La Comisión de la Dignidad irá a la justicia si no se devuelven todos los documentos requisados en 1939 por tropas franquistas

El 28 de enero de 1939, dos días después de la entrada victoriosa en Barcelona de las tropas franquistas, comenzaron los registros y la incautación de documentos. La primera intervención fue en la Comisaría de Fronteras y Puertos situada en el número 85 del céntrico Paseo de Gràcia. Se llevaron, según consta en el Acta de Entrada y Registro (cuyo papel todavía llevaba la fecha impresa del año anterior de 1938 y conserva el número de orden 00001) toda la documentación que encontraron, 10 aparatos de radio, cuatro de ellos averiados, una gramola, una máquina fotográfica y dos máquinas de escribi...

El 28 de enero de 1939, dos días después de la entrada victoriosa en Barcelona de las tropas franquistas, comenzaron los registros y la incautación de documentos. La primera intervención fue en la Comisaría de Fronteras y Puertos situada en el número 85 del céntrico Paseo de Gràcia. Se llevaron, según consta en el Acta de Entrada y Registro (cuyo papel todavía llevaba la fecha impresa del año anterior de 1938 y conserva el número de orden 00001) toda la documentación que encontraron, 10 aparatos de radio, cuatro de ellos averiados, una gramola, una máquina fotográfica y dos máquinas de escribir, una Underwood y una Royal. Este martes, 81 años después de esa acción y 82 de las primeras incautaciones en territorio catalán, la Comisión de la Dignidad ha vuelto a estas oficinas (ocupadas hoy por una lujosa marca de ropa y complementos) para denunciar que el proceso de restitución de este y todo el material incautado en 1.800 registros realizados en toda la ciudad —150 toneladas de papel en 3.500 sacas que viajaron entre junio de 1939 y febrero de 1940 a Salamanca—, no ha concluido.

El abogado Pep Cruanyes, coordinador de la Comisión de la Dignidad, que reclama la devolución de los llamados papeles de Salamanca desde hace 19 años, ha explicado que coincidiendo con esta conmemoración se han enviado dos requerimientos este lunes previos a interponer acciones judiciales. Uno de inactividad al Ministerio de Cultura por incumplimiento de la sentencia dictada por el Tribunal Supremo del 11 de junio de 2019, “por haber transcurrido 19 meses desde que fue dictada en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica de noviembre de 2005 que reconocía el derecho a la recuperación”, explica Cruanyes. El experto asegura que, pese a que los documentos a retornar han sido validados por diferentes comisiones durante el mandado de la ministra González Sinde y el ministro Wert, no han sido restituidos a la Generalitat, encargada de hacerlos llegar a sus dueños legítimos o a sus herederos.

La documentación retenida se calcula en un total de 23.101 folios que afectan a 76 empresas y particulares y 10 partidos y sindicatos. También hay que sumar la documentación perteneciente a 43 Ayuntamientos catalanes que se conservan en Salamanca y que se reclaman a partir de 2014 acogiéndose a la misma ley de 2005. “Se asegura que no se devuelven porque no existen descendientes, pero si se analizan uno a uno se ve que si es posible devolverlos en su gran mayoría”, puntualiza Cruanyes. En este sentido, Cruanyes asegura que ya se ha entregado a sus dueños más del 95% de la documentación devuelta: 1.674 cajas con unos 740.000 documentos, 938 libros, 10 carteles, 3 mapas y 4 banderas.

El segundo requerimiento es al Ministerio de Defensa, recordando que en el decreto de restitución de la Generalitat de 1977 se recogía el “derecho a la restitución de su memoria histórica y de su archivo institucional”. Cruanyes denuncia también que tanto la documentación de la Generalitat como la del Gobierno Vasco que aparecía en el Archivo General como “botín de guerra tomado de la llamada ‘Zona Roja’, ahora aparece como de ‘Instituciones de la administración territorial’, como si los documentos de estos gobiernos fuesen administraciones territoriales de Defensa. Es solo un eufemismo que no oculta el origen de la documentación requisada al enemigo vencido”, prosigue. “Mantener este botín de guerra es una anormalidad que no se puede permitir en un estado democrático, 43 años después de restituir el gobierno de Cataluña”, remacha.

Esta es una documentación que por haberse localizado con posterioridad, en 2015, no quedó recogida en los acuerdos por la aplicación de la Ley de 2005. Está depositada en el Archivo Militar de Ávila del Ministerio de Defensa y es una documentación que el Gobierno catalán se llevó camino del exilio francés. Ante el peligro de una ocupación nazi, el expresidente Josep Tarradellas escondió una parte que luego, en 1980, depositó en el fondo Tarradellas del Archivo de Poblet. El resto fue incautado por las tropas nazis de la Gestapo tras la toma de París en 1940 y entregado a las autoridades franquistas. Una vez en Madrid fue depositado en el Servicio Histórico Militar, y en 1993 en el Archivo Militar de Ávila. “La memoria es reparación, justicia y verdad. El Estado al esconder la verdad de los expolios hechos como botín de guerra banaliza el franquismo”, ha concluido.