Menos recursos y más requisitos: las obras de infraestructura buscan oxígeno en el dinero privado

¿Cómo hacer para que la infraestructura de un país funcione para los ciudadanos? Esta es la pregunta recurrente que surge entre ejecutivos de constructoras y empresas de tecnología, consultores de negocios, analistas y banqueros esta semana. Reunidos en un hotel de la Ciudad de Panamá en un evento para promover la figura de la asociación publico-privada, las empresas se están topando con Gobiernos con menos recursos y, por lo tanto, mayores requisitos para invertir.

América Latina es la región con mayor participación del sector privado en infraestructura entre economías en desarrollo, de acuerdo con datos del Banco Mundial. Entre 1990 y la primera mitad de 2022, unos 2.400 proyectos con participación de privados lograron pactar financiamiento. Durante el mismo período, la inversión total en proyectos de infraestructura con participación del sector privado sumó más de 740.000 millones de dólares. Los sectores que han concentrado la mayor parte de esta inversión son la energía eléctrica y carreteras.

“Garantizar que los intereses de los usuarios de los servicios sean atendidos parece obvio, pero en realidad tiene consecuencias muy grandes en la manera como se abordan los proyectos”, explicó Marcos Siqueira, especialista en asociaciones público-privadas en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), organización anfitriona del evento. A partir de las crisis económicas de los ochentas y noventas en América Latina, los Gobiernos recurrieron a las concesiones y contratos con privados como una manera de generar recursos para la inversión. Este fue un modelo exitoso que resolvió un problema pero generó otro, aseguró Siqueira.

“En la medida en que se solucionó el volumen de inversión, el diagnóstico ahora es: tenemos la carretera, pero ¿es la mejor carretera posible? La respuesta es que no”, dijo Siqueira. “Importa que se haga esta pregunta porque garantiza que se tomen las decisiones sobre qué tipo de proyecto hacer y de qué manera. Cómo se construye la carretera, un hospital o la escuela para que atienda a los intereses de los usuarios desde las fases más tempranas de planeación, diseño y estructuración de incentivos”, agregó el especialista.

Esta es una tendencia similar a la que han venido promoviendo las organizaciones internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OECD) en torno a las transferencias monetarias directas a la población. Lo que las organizaciones recomiendan es focalizar y pulir los criterios para transferir la asistencia, de manera que llegue a quienes más lo necesitan y no se desperdicie el presupuesto. De la misma manera, el BID propone diseñar licitaciones para proyectos públicos considerando necesidades concretas de la comunidad local para que no sólo sean atractivos para las empresas privadas, sino que también tengan un impacto social positivo.

Esto se traduce a licitaciones mucho más complejas y sofisticadas, aseguró Siqueira. Un ejemplo fue una solicitud de propuestas para la construcción de un hospital que emitió el BID de más de 8.000 páginas y dos años de trabajo. No solo se trata de construir un hospital, sino de aprovechar la construcción para avanzar en otros temas también, como la contención del cambio climático y la digitalización de servicios en la comunidad, por ejemplo.

Es un buen momento para ser exigente con los proyectos y cuidadoso con los recursos. En un panel en el mismo evento, el secretario del Programa de Sociedades de Inversión del Gobierno de Brasil, Marcus Cavalcanti, expresó su frustración con el clima financiero que complica la inversión pública. El Ministerio de Transportes este año tenía 9.000 millones de dólares de presupuesto, informó el funcionario y el presidente Luiz Inacio Lula da Silva, antes de asumir su cargo, logró negociar con el Congreso un proyecto de enmienda a la Constitución que agregó otros 12.000 millones de dólares.

“Pero son valores pequeños para una realidad como la brasileña”, dijo Cavalcanti, país de 214 millones de habitantey necesitado de 60.000 kilómetros de carreteras. “Dentro del Gobierno Federal estamos incentivando muchas asociaciones público-privadas, creando mecanismos”, compartió el funcionario en el escenario, “estamos bajando impuestos en operaciones financieras, bajando los costos de operación, mejorando la legislación de la deuda libre de colateral y redujimos los impuestos cuando se trata de una inversión social”.

Los bancos centrales de la región ya sopesan una reducción en las tasas de interés, mismas que han estado subiendo en los últimos dos años para contener la espiral inflacionaria que vivieron muchos países después de la pandemia de la covid-19. Pero la reducción de las tasas será lenta y gradual, para no generar inestabilidad en el sistema financiero global. “Quizás los presentes que no son brasileños no lo sepan pero en Brasil la tasa de interés es de 13,75%”, afirmó Cavalcanti, “son los intereses más caros del mundo. Invertir en infraestructura a esa tasa es absurdo”.