Capturan a Ligia Hernández, la primera funcionaria de Arévalo en ser detenida por la fiscalía de Guatemala

Ocho meses después de llegar al Gobierno de Guatemala, Bernardo Arévalo continúa recibiendo ataques de parte del Ministerio Público (MP), uno de los poderes del Estado que lo ha perseguido desde que ganó el cargo hace un año.

Ligia Hernández es una de las fundadoras del partido oficial, Movimiento Semilla, fue diputada entre 2020 y 2024 y actualmente ocupaba el cargo de directora del Instituto de la Víctima. La policía la detuvo el martes por la tarde, tras pasar varias semanas atendiendo citaciones en el juzgado.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) comandada por Rafael Curruchiche, incluido hace dos años en la lista Engel de actores corruptos del Departamento de Estado de Estados Unidos, es la que tiene a cargo la investigación del ‘Caso Semilla’, en la que supuestamente acusan a varios miembros del partido de financiamiento electoral no registrado para las elecciones de 2023.

“Hoy se comete una nueva injusticia a manos del MP. Por más que quieran criminalizarme, yo no les tengo miedo”, declaró Hernández el martes cuando llegó a los tribunales.

Hernández pasó la noche en la carceleta de la Torre de Tribunales en la Ciudad de Guatemala. La audiencia de primera declaración sería el miércoles, pero el juez decidió postergarla para el viernes, por lo que fue enviada a prisión preventiva a una cárcel ubicada dentro de un cuartel militar llamado Matamoros, en donde están recluidos famosos narcotraficantes.

“Se ha reactivado una persecución en contra de autoridades electas y funcionarios de este Gobierno. Condenamos estas acciones y acompañaremos a la Directora del Instituto de la Víctima quien, valientemente, enfrenta cargos de casos espurios”, publicó la Presidencia del país centroamericano por medio de un comunicado horas después de la detención.

La oficina de la Unión Europea en Guatemala manifestó en su cuenta oficial de la red social X su preocupación por la captura de Hernández y llamó a las autoridades judiciales a respetar sus derechos humanos y en especial el debido proceso.

Por su parte, Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para el Hemisferio Occidental publicó un mensaje en esa misma red social para condenar el arresto de Ligia Hernández, al que definió como “un ejemplo flagrante del continuo uso del sistema judicial como un arma” por parte del Ministerio Público guatemalteco. “Estados Unidos rechaza los esfuerzos en curso para criminalizar la democracia y los actores anticorrupción”, añadió.

Gobierno bajo asedio

El Ministerio Público ha mantenido bajo asedio todo el año al presidente Arévalo, a varios de sus funcionarios y a diputados del oficialismo con el objetivo de apresarlos. El mandatario también tiene en su contra a los magistrados de las dos altas cortes del país, Corte de Constitucionalidad y Corte Suprema de Justicia, quienes en su mayoría de decisiones adversan a Arévalo.

El Congreso de la República, integrado por 160 parlamentarios de los cuales solo 23 responden al mandatario, también ha sido un ente contrario al Gobierno. Sin embargo, en la sesión del martes por primera vez, después de la toma de posesión, el Ejecutivo logró el apoyo de más de las dos terceras partes del Legislativo y le aprobaron una millonaria ampliación presupuestaria que llevaba meses entrampada.

Bernardo Arévalo ha sido criticado por analistas políticos que consideran que debería ser más “agresivo” en su lucha principalmente con la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras.

¿Persecución selectiva?

Ministros, secretarios y el comisionado contra la Corrupción del Gobierno actual han presentado al MP y a la Contraloría General de Cuentas 131 denuncias por anomalías encontradas de la administración anterior, pero la fiscalía no las investiga.

La propia Ligia Hernández denunció a su antecesora, Alejandra Carrillo, por varios casos de corrupción ocurridos durante la gestión 2020-2024. Carrillo fue una de las personas de confianza de Roxana Baldetti, exvicepresidenta (2012-2015) condenada por corrupción en 2018. Sin embargo, la justicia fue más ágil para detener a Hernández que para investigar a Carrillo.

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