El fantasma de la corrupción ronda el manejo de la segunda ola invernal en el Gobierno Petro

Cuando llegan las lluvias a Colombia, el temor no se limita a los derrumbes y las inundaciones. También aparece el fantasma de la corrupción. El presidente Gustavo Petro ha anunciado que decretará la situación de desastre natural en el país, después de que las fuertes lluvias en la capital y en los departamentos de Chocó y La Guajira han dejado a cientos de familias en la calle. Es la segunda ola invernal que enfrenta el mandatario en dos años largos de Gobierno, y la primera dejó el peor escándalo de corrupción que ha enfrentado, uno por el que el presidente pidió perdón. El reto de Petro, en su segunda oportunidad, es abrir los paraguas para los damnificados sin que el dinero termine en los bolsillos equivocados.

En noviembre del 2022, el presidente anunció que destinaría 2,1 billones de pesos (unos 414 millones de dólares) para atender la emergencia climática, una ola invernal que, según dijo, era la peor en 40 años. El dinero provendría de distintas áreas y el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, lo dirigiría hacia la UNGRD, Unidad de Gestión de Riesgos y de Desastres, la institución con la responsabilidad de gestionar recursos de forma rápida para los municipios más afectados. Casi dos años después, en julio pasado, Petro pidió perdón ante el país por la forma en la que se manejó ese dinero. En medio de la ola invernal de entonces, nombró allí en la UNGRD un tradicional político de izquierda, Olmedo López, hoy investigado por la Fiscalía por corrupción. “Tengo que pedir perdón porque yo fui el que lo puse ahí”, dijo el presidente en su disculpa.

De acuerdo a López, y a su mano derecha Sneyder Pinilla, el dinero para la emergencia no solo fue dirigido a los damnificados sino también a varios congresistas, que así financiaron campañas de sus aliados en las elecciones locales del 2023. Pinilla confesó a la Fiscalía que le entregó 3.000 millones de pesos al entonces presidente del Senado, Iván Name, y 1.000 millones al entonces presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle. A cambio de este dinero, ha explicado Pinilla, estos legisladores debían ayudar a aprobar las tres grandes reformas sociales del Gobierno, a la salud, al sistema laboral y al régimen pensional. De las tres, solo la pensional se aprobó. Name y Calle, están siendo investigados por la Corte Suprema.

Adicionalmente, López y Pinilla aseguraron ante la Corte que fue el ministro Bonilla quien les exigió dirigir dinero de la UNGRD a los municipios que señalaron seis representantes—para justificar las transferencias, esos municipios debían declarar calamidades ambientales que no existían. Los congresistas pertenecían a la comisión legislativa que aprueba los créditos al Ejecutivo, por lo que la denuncia se entendió como una transacción de dinero por votos.

Aunque Petro ha dicho que cree en la inocencia de su ministro, el Gobierno sabe bien que el fantasma de la corrupción en la invernal es un problema Por eso Bonilla, formalmente investigado por el caso, confirmó este martes a los medios que será un ministro ad hoc quien se encargue de del manejo de recursos en esta ocasión. “Estamos examinando la fuente de los recursos, nos están pidiendo entre 300 mil millones y 1.2 billones”, ha dicho este martes. Ese ‘nos’ se refiere a Carlos Carrillo, nombrado por Petro para dirigir la UNGRD en mayo de este año, después de que se destapara el escándalo. El director dedicó sus primeras semanas a denunciar en redes que la UNGRD había sido saqueada, y ha dicho en los últimos días que la cifra que se maneje en esta segunda ola invernal será seguramente parecida a la de la primera ola.

“Sobre cómo asegurar que los recursos no se pierdan, pues ese tema perturba al país entero”, ha dicho Carrillo, admitiendo la presencia del fantasma. “Esta vez debemos cumplirle a los ciudadanos, y es clave el apoyo de los medios de comunicación y su veeduría, y también de los organismos de control”.

La corrupción de la UNGRD no la destapó el Gobierno, sino los medios de comunicación. Inicialmente señalaron los sobrecostos para la compra de carrotanques de agua potable para La Guajira, que nunca funcionaron. Aunque el Gobierno demuestra conciencia sobre la corrupción, las condiciones son las mismas que en 2022: para atender de forma rápida la emergencia, la UNGRD sigue teniendo la autorización de mover millonarios recursos con procedimientos laxos aunque ágiles; el gobierno mantiene el interés en pasar reformas en el Legislativo (ahora las de salud, laboral, justicia); los congresistas que las votan ya empiezan a pensar en las campañas para reelegirse en el 2026. Lo que cambió, dice el Gobierno, fue la cabeza de al UNGRD.

En mayo pasado, Carlos Carrillo dijo a EL PAÍS que la corrupción en la UNGRD es era endémica porque la institución que “contrata sin restricciones y con un presupuesto que podría considerarse infinito”. Eso sigue igual. Lo que cambió es el ordenador del gasto. “Yo no soy un político tradicional”, dijo entonces. “Digamos que la razón por la que el presidente me pone acá, creo yo, es porque me considera incorruptible. Quizá porque considera que soy una persona que va a hacer arder a quienes le ofrezcan un eventual soborno de 10 millones de dólares y los va a exponer en TikTok”. La segunda ola invernal es su oportunidad de probarlo.