“Lideraban una asociación criminal para corromper a congresistas”: la Fiscalía solicita la prisión domiciliaria para los exministros Velasco y Bonilla

Los exministros Luis Fernando Velasco (Interior) y Ricardo Bonilla (Hacienda) han sido imputados este lunes por su presunta participación en el mayor caso de corrupción que enfrenta el Gobierno de Gustavo Petro, relacionado con la desviación de contratos de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo. La Fiscalía les atribuye los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar u ofrecer dádivas a congresistas a cambio de respaldo en el Congreso. La fiscal del caso, María Cristina Patiño, también ha pedido a la magistrada del Tribunal Superior de Bogotá encargada del trámite de imponer la detención domiciliaria a los dos exfuncionarios mientras avanza el proceso.

Aunque Velasco y Bonilla se declaran inocentes, la Fiscalía ha insistido en una audiencia que ha tomado todo el día en su argumento que fueron el cerebro del entramado. El antiguo jefe de la cartera de la política, un veterano político de origen liberal, aseguró que presentará una versión distinta a la que han defendido los testigos clave de la Fiscalía. “Yo espero, con el mayor respeto, señora fiscal, que cuando nos escuche pueda confrontar lo que les han dicho a ustedes porque el país solo ha escuchado una voz”, dijo en su intervención virtual. Bonilla, quien llegó en taxi a la diligencia, también defendió su actuar. “Cumplí cabalmente mis funciones como ministro de Hacienda, cumplí la Constitución y la ley. Tengo la certeza de no haber cometido ningún delito y defenderé mi inocencia”, dijo el economista.

Según la Fiscalía, entre mayo de 2023 y febrero de 2024 los exministros hicieron que se direccionaran dineros públicos desde la UNGRD y el Instituto Nacional de Vías (Invías) hacia contratistas designados por varios congresistas para asegurar mayorías legislativas para el Gobierno de Gustavo Petro. La imputación indica que el entramado impulsó 79 contratos por 612.000 millones de pesos, aunque solo siete llegaron a adjudicarse. Los beneficiados, según los señalamientos, serían miembros de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público, así como de las comisiones Primera y Séptima del Senado y Tercera y Cuarta de Cámara y Senado. Uno de los hechos documentados corresponde a tres contratos del Invías en municipios de Bolívar, Córdoba y Arauca, que habrían sido gestionados a través del senador Julio Elías Chagüi, del independiente Partido de La U.

Velasco, según el ente acusador, fue el principal articulador político: intervino en la selección de los congresistas beneficiados, definió montos y priorizó las obras que debían aprobarse para mover los recursos. Esa coordinación, explicó la fiscal del caso, se deba en reuniones periódicas con otros funcionarios, en las que revisaba los avances y discutía cómo asegurar las mayorías para el Gobierno. “En las reuniones se tomaron decisiones relevantes sobre temas presupuestales y ejecución de recursos de programas como Hambre Cero, como fundamento en la necesidad de atender emergencias y recuperar infraestructura”, explica la fiscal.

En la audiencia, la Fiscalía presentó parte del material que obtuvo en su investigación, que incluye interceptaciones telefónicas y conversaciones de WhatsApp, con los que reconstruyó una reunión celebrada el 27 de febrero de 2024 en la Casa de Nariño. Según los investigadores, Velasco lideró el encuentro en el que participó el prófugo Carlos Ramón González, entonces director del Departamento Administrativo de la Presidencia. En esa cita, el también presidente del partido Alianza Verde habría dado instrucciones para ofrecer contratos a varios congresistas. El excompañero del presidente Petro en la guerrilla del M-19 salió del Gobierno tras el estallido del escándalo y posteriormente viajó a Nicaragua, donde hoy se protege de una circular roja de Interpol.

La reconstrucción se origina en las declaraciones de Olmedo López, exdirector de la UNGRD y quien se convirtió en testigo de la Fiscalía tras aceptar su responsabildiad. El político de izquierdas y su exsubdirector y también delincuente confeso, Sneyder Pinilla, describieron reuniones en la Casa de Nariño, instrucciones para asegurar apoyos legislativos y conversaciones sobre “cupos” y asignaciones para congresistas específicos. “En las reuniones entre los ministros y los directivos de la UNGRD se hablaba también de ‘cerrar las puertas’ de algunos congresistas que no estaban respaldando al Gobierno”, dijo la fiscal Patiño durante la diligencia.

Entre otros episodios. López ha señalado a Bonilla de dar la instrucción de firmar los tres contratos por 92.000 millones de pesos que beneficiarían al senador Chaguí. Para justificar el uso de recursos de la UNGRD, los municipios debieron declarar calamidades inexistentes con el fin de dirigir los contratos hacia los proponentes que, afirma la Fiscalía, estaban previamente acordados con los legisladores.

Aunque todos coinciden en que el entramado se dio a espaldas del presidente, el caso ha afectado la bandera anticorrupción que ondeó el mandatario de izquierdas por décadas. En mayo fueron capturados dos congresistas mencionados: el liberal petrista Andrés Calle, presidente de la Cámara para la época de los hechos, e Iván Name, entonces presidente del Senado, aliado y copartidario de González y fuerte crítico de Petro. La justifica los acusa de recibir dádivas a cambio de impulsar las reformas sociales del Ejecutivo, compromisos políticos que eran parte esencial del engranaje de corrupción, según la Fiscalía.

La exconsejera presidencial Sandra Ortiz, muy cercana a Name, también fue enviada a prisión preventiva en diciembre de 2024 por su supuesto rol como intermediaria entre funcionarios del Gobierno y los congresistas beneficiados. Ortiz ha negado cualquier participación en un expediente que se sigue ampliando y que la fiscal Patiño, al cierre de su intervención, calificó de ser una “empresa criminal” liderada por Velasco y Bonilla.