La persecución a María Alejandra Díaz, la abogada chavista que se atrevió a cuestionar el resultado en Venezuela

Militante revolucionaria de dilatada trayectoria, la abogada María Alejandra Díaz acudió al Tribunal Supremo de Justicia representando, como abogado, a los miembros del Frente Democrático Popular, una alianza cívica de militantes chavistas disidentes. Llevaban tiempo expresando su insatisfacción con la transparencia del resultado electoral ofrecido por las autoridades, y se habían unido al reclamo general para que se publicaran las actas de votación de la noche de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

El amparo constitucional solicitado por Díaz al máximo tribunal del país para pedirle que ordene al Consejo Nacional Electoral (CNE) mostrar las actas de votación y los resultados desagregados regionales de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio, no sólo recibió un “no”: también ha sido multada y ahora tiene prohibido ejercer temporalmente su profesión

La Sala Constitucional del TSJ, presidida por Tania D´Amelio, consideró el procedimiento adelantado por Díaz como “una temeridad”, y “un irrespeto”, sobre un tema ya juzgado, y justificó el castigo a Díaz “dados los graves señalamientos advertidos en la presente acción de amparo constitucional, los cuales cuestionan la potestad que ostenta la Sala Electoral y la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, y además pretenden generar zozobra y conmoción en la población”.

La medida, se afirmó, se tomó interpretando el artículo 121 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, que contempla multas y medidas administrativas “a quienes irrespeten, ofendan o perturben con sus actuaciones al Poder Judicial, al Tribunal Supremo de Justicia, a sus órganos o funcionarios, o a quienes hagan uso abusivo de recursos o acciones judiciales”.

La multa a la abogada Díaz consistirá, según el dictamen, “en cien veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor establecido por el Banco Central de Venezuela’'. El Tribunal advirtió a Díaz que, si no paga a tiempo, “tal sanción podrá incrementarse entre un tercio y la mitad del total de la multa”.

El Supremo también ordenó al Tribunal Disciplinario del Colegio de Abogados de Venezuela que, “de manera perentoria”, comience un procedimiento disciplinario contra Díaz, con el fin de aplicar “la sanción que corresponda de acuerdo a la gravedad de los presentes hechos”.

Díaz, una abogada que incluso formó parte de la fallida Asamblea Constituyente de 2017, tiene rato expresando su inconformidad con los resultados electorales anunciados en la noche del 18 de julio por el rector del CNE, Elvis Amoroso. Ha planteando la necesidad de que se muestren las actas y se informe sobre la correlación estatal y regional de los votos para ofrecer tranquilidad a la población.

En la interposición del recurso de amparo al máximo tribunal del país, acompañaban a Díaz, por el Frente Democrático Popular, Oscar Figuera, Andrés Giussepe, José Luis Ibrahim, Yul Yabour, Carlos Ojeda Falcón, Eduardo Sánchez, Juan Barreto Cipriani y Enrique Márquez. De ellos, sólo Enrique Márquez, excandidato presidencial, y representante del partido Centrados en la gente, militante opositor de tendencia moderada, está fuera de las filas revolucionarias

Para Díaz, la medida del TSJ “es una clara advertencia al ejercicio libre de la política. Es legal ejercer derechos. Los accionantes no ofendieron ni generaron zozobra alguna; están pidiendo cumplir con las sentencias 31 de la Sala Electoral, y 211 y 212 de la Sala Constitucional, y sus criterios jurisprudenciales vinculantes”. Al considerar “desproporcionada” la sanción y la multa en su contra, Díaz añadió que “el ejercicio profesional es mi único modo de vida y actividad legal que genera el sustento de mi persona y mi familia lícitamente. Tales sanciones violentan el derecho al trabajo y al ejercicio libre de mi profesión dentro del estado de Derecho”.

La Plataforma Unitaria, coalición de fuerzas opositoras, que respaldó la candidatura de Edmundo González Urrutia, respaldó a Díaz y también criticó la decisión anunciada por el TSJ. La Plataforma emitió un comunicado en el cual condenó “la persecución judicial contra quienes acuden a un tribunal a pedir justicia”. En el texto se agrega que el hostigamiento oficialista “no cambiará la verdad de lo sucedido en Venezuela”.

Un grupo de activistas civiles ha desplegado una colecta pública para ayudar a Díaz a pagar la multa. Los miembros del Frente Democrático Popular han solicitado una audiencia al Fiscal General, Tarek William Saab -recién ratificado en su cargo por la Asamblea Nacional que controla el chavismo-, para plantearle la gravedad del caso de Díaz, y para pedir la libertad de las más de 900 personas llevadas a prisión -decenas de ellos niños y adolescentes- por salir a protestar los resultados electorales del pasado 28 de julio.