La Policía de Brasil sospecha que 60 bolsonaristas condenados y acusados de golpismo huyeron a Argentina

Decenas de brasileños investigados en la operación policial que investiga el asalto golpista en Brasilia en 2023 han violado las medidas cautelares y están prófugos. La Policía Federal tiene identificados a unos 60 que en los últimos tiempos han huido a la vecina Argentina con intención de evadir la justicia y refugiarse allí al amparo del presidente, Javier Milei, de extrema derecha y principal aliado regional del bolsonarismo. La policía prepara el listado de los huidos para entregarlo a la justicia y que esta comience los trámites para que el Gobierno pida su extradición, según informa este viernes el diario Folha de S.Paulo sin citar ninguna fuente. El Ejecutivo argentino no comenta el asunto.

No todos los prófugos están ilocalizables. Alguno ha organizado una campaña de recaudación de fondos en redes sociales para mantenerse al otro lado de la frontera, según O Globo. El paradero de todos estos condenados y acusados está sobre el foco después de que la Policía Federal desplegara este jueves una amplia operación para detener a más de 200 personas acusadas de saltarse las medidas cautelares. Estas restricciones para evitar que huyan o destruyen pruebas son de lo más diversas. Desde la retirada del pasaporte y la prohibición de salir del país, caso del expresidente Jair Bolsonaro, hasta llevar tobillera electrónica, prohibido hablar con otros investigados o suspendidas las cuentas personales en redes sociales.

Para el bolsonarismo, los prófugos son perseguidos políticos, no delincuentes, a los que un Gobierno amigo como el argentino debería acoger como exiliados y permitirles vivir libres. El diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del expresidente, y otros parlamentarios aliados con el líder de la derecha brasileña viajaron a finales de mayo a Buenos Aires para defender esa tesis.

Buena parte de los brasileños sigue considerando que los bolsonaristas que entraron a las bravas en las sedes de los tres poderes eran meros vándalos y que las duras condenas impuestas por los jueces (en torno a los 15 años) son desmesuradas y están fuera de lugar.

Una investigación periodística del portal UOL reveló recientemente la huida de una decena de acusados con nombre y apellidos que lograron quitarse las tobilleras electrónicas y cruzar la frontera a Argentina y Uruguay. Ahora la policía eleva esa cifra a unas 60 personas.

La investigación policial y judicial sobre la irrupción violenta de miles de bolsonaristas en las sedes del Poder Judicial, el Legislativo y la Presidencia el 8 de enero de 2023, al poco de que Luis Inácio Lula da Silva iniciara su tercer mandato, ha derivado en centenares actuaciones, detenciones, entradas en prisión provisional, escritos de acusación, procesamientos, juicios y decenas de condenas. En el radar de la policía y el juez del Tribunal Supremo que lleva el caso, Alexandre de Moraes, los autores materiales del asalto, pero también los autores intelectuales (incluido el expresidente Jair Bolsonaro, acusado por la policía de organizar la trama junto a varios generales), los que organizaron y pagaron la logística y los mandos de las fuerzas de seguridad que hicieron obviaron su deber y permitieron a los manifestantes avanzar hasta el corazón de la democracia brasileña sin cortapisa y perpetrar un ataque violento que, según el juez investigador, fue un intento de golpe de Estado.

Los únicos que han sido juzgados por ahora son autores materiales del ataque a los tres poderes, civiles de todas las edades, de las profesiones más variadas, metidos hasta el fondo en el universo bolsonarista y falsamente convencidos de que Lula estaba confabulado con el Supremo y la élite económica para robarle la reelección a Bolsonaro.

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