Un salario mínimo único en un país desigual

Un aumento salarial de 23,7% en un año en el que la inflación fue apenas 5,1% parece una victoria indiscutible para los trabajadores y un reto de gran magnitud para las empresas. Pero esa cifra plantea una pregunta de fondo que trasciende la pugna distributiva: ¿puede un salario mínimo único cumplir la promesa de ser “vital” en un país donde las condiciones económicas varían tanto entre regiones?

El llamado “salario mínimo vital” no es una invención reciente: está consagrado en el artículo 53 de la Constitución, que ordena que el salario mínimo sea suficiente para garantizar condiciones dignas de vida. Lo debatible no es el principio, sino cómo traducirlo en una cifra concreta. Sin embargo, una política pública no se evalúa solo por sus intenciones, sino por su coherencia interna. Si el objetivo es garantizar bienestar real, el indicador relevante no es el salario nominal, sino su poder adquisitivo.

Y ese poder adquisitivo no es uniforme en Colombia. El costo de la canasta básica varía entre ciudades. Mediciones de precios comparables muestran diferencias de varios puntos porcentuales entre los principales mercados urbanos. Barranquilla y Bucaramanga, por ejemplo, presentan canastas alrededor de 6% más costosas que Cali. Cuando se incorporan ciudades pequeñas y zonas rurales, la dispersión de precios es aún mayor. Un salario idéntico produce resultados distintos según el lugar donde se gaste.

Este hecho tiene implicaciones directas para la política salarial. Un salario mínimo nacional único supone que el mismo ingreso garantiza condiciones similares en todo el territorio. Sin embargo, la evidencia indica lo contrario: el mismo salario resulta relativamente bajo donde la canasta es más costosa y relativamente alto en regiones donde los niveles de ingreso y productividad son menores.

Este último punto es crucial y suele ignorarse. Las regiones con mayor productividad tienden a tener salarios promedio más altos y también un mayor costo de vida. En regiones con menor productividad ocurre lo contrario: salarios promedio más bajos y precios relativamente menores. Un salario mínimo uniforme ignora esa correspondencia. Para una región de baja productividad puede convertirse en un piso demasiado alto en relación con su estructura económica, lo que eleva los costos laborales formales y dificulta la contratación. Para una región de mayor ingreso, el mismo mínimo puede resultar insuficiente para cumplir el estándar de vida que se pretende garantizar. La uniformidad, lejos de ser neutral, genera efectos opuestos según el contexto regional.

Desde esta perspectiva, el problema —además del tamaño del aumento reciente— es de diseño institucional. Si el criterio rector es que el salario mínimo permita adquirir una canasta digna, debería definirse en relación con su costo. Y si ese costo varía entre territorios, el salario mínimo también debería hacerlo. Mantener un valor único mientras se invoca el principio del salario vital introduce una inconsistencia lógica: se adopta un objetivo real, pero se utiliza un instrumento nominal uniforme.

La regionalización del salario mínimo —o al menos la introducción de ajustes territoriales— no es una propuesta extravagante. Existen esquemas comparables en distintos países que diferencian salarios mínimos según región, sector o nivel de desarrollo.

El argumento económico es directo: un salario mínimo uniforme genera inequidades reales cuando existen diferencias regionales en precios y productividad. Un mismo nivel nominal no produce el mismo bienestar. A esta inconsistencia distributiva se suman efectos laborales previsibles: si el mínimo excede la productividad local, tienden a aumentar el desempleo y la informalidad; si queda por debajo del costo de vida, se debilita su capacidad de protección.

El salario mínimo es una institución que busca traducir un principio moral en una regla económica. El principio es claro: quien trabaja debe poder vivir dignamente. La dificultad está en la regla. En un país heterogéneo, la igualdad nominal no garantiza igualdad real. Tal vez la discusión relevante no sea cuánto debe subir el salario mínimo, sino cómo debería diseñarse para cumplir el objetivo que se le atribuye. Porque si la meta es asegurar un ingreso vital, la pregunta decisiva no es si el salario mínimo es alto o bajo. Es si puede ser único.