Terremoto en el fútbol boliviano por denuncias de corrupción

La reciente denuncia de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) sobre la existencia de una “red de corrupción” de dirigentes, árbitros y jugadores ha producido un terremoto en el fútbol boliviano. La FBF presentó a la fiscalía un conjunto de pruebas, que sus titulares han calificado como “contundentes”. Al mismo tiempo, algunos dirigentes quieren poner paños fríos a la situación. Se apoyan en las dificultades que han aparecido para probar la culpabilidad de algunos sospechosos de arreglar partidos y piensan que la denuncia fue “apresurada”. También se libra una batalla entre clubes sobre el futuro de los campeonatos que se han estado jugando este año.

El fútbol boliviano se halla paralizado desde que el 30 de agosto su presidente, Fernando Costa, hiciera explotar una bomba en una conferencia de prensa: había visto material “gravísimo” que indicaba una trama de corrupción en los principales campeonatos que se disputaban en el país. Costa no dio nombres pero apuntó a dirigentes, árbitros y jugadores. Uno de los consejos superiores de esta institución, el de la primera división, vio las evidencias y determinó suspender los certámenes en curso Todos contra Todos y Torneo de la Copa 2023, porque entendió que algunos de los partidos que se jugaron en ellos fueron amañados.

Para impedir que Bolivia quede fuera de los circuitos internacionales, se jugará un “campeonato exprés” en los siguientes meses, que permitirá la clasificación de los clubes a las copas sudamericanas. También servirá para el descenso de los clubes menos competitivos.

Estas soluciones se han topado con las objeciones de algunos equipos. The Strongest, que estaba en la punta en los campeonatos cuestionados, votó en contra de la suspensión, por los perjuicios que esta decisión le causará. Además, pide que la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) revise la decisión. Otros clubes tampoco están de acuerdo con lo adoptado. El año pasado el campeonato Clausura también fue anulado, en esa ocasión a causa de los conflictos políticos del país. Extraoficialmente, algunos dirigentes creen que ciertos clubes se están aprovechando de los problemas que van apareciendo para suspender certámenes y así impedir que sus rivales ganen o que ellos desciendan de la primera división.

Parte de las pruebas de la FBF se ha conocido. Los medios reprodujeron un audio que capta la conversación entre Marco Rodríguez, presidente del club Vaca Díez, que acaba de ascender a la división profesional, y el árbitro Gaad Flores. “En el partido tienen que haber cinco goles, indistintamente de quién sea. Es importante que haya tres en el primer tiempo. Podés cobrarnos penal a nosotros, no te preocupés. Que nos hagan esos tres goles en el primer tiempo”, explica el dirigente al árbitro.

“Ya, perfecto, doc... ¿Con Nacional usted ya ha hablado? “, contesta la otra persona, que los portales deportivos identificaron como el árbitro Flores. Se refiere a Nacional Potosí, otro equipo profesional, que el 16 de agosto venció 5-0 a Vaca Diez, bajo el arbitraje de Flores. En el audio, el dirigente responde que sí, que los de Nacional Potosí están enterados y menciona al arquero de este plantel, Saidt Mustafá. Aunque acepta que perder por “muchos más goles” será un “golpe duro”, afirma que es la única forma de “recibir más” dinero.

Luego de que la grabación se conociera, el dirigente Rodríguez pidió licencia de la presidencia de su club. Señaló que lo hace “con la frente en alto” y para evitar daños a la reputación del equipo. Por su parte, el árbitro involucrado declaró que fue él quien grabó la conversación con Rodríguez y que lo hizo con la intención de denunciar el delito a la comisión de arbitraje del país. También aseguró que no había recibido dinero y que había dirigido correctamente el partido. El Consejo pidió la destitución de esta comisión de árbitros, compuesta por Alejandro Mancilla, Wilson Estrada y Juan Carlos Cardozo. Se sospecha que estaban al tanto de los arreglos, lo que ellos negaron.

Además, se conoció otro audio en el que se alude al réferi Orlando Quintana, quien también se declaró inocente. Y el club Independiente Petrolero hizo conocer que sospechaba de la ética de cuatro jugadores, pero que no tenía pruebas suficientes para revelar su identidad.

Otro presidente de club que ha hecho noticia ha sido Marcelo Claure, un empresario boliviano que vive en Estados Unidos y que, según escribió en una red social, ha invertido “millones de dólares” en Bolívar, uno de los equipos más importantes del país. “Si no veo una reestructuración total del fútbol boliviano”, posteó el millonario, “y que se limpie toda esta corrupción, se acabó el proyecto Bolívar para mí y seré el primero en irme de Bolivia y no invertir más”.

Claure pide que se traiga árbitros nuevos, “preferiblemente de fuera”, que se prohíba las apuestas sobre el fútbol boliviano y que se expulse a todos los que estén involucrados en los engaños. También pide reducir el número de equipos de la primera división a 12 (actualmente son 17) y trasparentar las finanzas de los clubes. Pero el tono de sus comunicaciones es pesimista: “No sé si es posible volver a jugar sin saber quién está comprado”, señaló.

El Consejo Superior del fútbol boliviano determinó exigir a la empresa Sport Tv Rights, que comercializa los eventos deportivos en Bolivia, que retire la licencia de apuestas de su empresa Betting Rights. Esta ha sido vinculada al arreglo de partidos. Si la empresa televisiva no hace lo que le piden, la FBF pondrá una demanda legal en su contra.