, y, explícito, exclusividad del contrato.

Pide también la ACE la exclusión, con carácter general, de la posibilidad de transmisión intervivos del total de derechos de autor y que se establezca una regulación de la contratación que imponga el pago de un anticipo a la firma del contrato. Contrato que se extinguirá por incumplimiento de cualquiera de estas cuestiones, y particularmente si el editor no hace uso de su facultad de explotación en el plazo convenido, si no reedita ediciones agotadas, y en el caso de que la retribución pactada sea gravemente desproporcionada con los beneficios obtenidos por la explotación de la obra, previo intento de revisión.

Se añade a esto último la vieja reivindicación de un mecanismo de control de tirada, existente ya en la mayor parte de los países civilizados, y que, en el caso de España, y unido a la gestión organizada de la Sociedad General de Autores, resolvería algunos enojosos casos de algo cercano al fraude.