Las autoridades atacan la explotación sexual infantil de los extranjeros con redes de investigación digital y altas condenas

El flagelo de la explotación sexual infantil en las calles de Medellín sigue siendo una sombra para las autoridades. El alcalde de la segunda ciudad de Colombia, Federico Gutiérrez, anunció un incremento de 1.000% en las capturas de ciudadanos por esos crímenes. La Secretaría de Seguridad deja en blanco y negro el balance: contabiliza apenas una captura en flagrancia entre enero y noviembre de 2023, mientras que, en lo que va de 2024, han registrado 12 casos. El tema volvió a la mesa esta semana, cuando la Fiscalía anunció la condena a 30 años y seis meses de prisión a Thomas Michael Renno (72 años), un estadounidense que ingresó siete veces al país entre 2016 y 2017 para localizar a niñas y adolescentes a quienes pudiera explotar sexualmente. Según el ente investigador, es la pena más alta que se ha impuesto a un extranjero por explotación sexual infantil.

La justicia condenó a Renno por los delitos de demanda de explotación sexual comercial en persona de 18 años y utilización o fabricación de medios de comunicación para ofrecer actividades sexuales, los dos agravados. El hombre contactaba a redes de explotación infantil a través de grupos de Facebook, acordaba los montos que debía pagar y las fechas para explotar a las menores, y solo entonces viajaba a la capital antioqueña. Fue condenado por cinco hechos concretos, pero la Fiscalía no descarta que haya más casos que hayan quedado fuera del expediente.

La investigación también probó que Renno tenía al menos tres identidades diferentes en las redes sociales, en perfiles en los que aparecía como Tom Renno, Tom Rene y Tom Reinolds. Según las víctimas, les ofrecía entre 100.000 y 150.000 pesos (de 25 a 38 dólares, aproximadamente) por cada encuentro sexual en apartamentos rentados por días en la zona céntrica de Medellín. De acuerdo con una fuente de Fiscalía, el proceso se abrió luego de que el Gobierno de Estados Unidos emitiera varias alertas y gracias al trabajo de un grupo de investigación transnacional que busca prevenir y reaccionar ante este delito.

La historia de un extranjero que viaja a Medellín en busca de sexo, legal o ilegal, se ha vuelto común en la última década. Uno de los casos más sonados ocurrió en marzo pasado, cuando el estadounidense Timothy Alan Livingston, de 36 años, fue descubierto por la Policía junto a dos niñas de 12 y 13 años en el hotel Gotham, ubicado en la exclusiva zona de El Poblado. Aunque salió del país antes de que pudieran capturarlo, en abril pasado la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dijín), confirmó que se expidió una circular azul de la Interpol para lograr su detención. En otro caso, la justicia condenó en octubre a Dominick A. Divicenzo a 15 años de prisión por los delitos de acceso carnal abusivo con incapacidad de resistir y explotación sexual comercial con menor de 18 años. Según su expediente, entre 2018 y 2019 entró a Colombia en busca del mal llamado “turismo sexual”. A través de un preacuerdo en el que aceptó que abusó de menores de edad, logró la condena mínima por esos delitos.

Ante el aumento de los crímenes, y de la indignación por ello, los políticos locales y regionales han asumido las banderas discursivas de la lucha contra la explotación sexual infantil. El alcalde, Federico Gutiérrez, ha adoptado la cuestionada medida de un toque de queda para menores de edad no acompañados entre las siete de la noche y las cinco de la mañana en las zonas de mayor riesgo. Entre tanto, la Mesa Intersectorial contra la Explotación Sexual Comercial de Niñas, Niños y Adolescentes ha especificado que hay una mayor presencia de redes de crimen organizado o bandas locales asociadas a estas actividades que está determinado, en Medellín, por “una cultura que promueve imaginarios sobre la disponibilidad de los cuerpos para ser explotados”.

De acuerdo con el alcalde, también se han estrechado las relaciones con agencias estadounidenses para fortalecer los procesos de inteligencia y desarticulación de las redes transnacionales. La Secretaría de Seguridad reporta, en lo que va de 2024, un aumento del 360 % en las capturas por esos delitos, con respecto a 2023. La Alcaldía también ha reivindicado como un éxito la captura, en septiembre pasado, de un ciudadano peruano que ofrecía 200.000 pesos (unos 50 dólares) por cada encuentro sexual con menores de 18 años.

Un informe de la Fundación Ideas Para la Paz sobre el tema, muestra que los avances son pocos. Para dimensionar el fenómeno basta con saber que en los últimos tres años apenas se abrieron 212 procesos judiciales por explotación sexual infantil y 72 de ellos están inactivos. El documento calcula que se generaron al menos 8.131 denuncias por explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes entre 2021 y 2023. Como en otros delitos, la Fiscalía selecciona, o prioriza, algunos casos. Según un fiscal cercano a esa decisión, lo que ha hecho es centrarse ”en quienes puedan alimentar redes de trata o de explotación sexual, sin minimizar los impactos de quienes actúen de forma individual a través de redes sociales”.