Estados Unidos exige “respetar la voluntad de los venezolanos” al cumplirse un mes de las elecciones
La negativa del CNE a defender los estándares internacionales de transparencia representa “una violación inaceptable” de las leyes de Venezuela, denuncia el Departamento de Estado en un comunicado
![La líder de la oposición venezolana, Maria Corina Machado.](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/WQASA7PAUJGH7AY7IVI66DZVAA.jpg?auth=2e4bfb344233539d26a067b4bc6ef089372272e1eda668065c7829b5948f1a6b&width=414)
![Macarena Vidal Liy](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F78dec7b0-05a3-45b7-a676-f3c20c4a7238.png?auth=72bf8135d95e17025d4952d62e81c5ce119901a33d604bc79472e237cd268dbe&width=100&height=100&smart=true)
“Los venezolanos han votado, los resultados son claros y su voluntad debe ser respetada”. Así lo insiste el Departamento de Estado de EE UU cuando se cumple un mes de las elecciones en Venezuela en las que el presidente Nicolás Maduro asegura haber vencido y en las que Washington, la Unión Europea y Gobiernos latinoamericanos, entre otros, dan la razón a la oposición y consideran ganador a Edmundo González Urrutia.
En un comunicado emitido para marcar el mes de impasse tras las elecciones del 28 de julio, el portavoz del Departamento de Estado, Matthew Miller, subraya que el rechazo del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Venezuela a defender los estándares internacionales y venezolanos de transparencia, y a respetar la voluntad del pueblo venezolano expresada en las urnas representa “una violación inaceptable” de la legalidad en el país andino. Las autoridades venezolanas se niegan a mostrar los datos que aseguran que les dan la victoria, pese a que las actas recogidas y publicadas por la oposición respaldan la tesis contraria.
“A pesar de los reiterados llamamientos de los venezolanos y la comunidad internacional, el CNE controlado por Maduro no ha podido corroborar los resultados anunciados mediante la presentación de actas originales, como lo hizo después de las elecciones de 2013 y 2018″, recuerda la diplomacia estadounidense. Por contra, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), “controlado por Maduro”, ha tratado de “silenciar las voces de los votantes ratificando el anuncio sin fundamento del CNE sobre una victoria” del presidente venezolano.
A lo largo del mes transcurrido, agrega el Departamento de Estado, el Gobierno venezolano “ha manipulado los resultados electorales, ha proclamado falsamente su victoria y perpetrado una represión generalizada con el objeto de mantenerse en el poder”. Por boca de su portavoz, aplaude la valentía y la resistencia de los millones de electores venezolanos que “votaron y que siguen pidiendo de modo pacífico que Maduro reconozca que la mayoría de los votos fueron para Edmundo González Urrutia”.
Estados Unidos reitera su llamamiento, formulado una y otra vez desde la celebración de los comicios, al respeto de los derechos humanos y las normas democráticas en Venezuela, “la liberación de todos los presos políticos, el fin de los arrestos arbitrarios y otros actos de represión contra miembros de la oposición democrática, los medios de comunicación y la sociedad civil”.
La Administración del presidente Joe Biden es uno de la veintena de gobiernos firmantes de una declaración conjunta el pasado día 16 que reclama transparencia y una revisión imparcial del proceso electoral del 28 de julio y las actas resultantes.
Washington también se ha sumado a otros diez socios en la región para condenar, el pasado día 23, la decisión del TSJ de dar credibilidad a la declaración del CNE sobre el triunfo de Maduro. Este miércoles fue uno de los países convocantes de una sesión extraordinaria de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington para abordar la situación de los derechos humanos en el país caribeño tras las elecciones. Un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos concluía que esa situación se ha deteriorado a lo largo del último mes, en el que más de veinte personas han muerto en la represión de las protestas en favor de la oposición y más de 1.600 personas han quedado detenidas, entre ellas más de un centenar de menores.
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