Honduras recibe dividida la liberación de Juan Orlando Hernández

Omar es propietario de una pequeña flota de automóviles en Tegucigalpa, trabaja como conductor y tiene bajo su dirección a otros chóferes. Su pequeña empresa se mantiene con vida pese a la amenaza constante que representan las pandillas y redes del crimen organizado que desarrollan sus negocios ilegales en Honduras, un país hundido en la violencia. “Tengo que pagar extorsiones”, dice. “Si no, no puedo trabajar”. Se refiere a las llamadas que recibe periódicamente y que exigen el pago de cuotas con amenazas. Este hombre robusto apoya al conservador Partido Nacional y no esconde su simpatía con el expresidente Juan Orlando Hernández, liberado por un indulto de Donald Trump tras haber sido condenado a 45 años de cárcel por sus vínculos con el narcotráfico. La razón del apoyo de Omar es sencilla: dice que bajo el Gobierno de Hernández se sentía más seguro. Su respaldo es una muestra de cómo este país recibe divido la liberación de un mandatario que es señalado también de enormes actos de corrupción.

“Ahora solo tengo que pagarle a un grupo criminal”, dice resignado Omar. “Antes me llamaban hasta tres, pero eso se redujo con la mano dura de Juan Orlando. Secuestraban a compañeros conductores y exigían recompensas por liberarlos. Mataron a varios. Una vez nos llamaron pidiendo 100.000 lempiras (cerca de 4.000 dólares) para liberar a uno de nuestros compañeros. Amenazaban con cortarle un dedo o la mano. Reunimos 25.000 lempiras y pagamos”, recuerda. Dice que, con el actual Gobierno de Xiomara Castro, ha vuelto la sensación de miedo, por lo que, para él, la de Hernández no fue una mala administración. No le perdona, sin embargo, los casos de corrupción y menos haberse reelegido violentando la Constitución, que prohíbe categóricamente la reelección, pero asegura que Hernández fue víctima de una persecución política.

Así ha cambiado el panorama en Honduras en cuatro años desde el arresto del político. La gente votó masivamente en las elecciones de 2022 contra el Partido Nacional, en una clara muestra del hartazgo por la corrupción y lo que aquí llamaban el “narcoestado”, porque los críticos de Hernández aseguran que parte del poder de su Gobierno descansaba en pactos con narcotraficantes. En Honduras, mientras tanto, aumentaba el descontento de la gente por los escándalos de corrupción durante su mandato. Uno de los casos más sonados fue el desfalco al instituto de seguridad social por más de 200 millones de dólares. Investigaciones periodísticas revelaron que parte de ese dinero sirvió para financiar a la campaña electoral del Partido Nacional.

“El indulto no quita las acusaciones por narcotráfico, usar el Estado para negocios de crimen organizado y paso de drogas, compra de armas. El indulto no le quita lo que políticamente representó en términos estatales, en términos de privatización, represión, militarización”, explica Lucía Vijil, del Centro de Estudios Para la Democracia (Cespad), una organización progresista que fiscaliza el poder en Honduras. “En la memoria histórica de este país, Hernández representa lo negativo, los intereses empresariales y del crimen organizado”, agrega.

En el espectro político, la división es más latente. El llamado voto duro del Partido Nacional (organización que a lo largo de la historia política del país ha compartido el poder con el Partido Liberal) apoya a Hernández, a tal punto que su esposa, Ana García, participó en las primarias de esa organización política y logró el 20% del respaldo partidario.

En Honduras, la política siempre ha estado controlada por familias, como lo muestra el Gobierno actual de Xiomara Castro, de izquierdas: su esposo, el expresidente Manuel Zelaya, es asesor presidencial, su hijo Héctor es secretario privado; otro hijo, José Manuel, es ministro de Defensa, y su cuñado, Carlos Zelaya, es secretario del Congreso.

El candidato nacionalista en la actual contienda electoral, Nasry Asfura, justificó el indulto a Hernández en un guiño a ese voto duro. “Para la familia, el indulto deja atrás sus tristezas y les permite recuperar la tranquilidad y la felicidad que se merecen”, dijo el político.

Zelaya, por su parte, criticó la interferencia de Trump en la elección y lo llamó un “golpe electoral” contra la candidata del partido oficialista Libre, Rixi Moncada. “Recurren a la injerencia porque no pueden ganar limpiamente. La maniobra es burda: una descarada, amenazante, injusta e infame intervención extranjera para torcer la voluntad popular”, escribió Zelaya en la red social X. “Cometen el mismo error de siempre: Subestimar al pueblo hondureño y nuestra capacidad de lucha. Señor Donald Trump, a nosotros no nos intimida, hemos resistido golpes de Estado, fraudes monumentales, asesinatos políticos y persecución. Si sobrevivimos a la narcodictadura, ¿cree usted que nos va a doblar un tuit suyo?“, cuestionó el mandatario, en referencia al golpe de Estado que en 2009 lo destituyó del cargo.

El partido de Zelaya, Libre, surgió de los movimientos populares que tomaron auge tras aquel golpe, entre ellos el Frente Nacional de Resistencia Popular (FNRP). Su humillante derrota en la elección del domingo (solo logró el 19% del voto) se ve como un castigo del electorado que lo apoyó en 2022 con la esperanza de un cambio. “No confrontó a fondo las estructuras de poder que dominan el país, a lo que se suma el distanciamiento del trabajo popular y la ineficiencia de algunos funcionarios del Estado, quienes dejaron de lado el compromiso social para priorizar intereses personales”, explican desde el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copihn), organización a la que pertenecía la activista Berta Cáceres, asesinada en 2016, durante el Gobierno de Hernández.

Entre los condenados por ese crimen están los tres sicarios que dispararon contra la ambientalista, tres exmilitares y dos trabajadores vinculados a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (Desa), que construiría la presa hidroeléctrica a la que la ecologista se oponía.

“El hondureño no tiene memoria histórica”, critica la analista Vijil. “Pareciera que no hay un entendimiento de lo que implicó el entramado de corrupción y narcotráfico en todas las instituciones del Estado y las consecuencias que ha tenido”, agrega. “Pero el hondureño confía mucho en Estados Unidos y lo tiene como referencia en términos del país al que aspiramos ser”, afirma.

Lo que queda claro es que Hernández sigue siendo una figura de peso en Honduras, como lo muestran opiniones como la del pequeño empresario Omar, dispuesto a perdonarle, a pesar de las acusaciones y condenas judiciales en su contra. “Tiene liderazgo en las filas del Partido Nacional y podría ser un candidato de oposición, porque logró configurar, pensar y rediseñar el Estado para cumplir sus intereses”, critica Vijil. “Lo que está pasando en Honduras es una decepción en términos de justicia”, dice, “pero nos toca esperar a ver cuál será la verdadera reacción de la gente si Hernández pone un pie en Honduras”.