El Parlamento Europeo avala flexibilizar las exigencias ambientales para las renovables

A la necesidad de combatir el cambio climático, que ocupa un lugar prominente en las políticas de la Unión Europea, se le ha unido la urgencia que tiene la economía comunitaria por desengancharse de los combustibles rusos. En ambos casos la solución que se ha trazado es clara: la implantación rápida y masiva de ...

A la necesidad de combatir el cambio climático, que ocupa un lugar prominente en las políticas de la Unión Europea, se le ha unido la urgencia que tiene la economía comunitaria por desengancharse de los combustibles rusos. En ambos casos la solución que se ha trazado es clara: la implantación rápida y masiva de las energías renovables para poder dejar atrás el carbón, el gas y el petróleo, principales responsables del calentamiento global. Pero los problemas están surgiendo a la hora de poner en práctica esta teoría, es decir, cuándo se deben poner en marcha los proyectos de renovables. El bloqueo no es por razones tecnológicas o de costes —ya están en su madurez y son la fuente más barata de electricidad—, sino por el atasco burocrático y en algunos casos por la oposición de algunas administraciones y colectivos a las plantas solares y eólicas.

En aras de una mayor agilidad, el Parlamento Europeo ha avalado este miércoles la propuesta de la Comisión Europea de simplificación de estos trámites; incluyendo, eso sí, algunas salvaguardas concretas en áreas protegidas de la Red Natura 2000, el sistema comunitario de preservación de las zonas que tienen un mayor interés medioambiental. El Ejecutivo comunitario, ahora con el respaldo de la Eurocámara, busca así flexibilizar la tramitación de algunos proyectos a costa de simplificar los permisos medioambientales, algo que ha puesto en alerta a los grupos ecologistas.

El visto bueno del Parlamento Europeo es un paso importante en una negociación trilateral —la tercera pata son los Gobiernos— que, si no hay contratiempos, concluirá en el primer trimestre del año que viene. La propuesta de partida la lanzó en noviembre la Comisión Europea, este miércoles la Eurocámara —la única institución comunitaria elegida directamente por la ciudadanía— ha fijado su posición, y todavía falta que hagan lo mismo los Veintisiete en su órgano de representación: el Consejo Europeo. Esa negociación se deberá cerrar más adelante, alumbrando el texto definitivo que busca romper el bloqueo burocrático con el que se encuentran algunos proyectos y que ha encendido las alarmas en muchos grupos ambientalistas.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, las cinco principales organizaciones conservacionistas con presencia en España, rechazan que con “la excusa de acelerar el despliegue en la energía renovable, se modifiquen las directivas claves para la conservación de la naturaleza”. “Es imprescindible que las políticas de lucha contra el cambio climático y de pérdida de biodiversidad vayan de la mano”, advierten.

Uno de los puntos más controvertidos —y que ha recibido el visto bueno del Parlamento este miércoles— es la consideración de todos los proyectos de instalación de renovables como “de interés público superior”, lo que permite esquivar parte de la tramitación ambiental y beneficiarse “de una evaluación simplificada”. Aunque se establece que esa declaración de interés público superior no se puede conceder “cuando existan pruebas claras de que estos proyectos tienen efectos adversos importantes sobre el medio ambiente que no pueden mitigarse o compensarse”, existe un riesgo de que se caiga en la “manga ancha”, según advierte el parlamentario español Nicolás González Casares.

La propuesta de la Comisión tiene, a juicio del eurodiputado socialdemócrata, algunos puntos positivos, como la aceleración de la tramitación para el autoconsumo (se aplicará la máxima del silencio administrativo positivo cuando los Ayuntamientos o las regiones se demoren en dar su visto bueno a una instalación de este tipo), la llamada repotenciación de aerogeneradores (que permite a los parques eólicos más antiguos elevar su generación sin ocupar más terreno), la obligación de que los Estados cuenten con una zonificación para desarrollar los proyectos y el impulso que se le quiere dar en general a las energías limpias. Los temores, sin embargo, se centran en la rebaja de la tramitación ambiental para agilizar los parques solares y eólicos.

Líneas rojas

“Se ha de mantener la protección de la biodiversidad que dan las directivas”, explicaba este lunes la vicepresidenta tercera del Gobierno español y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera. Una de las líneas rojas que marcaba eran, precisamente, los espacios incluidos en la Red Natura 2000, el sistema europeo de áreas de conservación de la biodiversidad. “Es verdad que tenemos que contar con un sistema ágil, que nos permita ponderar un impulso a las renovables de una manera sencilla, pero manteniendo una protección ambiental en aquellos espacios que han merecido esa calificación”.

La propuesta del Ejecutivo comunitario establecía que los proyectos de renovables no podrán considerarse “de interés público superior” cuando estén dentro de la Red Natura, “a excepción de las superficies artificiales y construidas situadas en esas zonas, como los tejados, las zonas de estacionamiento o las infraestructuras de transporte”. Sin embargo, una enmienda presentada por los populares europeos sí abría la puerta a saltarse este veto si se adoptaban “medidas apropiadas de mitigación y de potenciación de la biodiversidad”. Finalmente, esa enmienda no ha salido adelante gracias los votos de Los Verdes y los socialistas.

Lo que no se ha conseguido es que el Parlamento apruebe que la consideración de “interés público superior” de todos los proyectos de renovables sea solo para el periodo comprendido hasta 2030: se ha terminado avalando la propuesta de la Comisión europea, que sostiene que esta consideración, que permite una tramitación más rápida, sea hasta que se logre “la neutralidad climática”, algo que —a tenor de los planes de la UE— ocurrirá en el ecuador de este siglo.

Una vez que se apruebe la reforma de las directivas europeas de renovables, los Estados tendrían tres meses para adaptar sus legislaciones nacionales para declarar los proyectos de “interés público superior”, según lo propuesto por la Comisión y lo aprobado este miércoles en Estrasburgo.

Zonificación

Aún falta, no obstante, que los Gobiernos de los Veintisiete terminen de fijar su posición. Y ahí, como casi siempre, hay tantas sensibilidades como número de países. Algunos abogan abiertamente por tener más libertad a la hora de seleccionar las zonas en las que se instalarán los proyectos de renovables.

“Se está trabajando en un cambio importante para identificar aquellas áreas en las que la implantación se tramita a través de un procedimiento mucho más expeditivo”, abundaba esta semana Ribera. “Es una buena idea, pero hay que terminar de definir los términos en los que esto se produce y, en su caso, la forma cómo participan las entidades locales y las comunidades autónomas”, añadía Ribera.

En el texto de la Comisión avalado este miércoles por el Europarlamento, esas áreas se denominan zonas propicias o de aceleración para las renovables y deben ser designadas por cada Estado. Los proyectos que se desarrollen dentro de esas áreas terrestres y marinas estarán exentos de tener que tramitar la evaluación de impacto ambiental, con lo que se acortan los trámites considerablemente. La propuesta de Bruselas establecía explícitamente que las centrales de biomasa no podrían beneficiarse de las ventajas de estar en las zonas propicias, pero en la votación de Estrasburgo ha salido adelante una enmienda que abre la puerta a esta tecnología, cuestionada ahora por la Comisión.

La propuesta que sale del Parlamento establece también que en las áreas de aceleración de las renovables el plazo máximo para aprobar nuevas instalaciones será de nueve meses (frente a los 12 que propone la Comisión). Y si la autoridad competente no responde en el plazo establecido, el permiso o solicitud se consideraría aprobado, siguiendo el principio del silencio positivo. Fuera de esas áreas, el proceso no debería exceder los 18 meses, frente a los dos años de la propuesta de Bruselas.

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