Hacer las cosas bien

El Gabinete anunciado por José Antonio Kast ha sido leído como una señal de moderación. Un elenco atento a la gestión, sin recurrir a épicas grandilocuentes, por ahora más volcado a la buena administración que a la confrontación. Esa lectura no es errónea, pero resulta incompleta si no se la inscribe en un contexto más amplio: el de un país que comienza un nuevo ciclo político en un mundo que ha dejado de ofrecer certezas, reglas compartidas o causas universales capaces de ordenar la acción colectiva.

Chile ya no actúa —si es que alguna vez lo hizo— en el marco de un orden internacional basado en normas, consensos y buenas intenciones. Gobierna en un escenario dominado por intereses geoestratégicos explícitos, disputas por recursos críticos y una lógica de fuerza que se impone sin demasiados disfraces. En ese mundo, las afinidades ideológicas pesan menos que los intereses nacionales, y la retórica moral suele ceder frente al cálculo frío.

De ahí que la política exterior que se avizora no deba leerse en clave de simpatías o rechazos doctrinarios, sino como un ejercicio de realismo. Chile no puede darse el lujo de actuar como juez moral ni como alumno ejemplar. Debe actuar como un país pequeño, abierto y vulnerable, que cuida sus márgenes de maniobra. Esto exige prudencia frente a Estados Unidos, cautela frente a China y una lectura atenta de los movimientos regionales.

En este escenario de incertidumbre y reordenamiento estratégico, la relación con China añade posee una especial complejidad. Un alineamiento incondicional con Estados Unidos —a la manera de la Argentina de Milei— no es opción para Chile. China representa hoy, con holgura, el principal destino de las exportaciones chilenas, muy por encima de Estados Unidos. Ignorar esa asimetría sería confundir afinidad ideológica con realidad económica.

Ese mismo realismo aconseja una inclinación sostenida hacia América Latina. No hacia sus grandes relatos ni hacia sus causas universales, sino hacia sus realidades concretas: Perú, Bolivia, Brasil, las provincias mineras del noroeste argentino. Menos foros globales, menos hoteles de lujo y viajes en clase ejecutiva a Washington o Londres; más presencia en capitales modestas, cancillerías vetustas, cámaras empresariales locales, universidades y gobiernos subnacionales.

Esta mirada regional conecta, además, con una definición estratégica hacia las Fuerzas Armadas. En un entorno internacional crecientemente hostil, su rol esencial —defensa, disuasión y soberanía— se vuelve más relevante que en décadas. De ahí el riesgo de involucrarlas en exceso en tareas internas de seguridad, con los costos ya conocidos: desgaste, desprofesionalización y, en el peor de los casos, captura por redes del crimen organizado.

En el plano interno, el principal desafío no es menor: gobernar sin una coalición orgánica fuerte, sin mayorías parlamentarias y con múltiples oposiciones cruzadas. El Congreso será, inevitablemente, un campo minado. Lidiar con él requerirá una maestría política que hoy no se advierte en el gabinete, aunque sí en algunas figuras del Parlamento, como el senador Squella.

Este punto conecta con una advertencia mayor: imaginar que la coordinación y orientación del gabinete se logrará a través del equipo presidencial es una señal preocupante de desinstitucionalización. La historia política chilena muestra que cuando el poder se desplaza hacia círculos informales, los desarreglos no tardan en aparecer. Si el presidente carece de experiencia ejecutiva, la respuesta no debiera ser multiplicar asesores, sino empoderar ministros. Darles margen, autoridad y respaldo político.

A esta altura conviene detenerse en una convicción que atraviesa el proyecto en ciernes y que el propio presidente electo ha reiterado como un mantra: la idea de que gobernar consiste, ante todo, en “hacer las cosas bien”, y que los problemas del país provienen justamente de no haberlas hecho bien. La fórmula es tranquilizadora, casi incontestable. ¿Quién podría oponerse a ella?

Pero su aparente neutralidad es engañosa. Al reducir los extravíos del país a una suma de malas ejecuciones, introduce una descalificación implícita de los gobiernos anteriores, difícil de impugnar porque se presenta como sentido común y no como juicio político.

Hay luego un desplazamiento más delicado: cuando el acento se pone exclusivamente en la corrección del hacer, la eficiencia tiende a autonomizarse y a operar como criterio suficiente, desplazando la pregunta por los fines, por sus costos y por sus consecuencias. Se puede gobernar con orden, prolijidad y disciplina, y aun así errar —política o moralmente—, cumpliendo procedimientos mientras se elude toda responsabilidad por lo que esos procedimientos producen. En ese punto, la eficiencia deja de ser una virtud instrumental y comienza a operar como coartada.

Aplicada al proyecto Kast, y escudándose en las urgencias de la “emergencia”, esa dimensión aparece todavía poco elaborada. Hay un énfasis claro en la gestión, en la corrección administrativa y en la promesa de orden. Pero permanece abierta la pregunta decisiva: ¿orden para qué?, ¿eficiencia al servicio de qué horizonte?, ¿estabilidad con qué renuncias? Sin una reflexión explícita sobre estos puntos, el riesgo es que la política se reduzca a una técnica de mantenimiento: eficaz en el corto plazo, pero frágil frente a las tensiones que inevitablemente emergerán.

El desafío del Gobierno que comienza es, entonces, doble. Hacia afuera, resistir la tentación de las alineaciones ideológicas fáciles y asumir, sin complejos, una política exterior guiada por intereses estratégicos, aunque ello implique tomar distancia de viejos amigos y acercarse a actores antes mirados con desdén o desconfianza. Hacia adentro, admitir que la corrección administrativa —y la invocación permanente de la emergencia— no reemplaza la reflexión sobre fines, prioridades y costos. La eficiencia puede ser una virtud indispensable; pero sin un relato que la trascienda, corre el riesgo de devorarse a quien la invoca.