Las dudas por el déficit del gas natural derivan en un cuerpo a cuerpo de Petro con el sector energético

Lo que era apenas una posibilidad hace unos meses, hoy es un hecho. Colombia busca a contrarreloj los contratos necesarios para cubrir la totalidad del suministro interno de gas natural para el próximo año. Cálculos independientes, basados en informes oficiales recientes, proyectan un déficit de entre el 5% y el 10% para 2025. Un asunto largamente debatido y que, como una ola lejana, ha ido ganando terreno desde los últimos tres gobiernos, cada uno confiado en la autosuficiencia parcial de un país con reservas probadas y perspectivas de exploración tanto en tierra como en aguas profundas.

Se trata de una situación inédita en casi medio siglo. Durante ese lapso el país gestionó con su producción el 70% de la demanda local. El 30% restante lo importó en los últimos tiempos desde el Golfo de México. Pero las reservas probadas de gas, por una parte, pasaron de 7,2 años a 6,1. Y de acuerdo con datos de Naturgas, el mayor gremio del sector, el déficit en los contratos para cubrir los picos de consumo llegaría al 7,5%. Bajo este análisis, la situación es bastante preocupante, más no desesperada, asegura el ingeniero Jorge Pineda.

“Cuando uno lee los titulares se asusta, pero en realidad se trata de vacíos contractuales, no operativos”. El faltante, continúa Pineda, es un soporte para atender los dos o tres picos críticos de consumo que se producen año a año. Es decir, por lo pronto hay gas suficiente en Colombia y el gran nudo se halla en la parte contractual. En todo caso, una realidad insospechada hace un puñado de años y contraria a las leyes y regulaciones que estipulan que el servicio continuo debe estar garantizado y la sombra del desabastecimiento no debe siquiera asomarse en el horizonte.

¿Qué ha sucedido? “Los proyectos nada que se concretan”, resume Daisy Cerquera, consultora experta en el sector. A su juicio, el país ha avanzado en diversos documentos que funcionan como hoja de ruta, pero la capacidad de aterrizarlos ha sido deficiente: “Se sacó el plan de abastecimiento, por ejemplo, y se celebraron dos licitaciones para la construcción de la planta regasificadora del Pacífico. Las dos fueron fallidas y la convocatoria quedó desierta…”.

Sin embargo, Cerquera subraya que limitar las críticas al gobierno actual sería desatinado: “Esto no es culpa de un presidente u otro, y resolver un problema de abastecimiento no es un asunto tan fácil”. Cada vez son más insistentes las versiones, y el consenso sobre la gran falencia de la Administración Petro: su incapacidad para conformar la estatal Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG), un órgano con carácter técnico independiente del Ejecutivo que cumple ya dos años con la mayoría de sus seis miembros en estado de temporalidad. “En este momento hay un proyecto parado de importación de gas desde La Guajira hacia el interior porque no hay comisionados en la CREG”, recuerda Cerquera, quien fue comisionada hasta 2022.

Para el experto en mercados de energía Omar Tovar, “llevamos dos años de interinidad”. Si bien no descarta la validez de algunas de las críticas del Ejecutivo hacia el funcionamiento de la comisión, no duda en tachar de inaceptable el prolongado vacío en los nombramientos. El presidente Gustavo Petro se defendió de esas críticas este lunes en la tarde a través de su cuenta de X, donde escribió que algunos de los nombramientos que ha anunciado han sido declarados irregulares por el Consejo de Estado.

Y es que a su hipótesis de que el Estado debe ejercer mayor control sobre los servicios públicos, el mandatario ha recalcado en diversas intervenciones recientes su sospecha de que la fórmula para definir las tarifas del gas y la luz, a cargo de la CREG, está amañada. O, lo que es lo mismo, han servido para “ordeñar” y “esquilmar” a la sociedad colombiana, según sus palabras. Y tensionando el mismo hilo, la semana pasada aseguró que la rentabilidad del mercado energético haría “palidecer a Pablo Escobar”.

Detrás de todo, en su opinión, se halla el interés en “función de la renta de las ganancias exageradas para seis empresas” que han frenado la “industrialización” y el “bienestar general del país”. De cualquier forma queda claro que Colombia tiene la asignatura pendiente de modernizar su infraestructura para transportar el gas. Un hecho al que se añade la congelación de nuevos contratos de exploración en hidrocarburos decretada por el Ejecutivo. “No hemos vuelto a tener un descubrimiento importante de gas después de La Guajira y Cusiana”, sentencia Daisy Cerquera.

En algún momento tomó fuerza la idea de importar gas desde Venezuela. Y el presidente de la estatal petrolera Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, aún enarbola la posibilidad. Pero los menos optimistas recuerdan que la crisis política del país vecino supone un obstáculo plausible. No se trata únicamente de la incertidumbre electoral, sino además de las sanciones económicas de Estados Unidos y otros líos de infraestructura en el agrietado gasoducto transoceánico Antonio Ricaurte, que une Punta Ballenas (La Guajira) con la costa oriental del lago Maracaibo venezolano.

Ecopetrol ha informado sobre la propuesta de ocho compañías extranjeras interesadas en exportar gas a Colombia. Entre ellas se hallan algunas de países que ya le venden al país suramericano como los Estados Unidos, Trinidad y Tobago, y el Reino Unido. Jorge Pineda afirma que hoy lo único que se puede vaticinar con cierto grado de firmeza es que la factura del gas se encarecerá: “Todo esto se traduce en un impacto económico en Colombia. Los mayores costos se verán en las zonas donde hay mayor déficit de contratación, porque en Colombia hay que ir región por región. En Bogotá y Boyacá, por ejemplo, están sobrecontratados. También hay que esperar, porque los precios fluctúan y hay momentos en los que el gas importado es bastante competitivo con el nacional”.

Pineda resume que los riesgos de racionamiento surgirán en momentos muy puntuales y estima que se exacerbarán a partir de 2028 si la situación no mejora. Además de las importaciones, se espera que en los próximos años las exploraciones que lleva a cabo la petrolera británica Shell en aguas del Caribe colombiano arrojen resultados. Y para calmar un poco el ambiente, Ecopetrol, dueño del 88% de la oferta nacional de gas, informó este lunes del hallazgo de gas natural en el pozo bautizado como Uchuva-1, otro yacimiento en aguas profundas que opera a cuatro manos con la brasileña Petrobras.

“Ecopetrol es realista y ya cambió las fechas de la entrada en operaciones del off-shore de 2027 a 2029″, matiza Omar Tovar antes de lanzar la gran pregunta: “¿Mientras tanto qué vamos a hacer?”. A partir de 2026, agrega, la situación se agudizará sin duda. Desde el Ministerio de Minas y Energía, último responsable del abastecimiento, no ha habido señales claras sobre el proyecto a seguir para suplir el gas que se va a ir gastando. Por eso conviene recordar que Colombia cuenta con unas reglas para priorizar la atención por sectores en caso de racionamiento. El más afectado, en caso hipotético, sería la industria, que acapara el 25% de la demanda nacional. Y, en teoría, el que está mejor protegido es el de los hogares, que se consideran por ley “una demanda esencial”.

“Esto va para largo”, sentencia Daisy Cerquera, “porque además hay un pulso entre los productores de gas y el Gobierno por una norma que no ha sido aprobada para que los agentes puedan acotar la duración de los contratos. La industria se quiere comprometer solo a muy corto plazo. Por eso los productores le están diciendo a Petro que van a vender el gas con interrupciones porque no va a firmar acuerdos con nadie a más de un año”.

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