El fiscal de la Corte Penal Internacional reclama a Venezuela la aplicación de medidas en defensa de los derechos humanos

El pulso contra el Gobierno venezolano por las violaciones de derechos humanos vuelve a entrar en una fase tensión. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, ha mencionado el caso que afecta a la cúpula del chavismo este lunes durante la Asamblea anual con los Estados que se adhieren al tribunal para señalar que las investigaciones contra el Ejecutivo de Nicolás Maduro por la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad siguen abiertas. También ha insistido en la necesidad de que sean liberadas las personas detenidas por motivos políticos y “cualquier persona que haya protestado pacíficamente”, incluidos los menores de edad, y ha reprochado al Gobierno la falta de medidas y leyes que protejan los derechos humanos en el país.

Las declaraciones se dan un día después de que se realizara en varias ciudades del mundo y en Venezuela una protesta para exigir la libertad de los presos políticos, en particular los 42 menores que aún continúan en prisión. La CPI desestimó en marzo el último recurso de Venezuela contra la reanudación de la investigación sobre crímenes de lesa humanidad en Venezuela, que había recurrido al “principio de complementariedad” para evitar que se solapen investigaciones y así pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal. En el país, aseguraron, ya están investigándose los casos señalados, aunque para el aparato gubernamental no se trata de crímenes de lesa humanidad sino de “excesos puntuales”. “La pelota está en el campo de Venezuela. El camino de la complementariedad se está agotando”, insistió Khan, que se reunió con Maduro en Miraflores a principios de este año.

Aunque las declaraciones no responden a la protesta convocada, la dirigente María Corina Machado las consideró significativas para la causa de la oposición que ha pedido a La Haya actuar contra Maduro. En una publicación en X, Machado resaltó: “Mi mensaje a todos los venezolanos: la protesta sí funciona; cuando unimos nuestras voces, dentro y fuera de Venezuela, el mundo escucha y reacciona. Estemos muy atentos a los eventos de esta semana en La Haya y en muchas otras partes del mundo. Seguimos avanzando”.

Este domingo, familiares y amigos de los presos políticos llevaron a cabo una pequeña vigilia en Caracas para exigir su liberación. Se esperaba que fuera a la vuelta a las calles de la oposición que ha anunciado una estrategia de aumentar la presión interna para lograr la transición política en Venezuela. La represión ha provocado una desmovilización. Según la ONG Foro Penal, unas 1.903 personas siguen encarceladas por motivos políticos y la mayoría de ellas fueron detenidas luego de las elecciones del 28 de julio, cuando Maduro fue proclamado ganador sin presentar hasta ahora los resultados desagregados de las votaciones.

A principios de noviembre, la Fiscalía venezolana anunció la revisión de los expedientes de algunos procesados tras las protestas en contra de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral. Se concretaron algunas excarcelaciones, con medidas condicionadas de libertad, pero todavía un buen número sigue tras las rejas, incluidos menores de edad.

El proceso en La Haya se ha visto empañado recientemente por acusaciones basadas en revelaciones de The Washington Post sobre la supuesta imparcialidad de Khan en el caso, en el que una abogada de su círculo familiar se integró al equipo de juristas que apeló por Venezuela en los intentos por frenar la investigación. Su acreditación como abogada en la CPI ocurrió antes de que Khan fuera designado fiscal, pero de igual forma podría enfrentarse a una recusación.

En su reciente declaración, sin embargo, el fiscal Khan no sólo exigió respetar los derechos civiles de los venezolanos y liberar a los detenidos en el marco de las protestas postelectorales, sino que además recordó que el Estado venezolano tiene la obligación de cooperar con su oficina abierta en marzo pasado y facilitar el acceso de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, expulsada por Maduro luego de denunciar en redes sociales la detención de la activista Rocío San Miguel. La semana pasa circularon informaciones sobre el posible regreso al país de algunos funcionarios de la oficina del Alto Comisionado.

Desde entonces, y en particular después de las elecciones, la situación de los derechos humanos empeoró con un recrudecimiento de la represión del Gobierno y la persecución, que ha sido recogida en los últimos informes de la Misión de Determinación de Hechos de Naciones Unidas. La mayor parte de los dirigentes de oposición han pasado a resguardarse y no han aparecido más en actos públicos. El candidato Edmundo González, que defiende su triunfo con las actas de votación, se ha ido al exilio a España y promete volver en enero para juramentarse como presidente.