Brindar con conciencia: el otro lado del impuesto al licor

En Colombia, tomarse un trago nunca ha sido solo cuestión de gusto. Es un gesto social, un acto identitario, una forma de reconocerse entre otros. Pero en los últimos meses ese gesto ha comenzado a adquirir un matiz peligroso. El consumo de licor ilegal, muchas veces impulsado por el aumento de impuestos, está dejando un saldo de tragedias que el país no puede seguir ignorando.

El caso más reciente ocurrió en Barranquilla, donde al menos quince personas murieron después de beber un alcohol artesanal contaminado con metanol, una sustancia altamente tóxica. Detrás del suceso hay una cadena de causas: el contrabando, la adulteración, la falta de controles, y sobre todo, un sistema tributario que, sin querer, termina incentivando la producción y el consumo de bebidas fuera del mercado legal.

Hoy, el 22% del licor que se consume en Colombia es ilegal. No se trata de una cifra abstracta, sino de botellas sin control sanitario, fabricadas en talleres clandestinos, vendidas a precios irrisorios y consumidas con la falsa confianza de quien solo busca celebrar. En departamentos como Cundinamarca, las autoridades han incautado más de 14.000 unidades de licor adulterado en lo que va del año, junto con etiquetas y estampillas falsas destinadas a imitar productos reconocidos. Cada una de esas botellas es un riesgo directo para la salud pública.

El debate sobre el impuesto al licor, por tanto, no es solo económico. También es moral, cultural y sanitario. La industria formal genera más de 200.000 empleos y aporta alrededor de 20 billones de pesos a la economía nacional, según Oxford Economics. Elevar los impuestos sin mecanismos de compensación puede parecer una medida fiscal razonable, pero en la práctica empuja a millones de consumidores hacia un mercado negro que no paga tributos, no ofrece garantías y pone en riesgo vidas.

Y hay algo más profundo: el trago forma parte de nuestra conversación cultural. El aguardiente en Antioquia o el Eje Cafetero es símbolo de orgullo y pertenencia; el whisky en el Caribe acompaña las fiestas vallenatas y el Carnaval de Barranquilla. No es solo licor: es un lenguaje compartido. Por eso, cuando los precios se disparan o cuando la ley no distingue entre lo responsable y lo ilícito, lo que se ve amenazado no es solo el bolsillo, sino también una parte de la identidad colectiva.

El camino no está en desregular ni en prohibir, sino en equilibrar. Regular con inteligencia. Gravar sin ahogar. Fomentar una cultura del consumo informado: leer etiquetas, verificar sellos, desconfiar de precios demasiado bajos, comprar en lugares autorizados. Beber sabiendo. Porque la legalidad no solo protege el fisco: protege la vida.

Desde Prolicores creemos que el país necesita ampliar la discusión. Hablar de impuestos al licor es hablar de salud pública, de empleo, de cultura y de responsabilidad ciudadana. Cada vaso servido debe ser un acto consciente, parte de un círculo virtuoso en el que todos —autoridades, productores y consumidores— asumamos nuestra parte.

Que no sea el precio el que defina lo que bebemos, sino la confianza. Y que el próximo brindis no sea por la imprudencia ni por la pérdida, sino por la certeza de que en Colombia, beber bien también significa vivir mejor.

Asociación de Productores Internacionales de Licores y Promotores del Desarrollo de la Industria