El ocaso de la COB, la central obrera perseguida por la dictadura y pilar del MAS en Bolivia

La Central Obrera Boliviana (COB) ha cerrado una fase histórica de más de 70 años como motor de las luchas sociales en su país con la detención, el martes, de quien fuera su máxima autoridad hasta 2025, Juan Carlos Huarachi, investigado por enriquecimiento ilícito, uso indebido de influencias y concusión. El ahora exsecretario ejecutivo de la organización estuvo rodeado de polémica desde su nombramiento en 2018: era común verlo vestido con su casco de minero cerca de los presidentes de turno, primero Evo Morales, luego Luis Arce y hasta con Jeanine Áñez, con quien negoció una prórroga de su mandato. Las bases de la COB, bandera de la lucha contra la dictadura militar, son conscientes de la degradación que ha sufrido su imagen, proponiendo desde la nueva directiva recuperar la “autonomía sindical”.

Huarachi deberá cumplir seis meses de detención preventiva en la cárcel de San Pedro de La Paz, después de que un juez determinara que existe “probabilidad suficiente” de que abusó de su influencia política para recibir sobornos. La testigo clave es una exfuncionaria del Ministerio de Medio Ambiente y Agua, quien asegura haber entregado, entre 2022 y 2023, cerca de 6.000 dólares al máximo dirigente de la central. Está representada por Abel Loma, abogado con una larga trayectoria defendiendo denuncias de corrupción gubernamentales.

El jurista asegura que existen inconsistencias en el movimiento financiero bancario de Huarachi, quien percibe un salario de más de 4.000 dólares como asistente de perforista de la empresa estatal minera Huanuni. “El exministro de Medio Ambiente Juan Santos Cruz [detenido desde 2023] le enviaba dinero a Huarachi para conseguir respaldo de la COB y seguir en el cargo. La COB designaba y sugería nombres al presidente”. La trama de corrupción todavía está siendo develada y salpica a otros dirigentes de la central, así como a exfuncionarios públicos.

Todavía se está midiendo el impacto sobre la organización sindical más grande de Bolivia, que nació bajo la consigna de llevar las demandas de sus afiliados a las calles. La COB se fundó el 17 de abril de 1952, días después de la revolución armada que instauró el voto universal en Bolivia, la reforma agraria y la nacionalización de las minas, entonces la principal fuente de ingresos del país.

El hecho histórico es indispensable para entender a la organización, explica el autor de varios libros sobre la historia del movimiento obrero y docente investigador del Instituto de Estudios Sociales y Económicos de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS), Lorgio Orellana: “Surgió como un órgano de poder, cobijada por milicias de obreros que fungían como poder estatal real, frente al Ejército oficial derrotado durante la insurrección. Después de la revolución, la forma de sindicato obrero se universalizó y fue asimilada por campesinos, estudiantes y maestros; al afiliarse a la COB, reconocían su autoridad moral y su papel de dirección revolucionaria”.

A ello se refiere el nuevo líder, Mario Arguello, electo en octubre pasado, cuando habla de “devolver la central a sus esencias”. La relación estrecha entre el Ejecutivo y la COB, sin embargo, no es exclusiva de los años (2006-2025) del Movimiento Al Socialismo (MAS). El fundador y secretario ejecutivo de la institución por 25 años, Juan Lechín, fue ministro de Minas y después vicepresidente del gobierno que se instauró tras aquella revuelta de 1952. Los regímenes militares que llegaron después al país (1965-1982) tomaron como principal enemigo a los mineros —hasta ahora el brazo de mayor fuerza de la COB— y a Lechín, su máximo representante, lo que le costó un tiempo en la cárcel y un exilio junto a su cúpula directiva.

El retorno a la democracia en la década de 1980 trajo consigo los gobiernos neoliberales (1985-2005) y políticas de privatización, a las que la COB hizo frente organizando revueltas populares. “La descentralización de los procesos de producción redujo el número de obreros concentrados y sindicalizados, debilitando la capacidad de movilización de la COB. Pese a ello, mantuvo cierta autoridad moral y jugó un papel dirigente en procesos insurreccionales como la Guerra del Agua de 2002 y la Guerra del Gas de 2003”, detalla Orellana. Aquel proceso de viraje político concluyó con la asunción al poder de Evo Morales y su partido, el MAS.

Al ser un factor decisivo del cambio, las organizaciones sociales, entre ellas la COB, reclamaron su cuota de poder. Un ejercicio de poder y de desarrollo de vínculos clientelares que, dice Orellana, no es reciente: “La corrupción, subordinación y pasivización de las organizaciones populares ha caracterizado a los gobiernos populistas; ha sido una forma de construcción de legitimidad”. Así, por ejemplo, Pedro Montes, quien fue secretario ejecutivo de la central obrera entre 2006 y 2012, fue luego senador por el MAS entre 2015 y 2020. Pero el caso más controvertido llegaría con Huarachi.

Primero, el dirigente obrero se congració con Morales, respaldando públicamente una tercera reelección, ilegal según la Constitución. La decisión llevó a la crisis social de 2019, y cuando Morales estaba presionado contra las cuerdas, Huarachi se unió a las voces que pedían su renuncia. Después, en la gestión interina de Áñez, negoció un reconocimiento del Ministerio de Trabajo para alargar su mandato, que terminaba en 2020. Finalmente, con la asunción de Arce ese mismo año, se puso de su bando cuando se desató la guerra fratricida contra Morales.

La caída de la COB converge con el giro a la derecha que dio Bolivia hace unas semanas con la nueva presidencia de Rodrigo Paz. Muchos de los altos cargos están volviendo a ser asumidos por las mismas autoridades de la fase neoliberal, el último periodo en el que la central tuvo carácter subversivo. Una ocasión, según los mismos obreros, propicia para iniciar un nuevo ciclo de movilizaciones que recupere la antigua capacidad de cohesionar fabriles, transportistas, mineros y agricultores campesinos.