El malhadado accidente del Hércules

¿Cómo así que nadie responde por el aterrador accidente en Puerto Leguízamo (Putumayo) en el que 6 integrantes de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, 61 del Ejército Nacional y 2 de la Policía Nacional murieron, porque se le había hecho el “mantenimiento ordinario” al avión? Luis Emilio Bustos, alcalde de la población, no descarta que la dimensión de la pista corta haya influido en el evento. Agregó que la nave “golpeó primero la parte de atrás”. Por otra parte, Estados Unidos había expresado preocupación por el mantenimiento del Hércules.

El presidente Gustavo Petro politizó la situación tan pronto se enteró del terrible accidente, al acusar a su antecesor por haber “en el año 2020 comprado una chatarra”. Señala que el Gobierno de Iván Duque es responsable por haber adquirido aviones con más de 40 años de servicio. Pero no es cierto, porque la nave en cuestión fue donada por los Estados Unidos. Además, el general Carlos Fernando Silva Rueda, actual comandante de la Fuerza Aérea, le aclaró al presidente los hechos relacionados con el accidente, para no decir que lo rectificó. Ojalá que no lo llamen a calificar servicios.

Nos hemos acostumbrado a que todo lo malo que pasa en Colombia es culpa de alguien que no es el Gobierno. Se hacen bloqueos en ciudades y en carreteras sin que la Administración acepte responsabilidad alguna y todos los días se producen asesinatos de militares, para no mencionar los secuestros.

El país necesita respuestas claras de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, no comunicados políticos. Merece saber si hubo fallas humanas, pero también si hubo fallas estructurales, si el problema fue un error puntual o una cadena de negligencias silenciosas. Señalar al Congreso como responsable de la tragedia por no haber aprobado la reforma tributaria de marras es una infamia. Lo verdaderamente grave no es un accidente aislado, sino la posibilidad de que las condiciones que lo hicieron posible sigan intactas.

Protestar por el mantenimiento no es un acto de oportunismo ni de deslealtad institucional; es, por el contrario, una exigencia de respeto por quienes vuelan y por quienes dependen de esos vuelos. La primera reacción, inevitable y necesaria —obvio— es la solidaridad con las familias de las víctimas, con los compañeros de la tripulación, con una Fuerza Pública que, más allá de cualquier crítica, arriesga la vida en condiciones difíciles. Lo que sigue es establecer la verdad de los hechos.

Hay que resolver si el país está dispuesto a invertir en operaciones militares, pero sobre todo ser celoso en el mantenimiento. Parecería ser que la mayoría de los candidatos están dispuestos a comprometerse en ello. Preservar la vida de los militares identificando la necesidad de distinguir entre la seguridad y el riesgo. Hay que hacerle seguimiento a las investigaciones respectivas, evitar que la memoria se diluya. Una cosa es morir en combate y preservar la condición honrosa de ser héroes nacionales con un accidente fatal como el que comentamos en esta columna, por razones diferentes a las acciones de los grupos criminales que azotan al país. No se puede voltear la página simplemente lamentando la tragedia.