El Gobierno convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para discutir la reforma a la salud

Una de las reformas más importantes para el Gobierno de Gustavo Petro acaba de recibir un nuevo impulso. El Ministerio del Interior ha emitido este sábado un decreto en el que convoca al Congreso a sesiones extraordinarias para seguir discutiendo, exclusivamente, la reforma a la salud, que se encuentra en debate en la plenaria de la Cámara de Representantes. Con el período ordinario de sesiones a punto de terminar, pues se cierra el 16 de diciembre de cada año, el Ejecutivo busca que ampliar las discusiones hasta el jueves 19 de diciembre, como señala la convocatoria, sea suficiente para que la propuesta legislativa sea aprobada por la Cámara. Es el único proyecto para el cual ha llamado al Congreso a trabajar esos días adicionales.

Se trata de una iniciativa que se ha convertido en una bandera muy significativa para el primer presidente de izquierdas de la Colombia contemporánea. Tras un primer intento muy sonado pero fallido, en septiembre volvió a presentar un proyecto para reformar de raíz el sistema de salud colombiano. A pesar de que el Gobierno anunció inicialmente que la nueva propuesta sería concertada con diferentes partidos políticos y actores del sector, tuvo pocos cambios frente a la propuesta rechazada por el Legislativo meses antes. Su corazón es eliminar a las Entidades Promotoras de Salud (EPS), las instituciones públicas o privadas que deben competir entre sí y asegurar la prestación de los servicios a sus afiliados, y fortalecer la centralización de los recursos del sistema en un fondo público.

Aprobada en el primero de sus cuatro debates por la comisión séptima de la Cámara, su avance en la plenaria ha sido lento, un síntoma negativo para el Gobierno y sus aliados. Tanto así que, si bien podría seguir su proceso en la Cámara en las sesiones ordinarias que reinician en febrero, el Ejecutivo ha preferido intentar que quede aprobada este año, para concentrar sus esfuerzos en 20205 en los dos debates del Senado, que se presumen más complejos porque las mayorías le han sido más esquivas en la cámara alta.

Que el Gobierno convoque a sesiones extras no es una sorpresa. Varias discusiones quedaron en vilo y es una práctica usual. La expectativa giraba en torno a qué proyectos de ley serían debatidos durante las sesiones extraordinarias. El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ya había dado pistas de que la reforma de su ramo estaría allí. El pasado jueves, al terminar una fallida sesión en la Cámara, señaló que los congresistas se debían reunir entre el martes y viernes. “Esos cuatro días son más que suficiente para que la Cámara pueda ya definir el proyecto. Yo soy muy optimista al respecto. Faltan cerca de 9 impedimentos, que se discutirán en la próxima sesión, y ahí inmediatamente comenzará la discusión, a la que le quedarán unos días para que sea suficientemente debatida”.

Junto a la reforma a la salud, dos se convirtieron en un tridente del Gobierno Petro para cambiar la seguridad social y el mundo del trabajo: la pensional, aprobada en el primer semestre, y la laboral, que ha avanzado poco a poco y ya pasó de la Cámara al Senado. La de salud, a la que Petro priorizó desde 2023 y la única que ha naufragado en el Congreso, es la que enfrenta un problema más agudo y notorio, pues el sistema de salud creado en 1993 ha entrado en una crisis que es señalada por todos los observadores y actores políticos, pero que también suscita un gran debate respecto a sus soluciones y a quién es su responsable.

El consenso es que las EPS gastan más dinero del que reciben del Estado para asegurar la salud de los colombianos. Este año ha estado marcado por la intervención estatal a tantas EPS que ya es hoy el Ejecutivo quien, por esa vía, administra la salud de la mayoría de los colombianos. En paralelo, otras EPS han anunciado su intención de retirarse del mercado. La esencia del proyecto de reforma actual convertirlas, bajo ciertas condiciones, en Gestoras de Salud y Vida, que ya no recibirán dinero, sino que coordinarían con diferentes instancias estatales cómo prestar los servicios y recibirían una comisión a cambio de ese servicio y el de auditar que los pagos que se hagan sean reales.