Entre la ansiedad por un cambio y las amenazas para seguir igual: Venezuela aguarda cautelosa el ‘decisivo’ 10 de enero
La cuenta atrás de la fecha de la investidura presidencial se vive con incertidumbre. La mayoría de analistas cree que Maduro asumirá el poder, pero en Caracas aún hay esperanza por el rol que pueda jugar la oposición
Las fiestas en Venezuela transcurren en medio de una aparente sensación de normalidad. Por unos días, el ruido político ha ido cediendo para darle paso a las obligaciones familiares propias de esta época. El Gobierno de Nicolás Maduro —muy cerca de tomar posesión por cuenta propia para un nuevo período constitucional— ha sido el primer interesado en que gobierne el ambiente salomónico de la Navidad, que comenzó a ser celebrada desde octubre con un bombardeo de propaganda por televisión.
Pero, en medio de una escenografía que parece plácida, el chavismo y la oposición se siguen enviando mensajes, advertencias e indirectas en público. Del tema no se habla mucho, pero todo el mundo tiene el ojo puesto sobre lo que pueda suceder este 10 de enero, fecha de la toma de posesión del presidente electo, después de la crisis desatada tras las elecciones del 28 de julio, en las que Maduro fue proclamado ganador sin mostrar los resultados completos, mientras el opositor Edmundo González se atribuía una victoria respaldada por las actas oficiales de los escrutinios recabadas por sus testigos. El asunto se ha vuelto tan crucial que en los sermones de las misas de aguinaldo algún que otro sacerdote en Caracas pidió a los fieles contemporizar las expectativas en torno al 10 de enero.
Aunque la mayoría de los analistas dan por descontado que será Nicolás Maduro quien asuma de nuevo el poder en el Palacio Federal Legislativo los próximos días, en ciertas zonas de la capital se guarda una sincera esperanza sobre los anuncios que, con recurrencia, desde la clandestinidad, hace María Corina Machado en torno a la cercanía de un cambio político en el país. “El Gobierno está dividido, las fracturas del régimen se profundizan, ellos están más débiles que nunca”, ha reiterado Machado estos días en algunas entrevistas. La dirigente insiste en aconsejarle a Maduro que acepte los términos para una transición pacífica dentro del marco constitucional, puesto que, de lo contrario, “será peor para él”. Desde Madrid, González Urrutia habla de manera habitual sobre lo inexorable de su regreso al país como presidente electo.
Sonrientes, y entre un villancico y el otro, los mandos chavistas también se manifiestan, enseñando la pistola en la cintura. Ya son varias las ocasiones en las cuales afirman estar listos para cualquier contingencia y advierten a la oposición sobre las consecuencias de un procedimiento “inconstitucional”. La temida Ley Simón Bolívar, por la que se condena con inhabilitaciones de 60 años, cárcel o multas a quienes pidan sanciones y temas que atenten contra la patria, ya está en vigencia.
Venezuela cierra el año con 1800 presos políticos
Maduro ha intentado rebajar el costo de la represión anunciando excarcelaciones en los días previos a la Navidad. La presión de las agencias de Naciones Unidas, con quien el Gobierno ha recuperado cierta interlocución que ha hecho posible el regreso de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos, ha sido clave. Los más de 150 adolescentes arrestados durante las protestas contra los resultados de los comicios anunciados por Elvis Amoroso, presidente del Consejo Nacional Electoral y amigo cercano de la pareja presidencial, ya están en sus casas. Pero siguen teniendo que presentarse ante los tribunales. No les han concedido la libertad plena. El fiscal Tarek William Saab ha dicho que, en los últimos días del año, se revisaron más de 400 casos y que, en total, el número de excarcelados supera los 1.300. La ONG Foro Penal contabiliza para la última semana del año 1800 prisioneros por motivos políticos.
Pese a las excarcelaciones, la persecución no cesa. En la víspera de la Nochebuena, el régimen detuvo a Luis Tarbay, coordinador político internacional de Vente, el partido de Machado, un cúmulo de capturas que estrechan el cerco sobre la dirigente. Hay al menos 27 personas en situación de desaparición forzada. Una vez más, el chavismo levanta la bandera de las conspiraciones para justificar su arremetida. Ante el acecho, la mayoría de los dirigentes políticos están en resguardo, lejos de actos públicos. Hasta 40 unidades policiales desfilan periódicamente por las avenidas más importantes de Caracas en las noches, todas mostrando funcionarios armados. Especialistas de Contrainteligencia Militar y el Servicio Bolivariano de Inteligencia, Sebin, también patrullan con unidades “estratégicas”. Los puestos de control policiales se han multiplicado y el Ministerio de Defensa desplegó unidades de reacción rápida en todo el país.
Maduro sigue invocando la “perfecta unión-cívico-militar policial” para defender la Constitución. Se han organizado varios actos con las Milicias Bolivarianas, un componente de la Fuerza Armada, así como pronunciamientos de la Guardia Nacional, en apoyo a sus líderes. Los continuos mensajes de lealtad son liderados por Vladimir Padrino López, el hombre fuerte del sector castrense nacional, uno de los pilares del régimen chavista, por diez años ministro de la Defensa y general en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Como hace un año, el oficialismo también ha reabierto sus frentes internacionales. Las tensiones fronterizas con Guyana han vuelto a reavivarse después de que hace una semana Padrino López inaugurara un puente que conecta el territorio continental de Venezuela con una isla fluvial compartida por ambos países ante las protestas del país vecino.
El chavismo está considerablemente evaporado en las calles, pero Nicolás Maduro parece tener pleno control de la situación del país. María Corina Machado ha reconocido que no necesariamente está planteado un desenlace el día 10 de enero. Para ella, la negativa de Maduro a reconocer su derrota agravaría su situación en el poder.
Dos investiduras vitales en 10 días
La toma de posesión en Caracas está sujeta a la del 20 de enero en Washington y a que el tenor de los discursos de los funcionarios designados por Donald Trump para llevar las relaciones con la región se corresponda con el tipo de Gobierno que el impredecible magnate vaya a ejercer. Lo que más puede afectar a Venezuela es si alivia o endurece las sanciones petroleras. “No se puede colocar esto en manos de Trump, pero sus decisiones llegando al Gobierno tienen un significado”, afirma una fuente de la oposición venezolana que ha preferido mantenerse en reserva. “Los funcionarios que está colocando en su Gobierno para Argentina, para la OEA, para Colombia, Panamá, para México, los funcionarios de seguridad nacional, todos, están vinculados con la situación en Venezuela”.
El 10 de enero también pone un límite a las democracias del mundo para fijar posición ante un nuevo Gobierno herido en su legitimidad, sobre el que no han dado reconocimiento pleno después de las elecciones. Un escenario que, sin embargo, Maduro ya navegó antes. México y Colombia ya anunciaron que enviarán funcionarios a la cita. No serán los jefes de Estado, lo que de alguna manera indica que las relaciones serán rebajadas de nivel, pero que se mantendrá la interlocución. A Edmundo González la mayoría de los países no le ha alzado el brazo como presidente electo. El episodio del interinato de Juan Guaidó como un gobierno paralelo se ha convertido en la bandera roja que ha obligado a la diplomacia internacional a guardar cautela sobre la crisis desatada tras las denuncias de fraude de la oposición.
Machado tiene apoyo internacional y poder de convocatoria, pero sigue siendo un misterio su capacidad de maniobra dentro del país y de qué está hecha la certeza con que Edmundo González asegura que estará en Venezuela para tomar posesión el 10 de enero, luego de una gira que pasará por Argentina y Chile, aun cuando el ministro de Interior y radical número dos del chavismo, Diosdado Cabello, muestra cada semana en televisión las esposas que le pondrá apenas pise el país del que salió en huyendo de una persecución judicial en su contra.
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