Falta transparencia en las relaciones España-Latinoamérica, según Natali

El Comité Económico y Social (CES), organismo consultivo de las Comunidades Económicas Europeas, examinó ayer, por segunda vez, el proyecto de dictamen sobre los aspectos agrícolas de la adhesión de España a la CEE. El documento, que puede ser aprobado definitivamente el próximo mes de septiembre y que representarla la primera toma de posición seria (aunque no vinculante) sobre la forma en la que, según los comunitarios, debe producirse la integración de la agricultura española, insiste en tres puntos: vino, aceite de oliva y países terceros de la cuenca del Mediterráneo.

Este último as...

El Comité Económico y Social (CES), organismo consultivo de las Comunidades Económicas Europeas, examinó ayer, por segunda vez, el proyecto de dictamen sobre los aspectos agrícolas de la adhesión de España a la CEE. El documento, que puede ser aprobado definitivamente el próximo mes de septiembre y que representarla la primera toma de posición seria (aunque no vinculante) sobre la forma en la que, según los comunitarios, debe producirse la integración de la agricultura española, insiste en tres puntos: vino, aceite de oliva y países terceros de la cuenca del Mediterráneo.

Este último aspecto, es decir, la exigencia de la CEE de que la futura adhesión de España no perjudique las corrientes actuales de exportación de países como Marruecos, Túnez, Israel o Malta, se configura ya como uno de los puntos más conflictivos de la futura negociación. Ayer mismo, el vicepresidente de la Comisión Europea, Lorenzo Natali, en un almuerzo ofrecido a los representantes de las dieciocho asociaciones socio-profesionales agrícolas españolas que asisten a la reunión del CES, volvió a insistir en este extremo, en términos que varios de los asistentes calificaron de duros. Según las mismas fuentes, Natal¡ se quejó también de la falta de transparencia por parte de España en sus relaciones con países de América Latina. Los expertos de la Comisión, al parecer, han reclamado repetidamente precisiones sobre los acuerdos en vigor, sin que Madrid haya definido aún su posición.El documento del CES ha recogido en su nueva redacción algunas de las enmiendas que presentaron los representantes españoles durante la primera reunión conjunta, celebrada en enero en Madrid, pero se trata generalmente de precisiones sin gran contenido.

El proyecto de dictamen señala que la adhesión de España puede poner en grave riesgo las exportaciones de terceros países mediterráneos, especialmente en cuanto a tomates, vino y aceite de oliva. Según datos comunitarios, bastaría que España dirigiera hacia el mercado de los diez la parte de las exportaciones de tomates que no dirige actualmente hacia la CEE -es decir, sólo un 15%- para que resultara afectado un 40% de las exportaciones globales de estos países. La CES se muestra partidaria de profundizar la actual política comunitaria para el Mediterráneo, que permite, por otra parte, colocar en el mercado de estos países productos industriales como excedentes agrícolas.

El documento reconoce de pasada los problemas que la adhesión va a causar a la ganadería y a la producción lechera españolas, pero se detiene con mucho más detalle en los problemas que causará en el mercado comunitario la producción española de aceite de oliva y de vino. En cuanto a este último, insiste en la necesidad de prohibir la mezcla de blanco y tinto, que actualmente está muy extendida en España, sin recoger la petición española de que se desautorice también la adición de azúcar, práctica extendida en Francia y que permite la existencia de viñedos en zonas teóricamente no aptas para ellos.

La CES propone el fortalecimiento de la destilación preventiva, susceptible de ser puesta en aplicación al principio de la campana.

En lo relativo al aceite de oliva, los técnicos comunitarios siguen manteniendo q ue, si la adhesión se realiza de acuerdo con los actuales reglamentos, la CEE tendría que destinar cada año más de 650 millones de unidades de cuenta, es decir, más de 65.000 millones de pesetas, a sufragar la producción española. Para evitarlo, sugieren una tasa sobre las materias grasas, que permita reducir la diferencia de precio entre el aceite de oliva y otros aceites vegetales. Pero también pide que el Gobierno español planee programas de incitación al arranque de olivos en zonas donde sea posible una reconversión hacia otros cultivos.