Un motín en la principal prisión de Paraguay deja 12 muertos tras dos meses tomada por un mafioso encarcelado

Hicieron falta 1.218 policías y 1.100 soldados para controlar este lunes el penal más grande de Paraguay y detener al líder narco que lo manejaba desde dentro desde hace dos meses. La operación deja un policía fallecido y al menos 11 internos muertos. También 700 reclusos trasladados y medio centenar de detenidos, la mayoría mujeres que ni debían estar en esta cárcel para hombres.

Tacumbú es un mundo aparte en plena capital paraguaya, donde unos 4.000 internos conviven en un espacio planificado para 1.000 personas con 40 guardias de día y 40 de noche, y estaba fuera de control del Estado desde hacía unos 70 días. La vida interna del penal no la gestionaba el Gobierno a través del Ministerio de Justicia, sino Javier Rotela, jefe del Clan Rotela, la mafia local que controla el tráfico de crack en Paraguay.

Cuando el Ejército y la policía entraron en Tacumbú a primera hora de la mañana fueron recibidos por disparos de armas automáticas. Mientras los uniformados recorrían los laberínticos pasillos de la prisión, donde cientos de personas duermen en el suelo del patio por falta de celdas, al menos 36 policías recibieron heridas de bala.

Pese a la resistencia armada de la docena de fieles a Rotela, los agentes entraron con gases lacrimógenos y disparos en el pabellón donde el líder se había atrincherado, armado con un cuchillo y rodeado de rehenes. Rotela mantenía su cuchillo apuntado al cuello de una mujer embarazada mientras negociaba con los agentes pero se rindió a los pocos segundos, según relataron policías que participaron en la operación.

Casi desnudos y esposados, cientos de internos fueron mantenidos por horas en el patio del penal mientras eran subidos a autobuses para ser trasladados a otras prisiones del país sudamericano. Rotela fue trasladado a una cárcel a unos 120 kilómetros de la capital.

Así ha resuelto el nuevo presidente paraguayo, Santiago Peña, la crisis desatada en octubre con un motín que dejó a la mayoría de los guardias secuestrados dentro, durante varios días, en una de las prisiones más hacinadas del país. En Tacumbú, para dormir en una cama, tener una celda o habitación hay que pagar, pero no al Estado, sino a otros encarcelados, en connivencia con guardias y policías. Así es esta prisión, tan dividida en clases como la sociedad que la rodea, según las investigaciones del organismo estatal independiente Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

Cuartel general del delito

La serie de ficción brasileña ADN del Delito muestra en Netflix la cárcel de Tacumbú como el cuartel general de una organización internacional de tráfico de drogas y armas. Un lugar seguro para algunos capos de las mafias que controlan el tráfico ilegal en la frontera entre Brasil y Paraguay, pero no para el resto.

A un lado narcos, expolíticos y ladrones de guante blanco, que pagan 5.000 dólares al mes o más por mantener sus espacios con aire acondicionado, prostitución, drogas, alcohol, juegos de billar y hasta pista de vóley. Al otro, la inmensa mayoría, sin celda propia ni trabajo ni educación, peleando por mantener a salvo su colchón, uno de los tesoros más preciados por los internos sin dinero, junto al jabón y la comida.

“Tacumbú representa la síntesis de la corrupción institucional en el sistema penitenciario así también la coordinación perfecta entre agentes del Estado y miembros de la criminalidad organizada que permiten que, efectivamente, existan grupos que dominan el penal y que recaudan dinero en base a esa ilegalidad y al caos en el sistema penitenciario”, explica a EL PAÍS el abogado e investigador de política criminal, Juan Martens. La población penitenciaria paraguaya ha crecido de forma exponencial en los últimos 20 años pasando de unas 3.200 personas en el año 2000 a unas 16.000 actualmente. Y el país se ha situado como líder en Latinoamérica en proporción de personas encarceladas sin condena y el cuarto país en el mundo. Casi el 80% de los reclusos aún no han visto a un juez, lo que se puede demorar entre seis meses y tres años de media, según los informes del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

“Por décadas y a sabiendas de todos, el Penal de Tacumbú se convirtió en un centro desde donde operaban grupos criminales planeando asaltos y distribuyendo estupefacientes”, declaró en rueda de prensa el presidente Peña tras la operación, que consideró “histórica”.

Por su parte, Martens aseguró que “es absurdo hablar de que el Estado recuperó el poder de un lugar que es del Estado y que estuvo 60 días en manos de un clan criminal. Es delirante que celebren la detención de alguien ya encarcelado”. El especialista criticó que no haya un plan de medio y largo plazo para la población penitenciaria y para la mejora del sistema judicial, el cual depende del Partido Colorado, el mismo que gobierna desde hace 75 años, con una sola interrupción entre 2008 y 2013.

“Hace años que había que sacarlo. Pero lo hacen así, de forma populista, porque no hay un plan para que no haya nuevos Rotelas”, añadió Martens, quién mencionó su preocupación por los destinos a donde están siendo trasladados los 700 internos removidos de Tacumbú. “La gente de los demás penales está angustiada. Ahora se van a reconfigurar todos los espacios por los que tuvieron que pagar”, avisa.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva diez años advirtiendo a Paraguay de que la sobrepoblación de las prisiones aumenta la inseguridad y facilita la aparición de grupos delictivos, como ocurrió en Brasil, Honduras y El Salvador.

“El crimen organizado en América tiene su formación y su historia en los penales sin condiciones mínimas, con violaciones graves a los derechos humanos, con autogobierno, elementos que se reproducen cada vez más en Paraguay”, profetizó en una visita a Paraguay en 2014 el entonces relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad de la CIDH, James Cavallaro.