La Cumbre Latinoamericana de Seguridad cierra con propuestas para combatir el lavado de activos

Es difícil perseguir las transacciones financieras sin comprender los negocios y los mercados ilícitos que están detrás de ellos. Entender la estructura de los costos y los ingresos de las organizaciones criminales. ¿Qué están vendiendo? ¿Dónde? ¿Cuáles son los insumos esenciales? ¿Cuál es la estructura de la competencia? La búsqueda de respuestas a estas preguntas han formado parte del segundo y último día de la Cumbre Latinoamericana de Seguridad en Guayaquil , que se enfocó en tratar el lavado de activos y el reclutamiento de jóvenes para la gobernanza criminal.

“El 4% de los recursos que ingresan a la economía colombiana es producto del narcotráfico”, explicó Daniel Mejía, profesor de la Universidad de los Andes de Colombia. A través de una minería de datos, Mejía y su equipo desglosaron los costos de la producción de cada kilo de cocaína que se produce en Colombia y rastrearon cada producto que utilizan, como el combustible, y así lograron determinar los lugares donde el crimen organizado se abastece para transformar la hoja de coca en un bloque de cocaína, una herramienta usada desde la academia que podría fortalecer el trabajo de la policía judicial e investigadores. “La capacitación analítica es clave, porque de nada sirve tener la tecnología y herramientas más avanzadas si no sabemos cómo usarlas y golpear así al crimen”, añadió.

El problema en el que coincidieron los países es que existe una desconexión de las unidades de análisis financiero. “En 2018, la Fiscalía General de Colombia recibió 98 reportes de operaciones sospechosas del crimen organizado. ¿Podemos creer que solo hicieron esa cantidad de transacciones?”, se preguntó Mejía. El delito existe porque hay una ganancia económica. “Cortar el oxígeno al crimen organizado”, fue el mensaje principal de Ilan Goldfjan, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al inicio de la Cumbre. “No se pagan sicarios, mulas, criminales y funcionarios corruptos sin dinero”, añadió Paolo Brucato, comandante provincial de la Guardia di Finanza de Italia, que maneja 400 bases de datos para realizar sus análisis financieros.

El caso ecuatoriano es crítico. La Unidad de Análisis Financiero (UAFE) solo cuenta con dos bases de datos para combatir el lavado de activos, ni siquiera está conectado con el Servicio de Rentas Internas. “En 2023, los bancos en Ecuador reportaron que el 12,7% de sus depósitos fueron en efectivo y esto es totalmente atípico comparado con la región”, dijo José Neira, director de UAFE de Ecuador.

“Da pena decirlo, pero eso que llamábamos la integración regional y que se ha impulsado por muchas décadas en América Latina -no siempre con éxito-, estos grupos organizados lo han logrado en muy pocos meses”, dijo Nathalie Alvarado, coordinadora de Seguridad Ciudadana y Justicia del BID. Los negocios del crimen organizado se expanden en territorios de las zonas más empobrecidas de las ciudades y donde existe una gobernanza criminal. “Es una estrategia para distanciar al Estado, mantenerla fuera. Y funciona porque quita el incentivo al Estado de entrar a esas zonas”, expuso Benjamin Lessing, profesor asociado del departamento de la universidad de Chicago. “Hemos perdido territorio en virtud del crimen”, reconoce la ministra del Interior de Ecuador, Mónica Palencia.

“Nosotros tenemos que dar una respuesta regional, con una mayor coordinación con nuestras policías, una política transnacional de la incautación de bienes y golpear el financiamiento más rápido, eliminando la burocracia”, dijo José Santiváñez, ministro del Interior de Perú, donde han detectado una decena de bandas criminales que están en toda la región, como Tren de Aragua, Comando Vermelho o Los Tiguerones. Según Santiváñez, desde hace tres meses están ejecutando una política de ”caza delincuentes”. “Tenemos juntas vecinales que son los ojos y oídos de la Policía, son los mismos vecinos que dan aviso de actos ilegales o irregulares”, explicó.

El BID propuso una alianza regional para fortalecer la seguridad y trabajar en tres objetivos: limitar la influencia del crimen organizado en las poblaciones más vulnerables; mejorar las capacidades de las instituciones de la cadena de la justicia criminal y afectar los flujos de dinero que les permiten ampliar su control e influencia. La ministra del Interior de Ecuador ejercerá la presidencia y el BID la secretaría técnica. La Cumbre cerró con la intención de Argentina, Panamá, Paraguay, Costa Rica y Honduras de participar en las comisiones; sin embargo, no hubo un documento que selle el acuerdo.

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