Colombia responde a Ecuador con la suspensión de las exportaciones de energía eléctrica

Las relaciones comerciales entre Colombia y Ecuador se siguen tensando. Este jueves, el ministro colombiano de Minas y Energía, Edwin Palma, ha anunciado que el país suspenderá indefinidamente la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de las seis de la tarde de este jueves. “Cumplimos el mandato del presidente: proteger el interés nacional, la soberanía energética y la dignidad de nuestro país”, escribió en la red social X. El también líder sindical ha comunicado la medida un día después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, anunciara la imposición de un arancel del 30% a los productos colombianos, argumentando “falta de reciprocidad y acciones firmes” en materia de seguridad por parte del Gobierno de Gustavo Petro.

El jefe de la cartera energética ha aclarado que no se trata de una decisión contra el pueblo ecuatoriano, sino de una respuesta política frente a la conducta del Gobierno vecino. A través de un comunicado de la entidad, Palma recordó que el país ha sido históricamente solidario con el pueblo ecuatoriano, incluso en momentos de estrechez energética y condiciones climáticas adversas. “El año pasado, aun atravesando una fuerte sequía, Colombia fue solidaria con Ecuador y garantizó energía cuando su población enfrentaba apagones de hasta 14 horas. Hoy, ante decisiones arbitrarias y unilaterales, debemos actuar con firmeza para defender la dignidad y la soberanía”, añadió.

Pese a que las ganancias por las exportaciones descendieron un 52% el año pasado, el 8% del total de la energía eléctrica que importa Ecuador, que estuvo cerca de un apagón generalizado, provino de Colombia. La venta de electricidad representa la partida de mayor valor de las exportaciones colombianas hacia Ecuador, y es clave ante las dificultades en el abastecimiento. La matriz energética de los dos países depende, en gran medida, de las hidroeléctricas, instalaciones que aprovechan su riqueza hídrica, pero que los dejan vulnerables ante las sequías. Por tanto, cuando el fenómeno de El Niño acecha, y con energías renovables que no terminan de despegar, el abastecimiento eléctrico queda en riesgo.

Mientras Bogotá miraba hacia Washington, atenta a la posible imposición de aranceles ante las reiteradas amenazas de Donald Trump, la medida provino de un país fronterizo. Según anunció Noboa desde Davos (Suiza), donde participa en el Foro Económico Mundial, las tasas empezarían a aplicarse a partir del 1 de febrero. Colombia ha rechazado la decisión y ha hecho un llamado a su vecino para que desista de la imposición, que considera contraria a la normatividad de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) —un organismo económico internacional conformado por Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú—, cuyo ordenamiento jurídico establece el principio de libre comercio comunitario y la prohibición de imponer gravámenes comerciales. Así lo señala la nota de protesta enviada por la Cancillería colombiana al Gobierno de Novoa.

Sin embargo, faltan unos días para que entre en vigor, y la Administración de Petro aún tiene un margen de negociación. En ese sentido, la Cancillería liderada por Rosa Villavicencio ha expresado su disposición “para abordar esta situación a través de un diálogo bilateral y constructivo”. El mismo ministro, al anunciar la medida, dejó abierta la puerta del diálogo: “Confiamos en que las vías diplomáticas y el diálogo franco permitan superar rápidamente las diferencias entre dos pueblos hermanos”, dijo Palma. Sin embargo, la vía diplomática aún no se ha abierto.

Por el contrario, la ministra de Ambiente y Energía de Ecuador, Inés Manzano, luego del anuncio de su homólogo colombiano, respondió en X con otra advertencia: “La tarifa de transporte del crudo colombiano por el OCP tendrá la reciprocidad recibida en el caso de electricidad”, haciendo referencia al Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), que recorre la Amazonía ecuatoriana y por el que Colombia transporta crudo de manera eficiente hacia el Pacífico, a través del puerto de Esmeraldas. De aplicarse la medida, el transporte de crudo tendría un mayor costo para el país. “Ecuador prioriza su seguridad en fronteras, su balanza comercial, así como su seguridad energética”, afirmó la ministra.

Aunque el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, mencionó el déficit comercial entre ambos países, que supera los 1.000 millones de dólares anuales, y que beneficia a Colombia, el principal argumento que esgrimió para explicar su decisión es la falta de cooperación por parte de las autoridades colombianas para combatir el narcotráfico y la minería ilegal. “Mientras hemos insistido en el diálogo, nuestros militares siguen enfrentando a grupos criminales atados al narcotráfico en la frontera sin cooperación alguna”, dijo Noboa desde Davos.

En la frontera colombo-ecuatoriana hacen presencia los Comandos de la Frontera, uno de los grupos disidentes de las extintas FARC, que en mayo de 2025 tuvieron un enfrentamiento con la Fuerza Pública de ese país, en el que murieron once militares ecuatorianos. Ese grupo disidente ha ido tomando fuerza en los departamentos amazónicos fronterizos con Ecuador y Perú, extendiendo su red de milicias, rutas de narcotráfico y lavado de activos.

La primera reacción de la Cancillería colombiana fue destacar, mediante un comunicado, las reuniones, ejercicios y operaciones militares que se han hecho de forma conjunta, y que “derivaron en 39 deportaciones, 25 capturas por orden judicial y el rescate de 7 personas”. El Ministerio de Exteriores señaló que las incautaciones de cocaína en los municipios fronterizos con el Ecuador han aumentado un 36,7%, y que el país ha capacitado a 3.891 policías ecuatorianos en la lucha contra el narcotráfico. De acuerdo con la nota de protesta que envió el Gobierno colombiano posteriormente, esta disputa comercial “afecta principalmente a los sectores productivos de ambos países”, mientras que “favorece el contrabando y la irregularidad, y desdibuja el espíritu de integración que rige la relación bilateral”.