Una acusación por acoso sexual contra un ministro de Lula sacude al Gobierno de Brasil

El Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva se ha visto sacudido por un escándalo delicado y de enorme potencial dañino que afecta a dos de sus ministros más populares. El titular de Derechos Humanos, Silvio Almeida, de 48 años, ha sido acusado por varias mujeres de acoso sexual, según reveló el jueves a última hora en una nota Me Too Brasil, una ONG que defiende las víctimas de violencia sexual. Son cuatro denuncias de acoso sexual, según el portal de noticias G1. Una de las denunciantes es, según informó el medio digital Metropoles, una compañera del Gabinete ministerial, Anielle Franco, de 40 años, que dirige Igualdad Racial. Por el momento, ella calla y él se declara inocente y víctima de una persecución. Pero el presidente Lula ha dejado claro este viernes en una entrevista que las horas del acusado en el Gabinete están contadas y que tiene derecho a defenderse. “Creo que su continuidad en el Gobierno no es posible”, ha dicho en una entrevista. El escándalo supone además una bomba atómica en el seno del movimiento negro brasileño.

El mandatario no ha destituido al ministro Almeida, pero sí ha hecho un discurso tajante: “Lo que le puedo adelantar es que alguien que acosa no se va a quedar en el Gobierno”. Lula hablaba en una entrevista con varios medios en Goiania, donde está de visita oficial. El mandatario ha prometido que la Policía Federal investigará las denuncias. A las cuatro de acoso sexual, se suman otras seis de acoso laboral, según G1. Lula ha añadido que “habrá que investigar correctamente, pero creo que su continuidad en el Gobierno no es posible porque, con alguien que está siendo acusado de acoso [sexual], el Gobierno no estaría a la altura de su discurso, de la defensa de las mujeres, incluidos los derechos humanos”.

A que la denuncia sea por acoso sexual se suma el perfil del acusado y de la supuesta denunciante. Además de sentarse juntos en el Gabinete ministerial, tanto Franco como Almedia entraron en política de la mano de Lula para dirigir sendas carteras muy conectadas con el activismo a favor de los derechos humanos, los derechos de las mujeres, de los negros, contra el racismo y la xenofobia… Ambos son negros y proceden de la sociedad civil. Ella es la hermana de la asesinada concejala carica Marielle Franco. Él un filósofo, profesor universitario y autor de una obra esencial titulada Racismo estructural. Se le considera uno de los grandes pensadores negros de la actualidad.

En cuanto estalló el escándalo, el ministro Almeida difundió un vídeo en el que se defiende las acusaciones. “Repudio con absoluta vehemencia las mentiras que se dicen contra mí (…) cualquier denuncia debe tener pruebas. Y lo que veo son conclusiones absurdas con la única intención de dañarme, [de] borrar nuestras luchas e historias”, dice en la grabación. El mismo jueves por la noche, el Gobierno informó de que el titular de Derechos Humanos había comparecido para dar explicaciones “sobre las denuncias publicadas en la prensa” ante el abogado general de la Unión y el contralor general.

Dado que la información confirmada sobre el caso es escasísima, Brasil se ha convertido en un hervidero de informaciones no oficiales. Los comentaristas analizan cada palabras, cada gesto y los silencios. Sin abrir la boca, la primera dama y asesora política de Lula dio la impresión de pronunciarse sobre el asunto antes de que amaneciera el viernes. Janja da Silva publicó en Instagram una foto en la que aparece abrazando a la ministra Franco y besándole la frente. La imagen fue inmediatamente interpretada como una muestra de apoyo firme de la esposa del presidente, que en los últimos años ha influido para él dé más espacio en su discurso político al feminismo y los males que genera el machismo.

Me Too Brasil apunta en su denuncia pública a otro aspecto delicado del caso, que las víctimas autorizaron a la ONG a llevar el caso a la prensa ante la falta de apoyo de las instituciones. “Como suele ocurrir en casos de violencia sexual que involucran a agresores en posiciones de poder, estas víctimas enfrentaron dificultades para obtener apoyo institucional para validar sus denuncias”, dice su nota.