Las reformas del Gobierno que quedan a la deriva por la feroz pelea entre Petro y el Congreso

La feroz pelea entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso de la República por el hundimiento de la reforma laboral ha dejado a la deriva otros proyectos de ley de Ejecutivo, que avanzaban poco a poco en el Senado y en la Cámara de Representantes. Es incierto el destino de la jurisdicción agraria, de la reforma a la salud, de la reforma a la justicia o de la ley de educación. El Gobierno ha priorizado la consulta popular, las movilizaciones en la calle y la gobernanza por medio de decretos, sobre el trámite legislativo de grandes promesas de campaña. Petro ha entrado en modo campaña mucho antes de lo previsto y parece haber escogido al Congreso como un gran enemigo. En la noche de este jueves, en un discurso público, anunció con claridad su deseo de ignorarlo: “Las reformas tienen que implementarse de inmediato. No vamos a esperar al Congreso, porque no lo necesitamos. Porque se pueden hacer bajo las actuales leyes, solo se necesita audacia y decisión”.

Estas palabras del presidente de la República se suman a sus ataques a los congresistas. Al dirigirse a los marchantes del pasado martes en la Plaza de Bolívar de Bogotá, arremetió contra los ocho senadores que minutos después hundirían su proyecto para recuperar los derechos de millones de trabajadores. “El Congreso de Colombia le está dando la espalda al pueblo. Cuando instituciones enteras no pueden comprender su propio pueblo, no pueden comprender sus necesidades mínimas”, dijo ante miles de ciudadanos que lo escuchaban con ilusión. “Están en contra de la realidad misma, viven en una fantasía etérea y hay que sacarlos de ahí porque no nos sirven”. Insistió con furia: “Los parlamentarios han traicionado al pueblo de Colombia y lo han hecho por la codicia”, “ya no tienen sentimientos”. Finalmente, hizo una advertencia frente a la votación que debe realizar el Senado frente a la anunciada consulta: “Cada senador debe recordar que es un representante del pueblo y debe obedecerlo. De no ser así, se cree tirano sobre el pueblo que representa. Entonces el pueblo lo sacará del Congreso, como tiene que ser”.

Esas declaraciones han generado malestar entre los congresistas. El conservador Efraín Cepeda, presidente del Senado, ha defendido la independencia del Legislativo. “La única manera de que un senador no vuelva es que no se presente en el siguiente periodo o que no saque los votos. Pero es peligroso hablar de golpe de Estado. El golpe de Estado no es solo tumbar al presidente, sino tratar de tumbar a un Congreso legítimamente elegido por 22 millones de votos”, dijo ante la plenaria del Senado. A esa discusión entre dos políticos que llevan meses subiendo de tono, se sumaron las palabras del ministro del Interior, el exsenador Armando Benedetti, quien después de perder la votación en la Comisión Séptima señaló que el Congreso no será su prioridad. “No nos importa si se hunde o no se hunde la reforma laboral en el Congreso, ya el presidente de la República con sus ministros han tomado la decisión de una consulta popular”, dijo en la marcha.

El problema es que en la consulta no se incluirán temas de varias reformas importantes que parecen abandonadas, o al menos el Gobierno no lo ha anunciado. Benedetti dijo este viernes que espera presentar la propuesta formalmente en los primeros días de abril y que tendrá entre 10 y 12 preguntas, algunas relacionadas con la jornada laboral nocturna, el salario de los aprendices del SENA y los pagos de festivos y dominicales. No aclaró si incluirá asuntos de la reforma a la salud, como anunció inicialmente Petro, ni se ha abierto la puerta a que se añadan puntos de otros proyectos que ya han superado sus primeros debates legislativos y que ven esfumarse sus posibilidades de ser aprobados entre más tiempo pase y más se deteriore la relación entre el presidente y el Congreso.

Uno es la reforma a la salud, aprobada en la Cámara de Representantes hace unos días. Debería ser radicada la próxima semana en la Comisión Séptima del Senado, la misma donde se hundieron la reforma laboral y la primera versión de la de la salud. Sin embargo, no es claro si el Gobierno decidirá retirar el proyecto para evitar una segura derrota legislativa, y buscará implementarla por decreto o incluirlo en la consulta.

Otra es la jurisdicción agraria, que lleva más de tres meses estancada pese a que tiene mensaje de urgencia desde 2024 y a que fue aprobada con mayorías absolutas por las comisiones primeras de Senado y Cámara. Sin la voluntad decidida del Ejecutivo, no se ha definido siquiera las fechas de las sesiones para reanudar el debate. Se trata de un proyecto vital para cumplir la gran promesa de reforma agraria, que además aterriza una reforma constitucional y una ley estatutaria que aprobó el Congreso tras grandes esfuerzos.

Algo similar pasa con la reforma a la justicia, aprobada por el Senado a finales del año pasado. El Gobierno no ha mostrado mucho interés en que avance en la Cámara, donde le es más fácil tener mayorías. Esto motivó a varias organizaciones que han participado en la construcción del proyecto, como el Laboratorio de Justicia y Política Criminal, la Corporación Humanas y Dejusticia, a emitir un comunicado en el que exigen que se reanude la discusión. “La reforma a la justicia es urgente y no debe quedarse estancada”, decían. El comunicado fue emitido en enero y no hay fechas para la discusión del proyecto.

La reforma a la educación, que busca modificar dos artículos de la ley 30, también fue aprobada en el primer debate en la Cámara con la participación de todos los partidos. El proyecto, que podría tender puentes entre oficialistas y opositores, tampoco se ha vuelto a agendar. El presidente no lo volvió a mencionar y el Ministerio de Educación parece haberlo dejado en un segundo plano. La reforma busca corregir el histórico desfinanciamiento de las universidades públicas.

Esta semana será clave para entender si el Gobierno está dispuesto a insistir en estas reformas y a negociar con las bancadas que no son de la coalición, o si apuesta todo su capital político a la consulta popular.