El acoso a una embajada
Seis ciudadanos venezolanos están sometidos a prisión domiciliaria en la sede de la residencia de la Embajada de Argentina, ubicada en Caracas, y están privados de agua potable, entre otros recursos
La arremetida del régimen madurista contra todo el que disienta de sus dislates no tiene límites. Encarcela a menores de edad, persigue a niños con discapacidad, ordena detener a ciudadanos venezolanos indígenas, violenta los derechos humanos de mujeres embarazadas y pare usted de contar.
Se trata de la aplicación de las más aberrantes medidas de hostigamiento que han dado lugar a la aplicación de sanciones por parte de gobiernos democráticos y de la Unión Europea, entre otras resoluciones, que buscan castigar y contener, de alguna manera, esa escalada persecutoria del régimen que desarrolla un terrorismo de Estado, tal cual como lo ha determinado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Por tales violaciones, que son continuas de los más elementales derechos humanos, cursan denuncias documentadas en la Corte Penal Internacional, institución a donde llegan, día tras día, expedientes que dan cuenta de las arremetidas ejecutadas por los funcionarios del régimen madurista, (todos identificados), agresiones que han sido calificadas como parte de un patrón de conducta, del cual es directamente responsable Nicolás Maduro.
En el inventario de las víctimas de esos acosos están centenares de medios de comunicación, con una larga lista de editores y periodistas violentados; empresas y fábricas del sector privado asaltadas; prelados de la Iglesia católica y feligreses de diferentes agrupaciones religiosas, y dirigentes políticos, gremiales y estudiantes detenidos arbitrariamente. Nos llevaría mucho tiempo e infinidad de cuartillas, plasmar aquí, el catálogo completo de las instituciones y personas lesionadas por tales embestidas. Por eso me limitaré a enumerar y citar algunos ejemplos que denotan que todo cuanto escribimos tiene asidero en la verdad.
En esa relación no puedo dejar de colocar en alto relieve la insólita situación que padecen los seis ciudadanos venezolanos sometidos a prisión domiciliaria en la sede de la residencia de la Embajada de Argentina, ubicada en la ciudad de Caracas. Allí están Magaly Meda de Olavarría, la exitosa jefa de campaña de Edmundo y María Corina; Claudia Macedo, una brillante joven periodista a cargo del equipo de prensa; el exministro Fernando Martínez Mottola, quien solo prestó su contribución para articular acuerdos unitarios entre los más variados factores políticos de la oposición; el doctor Pedro Urruchurtu, un destacado profesional, experto en relaciones internacionales, consagrado por más de 15 años a coordinar las relaciones en ese campo, del equipo político de María Corina Machado; el ingeniero Humberto Villalobos, un técnico que se ocupó de organizar todo lo concerniente a las garantías electorales, y el periodista Omar González Moreno, exgobernador del Estado Bolívar, líder del movimiento VENTE, con una gran ascendencia en la estructura política de las regiones de todo el país.
Todos los ciudadanos antes citados, no tienen ninguna mancha en sus respectivas hojas de vida, son gente decente, con una excelente y reconocida reputación, y dedicados únicamente a defender los principios democráticos en los que creen. Ellos fueron diana de esa asechanza política y se vieron obligados a resguardarse, activando el dispositivo de asilo, en una sede diplomática. La verdad, en esta circunstancia, es que no se trata de un mero asilo, lo cierto y cruel es que el régimen de Maduro ha trastocado ese recurso concebido legalmente mediante acuerdos internacionales, y viendo lo que ocurre en la hora en que escribo estas líneas, lo que escarmientan esos seis ciudadanos es un carcelazo. Ya van para diez meses encerrados, incomunicados y aguantando la presión que ejerce el régimen madurista, colocando en los alrededores de la vivienda diplomática a funcionarios encapuchados y armados, en actitud amenazante, dejando entrever con sus agresivos desplazamientos que en cualquier momento se atreverán a ingresar a la sede diplomática. Mientras tanto, les han privado de agua potable, interrumpen el servicio de energía eléctrica y no permiten el ingreso de persona alguna, ni siquiera diplomáticos adscritos a la representación de Brasil, país a cargo de la custodia de la sede argentina.
Esperamos una respuesta más contundente de los gobiernos democráticos y de las instituciones concebidas para contener tales despropósitos. No dejaremos de decirle al mundo, que esos valiosos ciudadanos están en muy serio peligro y que no debemos dejarlos abandonados a su peor suerte.
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