El Gobierno de Petro encara su recta final con deudas en la política de drogas

Para un país como Colombia, la política de drogas no es solo un asunto más. Y lo que hace Colombia importa para la región y para el resto del mundo. Atraviesa la economía, la seguridad, la paz y la estabilidad. Tras décadas de un enfoque de prohibición y castigo, en 2022 recibimos con entusiasmo las promesas de Gustavo Petro de dar un vuelco a la política de drogas. Recién electo, el presidente habló de transitar a mercados regulados de drogas, de finalizar todo riesgo de perseguir a las familias campesinas, de descongestionar las cárceles. En resumen, de un viraje radical. El entonces candidato decía en su plan de gobierno que cambiaría “el paradigma de la guerra contra las drogas por el de la regulación” y que garantizaría “la reparación integral de las víctimas”. Sin embargo, tras dos años y medio de Gobierno, con solo uno y medio restantes, hay muchas dudas sobre los avances.

Era ingenuo creer que en cuatro años se podrían revertir décadas de guerra contra las drogas y que, en medio de un contexto adverso de recrudecimiento del conflicto, dispersión de actores armados y pujas por el mercado global de drogas, se podrían lograr enormes transformaciones. Hay al menos tres aspectos especialmente relevantes: incorporar un enfoque de derechos humanos en la Política Nacional de Drogas, introducir alternativas al encarcelamiento para mujeres vulnerables y cuidadoras, y las enormes deudas con la población campesina que vive de la coca.

En 2023 se adoptó una Política Decenal de Drogas, que constituye una hoja de ruta en la materia para los próximos diez años en el país. Por primera vez se fundamenta en los derechos humanos e incluye explícitamente la aplicación de las directrices internacionales sobre Derechos Humanos y Política de Drogas en su implementación. Las directrices abordan un catálogo de derechos afectados, desde el cultivo hasta el consumo, estableciendo medidas que los Estados deben o no deben adoptar para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Pero los gobiernos cambian, y no es claro que las políticas ahí plasmadas tengan suficientes avances o protecciones como para que sus metas no se conviertan en letra muerta en un próximo gobierno.

En segundo lugar, está la Ley de Utilidad Pública, que podría servir de modelo para otros países que enfrentan situaciones similares. En Colombia, como en muchos países de la región y del mundo, un porcentaje significativo de las mujeres detenidas están encarceladas por delitos menores, no violentos o asociados con drogas; y muchas son las principales cuidadoras y proveedoras de sus hogares. Esa ley permite, a quienes sean cabeza de hogar, cumplir la pena prestando un servicio social fuera de la cárcel, e incluye los delitos de drogas, cuando, a menudo, las alternativas al encarcelamiento son excluidas o limitadas en esos delitos.

Así, esta ley tiene el potencial de beneficiar a miles de familias, demostrando que hay una ruta distinta a la cárcel, y que el país puede ir a la vanguardia de modelos innovadores en la política criminal. Además, la experiencia demuestra la importancia de involucrar a las poblaciones directamente afectadas en el diseño e implementación de estas políticas. La ley se ha beneficiado de una activa participación de Mujeres Libres, la principal ONG del país que defiende los derechos de las mujeres privadas de libertad o que pasaron por la cárcel, integrada por mujeres que han experimentado la privación de libertad. Sin embargo, a casi dos años de su aprobación, la aplicación ha sido limitada debido a sesgos dentro de la rama judicial, y las mujeres en libertad enfrentan barreras en el acceso a oportunidades dignas de educación y empleo.

En tercer término, está el tema de la coca, y con ella, el glifosato. En Colombia se asperjaron dos millones de hectáreas para eliminar los cultivos de coca. Esta estrategia, respaldada por una enorme presión de Estados Unidos, dejó enormes daños: a la salud del campesinado que residía en estas zonas, a los ríos y a la tierra, sumado al desplazamiento por la pérdida de ingresos, y una profunda fractura social. Si bien la práctica está suspendida desde 2015, no está estrictamente prohibida. Si el Gobierno de Petro, tal como lo anunció en campaña, se toma en serio los derechos de la población campesina, debería hacer todo lo necesario para prohibir el uso de agrotóxicos en las estrategias de reducción de cultivos ilícitos. En medio de una creciente tensión internacional para que Colombia reduzca sus hectáreas, este es uno de los pendientes más urgentes.

Para terminar, no podemos ignorar la enorme deuda con el asunto cocalero. Colombia vive el pico histórico de producción de hoja de coca, y múltiples crisis de seguridad por las disputas de los actores armados, entre otras cosas, por la producción de cocaína y las rutas del narcotráfico. Ejemplo de esto es la más reciente y aún activa crisis en la región nororiental de Catatumbo, limítrofe con Venezuela. Mediante el Acuerdo Final de Paz firmado en 2016, se creó un Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS), que prometía apoyar a alrededor de 200.000 familias cocaleras a transitar a actividades productivas legales y rentables. La efectiva implementación de estos programas garantizaría, como dictan las directrices, la protección al derecho a un nivel de vida adecuado y, sobre todo, que los esfuerzos para reducir la oferta de drogas no tengan como consecuencia llevar a la gente a padecer hambre o condiciones extremas. No ha sido el caso del PNIS, que ha comprobado ser un costoso fracaso, con demoras, incumplimientos y fallas generalizadas.

Tenemos entonces una apuesta de largo plazo que aún no se materializa, en la Política Nacional de Drogas; un experimento innovador en la Ley de Utilidad Pública; y una deuda inaceptable en la no prohibición del glifosato, mientras no hay ofertas viables para que la población cocalera pueda transitar a la legalidad. Los gobiernos van y vienen, y que el tiempo va corriendo en contra para que, al menos en estos tres temas, protejan los cambios necesarios y la amenaza de volver a una política de drogas represiva no sea tan inminente.

El 2025 es el año clave para la ejecución de la política de drogas que prometió Gustavo Petro. Ojalá los contados meses que quedan sean suficientes para introducir reformas que puedan proteger los derechos de quienes resultan más afectados por el paradigma de la prohibición.