Detenida en Venezuela la activista de derechos humanos Rocío San Miguel

La abogada, activista y experta en seguridad y defensa Rocío San Miguel fue detenida el viernes por la noche en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios de cuerpos de inteligencia cuando iba a salir del país en compañía de su hija. Familiares y organizaciones de derechos humanos confirmaron la detención y este domingo todavía se desconoce su paradero, por lo que denuncian que se trata de una nueva desaparición forzada, un delito que ha documentado que ocurre con asiduidad en Venezuela el Alto Comisionado de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y la Misión Independiente de Determinación de Hechos.

En lo que va de año, el Gobierno de Venezuela ha cometido decenas de detenciones y persecuciones tanto de militares como de civiles, algunas de ellas del entorno de la candidata opositora escogida en primarias María Corina Machado. El fiscal Tarek William Saab, aliado de Nicolás Maduro, ha denunciado una serie de supuestas conspiraciones para intentar asesinar al mandatario, intentonas que habrían sido desactivadas por los órganos de inteligencia. La tarde de este domingo ha confirmado a través de X -antes Twitter- la detención de San Miguel Sosa por su supuesta vinculación con la llamada trama Brazalete Blanco, que según las autoridades tenía como propósito el magnicidio de Nicolás Maduro.

El Ministerio público informó en enero sobre la emisión de órdenes de captura contra periodistas y defensores de los derechos humanos y que siguen en desarrollo las pesquisas sobre estas supuestas conspiraciones, de las que aún no han presentado pruebas. Hace unas semanas se hicieron públicas las órdenes de captura de la periodista Sebastiana Barráez y de la activista Tamara Suju, ambas viviendo fuera de Venezuela.

San Miguel, venezolana y española, es directora de la ONG Control Ciudadano que desde hace casi 20 años hace seguimiento a la situación de la Fuerza Armada en Venezuela. Pero además es una de las víctimas de las primeras prácticas de persecución, discriminación y restricción de libertades en tiempos de Hugo Chávez. San Miguel trabajaba en el Consejo Nacional de Fronteras en 2004 y fue despedida por haber firmado a favor de la realización de un referéndum revocatorio contra el expresidente a partir de la llamada Lista Tascón, un instrumento que uso el chavismo para filtrar lealtades dentro del Estado.

La abogada llevó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le otorgó en 2012 medidas cautelares a ella y a su hija a raíz del hostigamiento y las amenazas que comenzó a recibir por su trabajo en Control Ciudadano, como cuando denunció la existencia de militares activos de las FANB inscritos como militantes en el Partido Socialista Unido de Venezuela.

En 2018 obtuvo una sentencia favorable que Venezuela no ha cumplido, por lo que hace una semana la CIDH emplazó al Estado dando plazo hasta el 6 de mayo 2024 para que presente un informe de cumplimiento de la sentencia. “Presidente Maduro, gire instrucciones para el cumplimiento de la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Llevamos casi 20 años esperando justicia, verdad y reparación”, escribió San Miguel en sus redes sociales hace unos días. La activista fue sumamente crítica con la decisión de Maduro de convocar a un referéndum sobre el Esequibo —el territorio que disputan Venezuela y Guyana— y alertó que la medida ponía a la región ante un posible escenario de guerra, aunque fue partidaria de ir a votar en contra de lo que pretendía el Gobierno.

Esta nueva detención levanta una vez más las alarmas sobre el autoritarismo en Venezuela. El Gobierno de Nicolás Maduro está estrechando cada vez más el espacio cívico, un endurecimiento que ocurre justo después de que la oposición y el chavismo firmaron los acuerdos de Barbados, en los que hicieron compromisos sobre garantías democráticas de cara a las elecciones presidenciales de 2024 a las que el líder del chavismo llega con un rechazo casi total del electorado, según varias encuestas. A esto se suma la discusión en la Asamblea Nacional de una ley para restringir el funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil.

Amnistía Internacional y el ecosistema de oenegés locales han exigido al Estado informar del paradero de San Miguel. Pero hace más de 15 días los tres coordinadores de Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, detenidos como parte de las investigaciones de estas mismas supuestas conspiraciones, también figuran como desaparecidos, pues su defensa no ha obtenido información de su lugar de reclusión ni de su estado.

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