Petro aprovecha las diferencias entre los camioneros para deslegitimar el paro

“Sabemos distinguir perfectamente qué es un paro empresarial —en inglés se llama lock out—, [que] siempre tiene oscuros intereses económicos o políticos, de un movimiento social, como ocurrió con el estallido en el Gobierno pasado”. Con esta breve frase al inicio de su sonada alocución presidencial de este miércoles, Gustavo Petro enmarcó las reclamaciones y bloqueos de los camioneros frente a las alzas del diésel como una movida de grandes capitales contra su Gobierno, el primero de izquierdas de la Colombia contemporánea. En su entender, hay dos grandes tipos de camioneros: los que paraban gasta este viernes, incentivados o directamente parte de grandes y ricas empresas del sector, y los que no apoyaban el cese, conductores o pequeños propietarios de vehículos que no apoyan el movimiento. En esa línea, que han defendido varios de los escuderos más visibles de Petro, el paro perdería legitimidad y no era una manifestación de la movilización social que el presidente ha defendido e impulsado en su extendida carrera política.

“Mientras los grandes empresarios del transporte de carga cobran sus fletes, dejan a los pequeños camioneros pelear para que se debiliten económicamente más y les entreguen el mercado de carga que aún tienen”, ha escrito el presidente en X. Se refiere a una diferencia real que existe en el mercado del transporte de carga colombiano. Pese a que usualmente se habla de “los camioneros” como un conjunto homogéneo, se trata de un mundo muy diverso. Va desde conductores que trabajan a destajo, por viaje, hasta grandes empresas dueñas de decenas o centenares de camiones, que tienen enormes contratos de carga y logística, bodegas propias o alquiladas y, en general, juegan en varios de los eslabones de la cadena.

Justamente por esa diversidad, que se refleja en organizaciones sectoriales distintas y en más de 4.200 empresas habilitadas por el Ministerio de Transporte para el transporte de carga (sin contar los informales o legales), hay pujas entre quienes representan a las pequeñas y a las grandes empresas, pues son competencia, o entre los dueños de los vehículos, las empresas que los contratan, y los conductores que cobran por viaje. Como en tantas industrias, cada eslabón jala para su lado.

Pero en algunos asuntos, como el precio de su principal insumo, el combustible, sus intereses se alinean, pues todos se ven afectados aunque sea de manera o en grados diferentes. En junio de 2023, nueve gremios del sector lanzaron una plataforma conjunta, la Cámara Intergremial del Transporte Unidos. Lo hicieron, en parte, para tener un frente común en la mesa de negociaciones con el Gobierno en la que se discutía el alza del combustible. Sin embargo, no fue esa cámara quien dio la orden de paro, ni algunos de los gremios. El movimiento empezó con bloqueos espontáneos, algo que tiene sentido dado que los camioneros han sido muy exitosos al usar ese mecanismo de presión en el pasado. Las vías y la orografía colombiana les dan un poder enorme para arrodillar a un Gobierno, y también para golpear a toda la economía.

Entre esa multiplicidad de actores, y mientras cinco ministros se sentaron hasta la madrugada de este viernes con alrededor de 900 voceros de todo tipo como reconocimiento de la heterogeneidad, Petro se ha enfocado especialmente en un eslabón. Son las llamadas intermediarias de carga, empresas que consiguen las órdenes para movilizar carga y, luego, subcontratan a otras compañías, pequeños camioneros o conductores. Es a ellas a quienes el presidente ha señalado como el poder detrás del primer paro que enfrenta, con lo que sustenta su argumento del paro empresarial. “De las 3.000 empresas intermediarias de carga hemos encontrado más de 1.000 que han explotado a los camioneros, separando abismalmente el precio del flete que cobran al generador de la carga [que es un valor fijado por el Estado] al precio que pagan al camionero que lleva la carga. Serán investigadas por las superintendencias y la DIAN“, ha dicho como diagnóstico del sector. “La Fiscalía tomará las medidas que hay que tomar, Dian y Superintendencias inician visitas a empresas intermediarias para asegurar que se estén pagando los precios de carga a los camioneros”, ha advertido, indicando que el Gobierno apoya a los pequeños propietarios.

Ante la dificultad para llegar a un acuerdo en la multitudinaria negociación, ese tono crítico pasó a ser abiertamente amenazante. “Las directrices al Ministerio de Transporte para debilitar la intermediación de carga están impartidas”, ha señalado este jueves. “Con los gremios productivos y campesinos se organizarán las caravanas de la alimentación para que no falte la comida en los hogares colombianos ni suban los precios. La propuesta del Gobierno para la transformación del transporte de carga en el país ha sido ya terminada”. Aunque no se conoce ese planteamiento concreto, la dirección general es debilitar a esas grandes empresas.

La tesis de que el paro es empresarial no se verifica necesariamente en los puntos de bloqueo. EL PAÍS visitó el de la Autopista Sur de Bogotá este miércoles, y encontró que quienes taponaban la vía eran conductores a destajos o pequeños transportadores —y que decenas de camioneros más, de similar corte, estaban en desacuerdo con el bloqueo, aunque prefirieran un combustible sin alzas. Pero el concepto de un paro empresarial sí le sirve al presidente para enviar a la Policía a mover los vehículos y deshacer los cierres sin ser señalado de atacar la protesta social que ha defendido por años. Que la Policía lo haya hecho este jueves, además, sin grandes denuncias de abuso de la fuerza como las que se comprobaron en los grandes paros de 2019 y 2021, también le ayuda al Gobierno.

Pero no fortaleció su posición en la mesa. El Gobierno cedió en su pretensión original de lograr la meta de aumento de 6.000 por galón (1,5 dólares, alrededor del 60% del precio previo) a un acuerdo con en la mesa de aumentos escalonados este año que suman solo 800 pesos (20 centavos de dólar, menos del 10% de incremento). Fue difícil lograrlo. “El Gobierno realmente no entiende la actitud inflexible, la actitud intransigente de quienes están dialogando con el Ministerio de Transporte”, ha indicado este jueves el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Se refiere a la mesa que “reunió a más de 950 personas de las bases de transportadores de todo el país”, según ha indicado oficialmente el Ministerio de Transporte, una mesa en la que no solo están las empresas intermediarias a las que Petro acusa de ser el gran poder detrás del paro. En la madrugada de este viernes, con el acuerdo ya cocinado en un auditorio del Ministerio, roces internos entre diferentes grupos de camioneros casi echan todo al traste.

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