El sistema judicial está obsesionado con tumbar la democracia en Guatemala

El único presidente democrático en el mundo al que un sistema judicial corrupto pretende abiertamente colocarle los grilletes es Bernardo Arévalo. Está bajo esa amenaza desde hace casi un año cuando fue elegido de manera sopresiva y abrumadora por los jóvenes urbanos y los pueblos indígenas, quienes defendieron la integridad del voto mediante intensas movilizaciones en todo el país durante más de cien días. Finalmente, Arévalo asumió el Gobierno en la madrugada del 15 de enero pasado, tras una azarosa jornada en la que el “Pacto de Corruptos” (la coalición de elites políticas, burocráticas, empresariales y criminales reunidas por el miedo ante la justicia independiente) le siguió escamoteando el resultado obtenido en las urnas. Desde entonces, no han parado de hostigarle.

El “Pacto de Corruptos” mutó a “Pacto Golpista”. Sus integrantes son menos, pues las burocracias y empresarios de tono gris han tomado distancias, pero el núcleo duro que permanece es radical y muy poderoso. Redobló los fondos de cabildeo en Washington para enamorar a los primeros círculos de Donald Trump con la narrativa de que Arévalo es producto de un fraude electoral y que su agenda es chavista. Apuestan a que, si el candidato republicano regresa a la Casa Blanca, podrán dar un golpe de Estado sin consecuencias. Para legalizarlo, necesitan el sistema judicial que capturaron hace cuatro años. Hasta ahora lo controlan casi totalmente. De hecho, la fiscal general Consuelo Porras se ha convertido en operadora y vocera de la oposición política y se encarga de desarmar al Gobierno, mientras las altas cortes la refuerzan.

Logró cancelar el partido oficial Movimiento Semilla, atando de manos a su bancada en el Congreso, a la vez que persigue penalmente a sus dirigentes, incluyendo al presidente Arévalo y a la vicepresidenta Karin Herrera. Actuando al margen de su jurisdicción, confiscó las evidencias electorales para demostrar, dice, un supuesto fraude en la elección presidencial del 26 de junio de 2023 (que, según asegura, solo habría ocurrido en la elección presidencial, no de alcaldes ni diputados). Esa es la base para justificar el golpe. Consuelo Porras no lo podría hacer sola sin el concurso de las altas cortes.

La permanencia de Porras en la fiscalía ha tenido doble costo para el presidente Arévalo. Ella se ha constituido en la principal amenaza a la democracia y le está arrebatando los símbolos de autoridad como jefe de Estado. A la vez, es la causa principal de su caída en la aceptación pública; en apenas cuatro meses de gestión (enero a mayo), según Cid-Gallup, descendió del 78% al 53%. Por primera vez en 40 años de democracia en Guatemala, la calificación de un presidente se refiere a su déficit ante el Estado de derecho quebrantado.

La atención internacional sobre Guatemala está centrada en ese sistema judicial capturado por las mafias. A petición de Arévalo, la OEA integró una comisión para vigilar el proceso de elección de las altas cortes que está en curso y concluirá a mediados de octubre. Estas judicaturas son designadas mediante un procedimiento que involucra a las universidades, asociaciones de abogados colegiados y magistrados de las propias cortes que integran nóminas que son enviadas al Congreso para su elección final. En total son 296 magistrados: 26 de la Corte Suprema y 270 de la Corte de Apelaciones. Además, en las dos últimas semanas han visitado el país el Alto Comisionado de Naciones Unidas de Derecho Humanos y la Comisión Interamericana, y sus conclusiones son coincidentes: el sistema judicial es la piedra en el zapato de la democracia.

La última elección de las altas cortes hace cuatro años fue un desastre. Las mismas mafias envalotonadas tras desmantelar la Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG) en septiembre de 2019 empezaron la recaptura de todo el sistema de justicia y arrancaron con estas cortes. Mediante un sistema paralelo e ilegal que desveló la fiscalía anticorrupción dirigida entonces por Juan Francisco Sandoval, los grupos oscuros pudieron colocar a nueve de cada diez magistrados. Cuando fueron descubiertos, los diputados decidieron la permanencia de las viejas cortes que habían sido impuestas por los excandidatos presidenciales Alejandro Sinibaldi y Manuel Baldizón, ambos perseguidos luego por fiscales guatemaltecos y estadounidenses bajo serias acusaciones de corrupción y crimen. Las cortes de las mafias los absolvieron recientemente y ahora criminalizan a los fiscales que los investigaron, quienes han sido forzados al exilio.

El plan de venganza del Pacto de Corruptos alcanzó al fundador de elPeriódico de Guatemala, Jose Rubén Zamora, que este lunes cumple dos años de cárcel bajo acusaciones espurias y audiencias ralentizadas por los jueces y la fiscalía, y sometido a una tortura psicológica sistemática, hasta que la detuvo el presidente Arévalo al asumir el Gobierno.

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