La fiscal pone un acelerador al punto ciego de la justicia transicional: los terceros civiles en el conflicto armado

La responsabilidad de empresarios, políticos y civiles en el conflicto armado colombiano es el capítulo menos claro y sobre el que pesan más deudas de la justicia. Durante la conmemoración por los 19 años del sistema de Justicia y Paz, un mecanismo creado en 2004 con la desmovilización de los paramilitares, la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, dijo que priorizará “desmontar la impunidad” en esos procesos y destinará más recursos para que los fiscales que tienen a cargo esos expedientes puedan sacar adelante las investigaciones. Su anuncio podría destrabar los procesos judiciales contra quienes aportaron a la guerra con dinero, influencias o poder.

“Desde la Fiscalía General de hoy somos conscientes que las principales deudas del modelo de Justicia y Paz, con la sociedad, se concentran en la falta de resultados en la investigación de los financiadores del paramilitarismo, en la persecución de bienes con fines de reparación a las víctimas, y en el hallazgo de las víctimas de desaparición forzada”, dijo la fiscal. Una de sus prioridades entonces, para el primer punto: “judicializar prioritariamente a los terceros financiadores con mayor poder económico”.

La nueva fiscal general no es ajena a estos temas. Gran parte de su trayectoria en el mundo judicial fue como fiscal de casos de parapolítica, y luego como magistrada auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, donde se llevan a cabo las investigaciones a los congresistas y al alto Gobierno. Por eso, su intervención en la conmemoración por los 19 años del sistema de Justicia y Paz representaba, para muchos, un adelanto de lo que puede pasar durante los próximos años de su mandato con los expedientes de paras. Para lograrlo, dijo este martes, tendrán que depurar más de 700 compulsas de copias y ordenar pruebas para corroborar lo que han dicho los exintegrantes.

Fuentes de la Fiscalía le confirmaron a este diario que se trata de una de las apuestas más grandes y ambiciosas de Camargo, que no busca quitarle los procesos al sistema de Justicia y Paz, sino “fortalecer el equipo interno para darle celeridad a los casos que se encuentran represados y que no se han resuelto”. Pero, además, buscarán priorizar los resultados de las investigaciones a los terceros responsables “con mayores recursos económicos”, es decir, el gremio empresarial.

Su anuncio de responsabilizar a los terceros civiles, y especialmente a los más adinerados, llega poco después de la histórica decisión contra la multinacional bananera Chiquita Brands el 10 de junio pasado, cuando un juez del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), la condenó a pagar una millonaria indemnización a ocho víctimas del conflicto colombiano. La decisión judicial señalaba que los dineros que la empresa pagó periódicamente a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), fueron utilizados por los paramilitares para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, desapariciones, torturas y extorsiones. Es decir que, con recursos de una empresa privada, se financió parte de la guerra que desangró al país.

Algunas de las pruebas que se sumaron al expediente fueron las mismas confesiones de exparamilitares como Salvatore Mancuso, excomandante de las AUC; Éver Veloza, conocido como HH; o Raúl Emilio Hazbún, alias Pedro Bonito, quienes han dicho ante jueces colombianos y estadounidenses que hubo varias empresas que financiaron su accionar terrorista. Mancuso, quien el 10 de julio pasado recobró su libertad luego de pasar 18 años en prisión, ha dicho en audiencias públicas que empresas bananeras de la subregión del Urabá antioqueño, Ecopetrol, la minera Drummond y multinacionales como Coca Cola, Bavaria y Postobón pusieron dinero que sirvió para que el músculo de la guerra paramilitar se fortaleciera en Colombia. Ahora, que recobró su libertad, el excomandante paramilitar ha dicho estar comprometido a dar las pruebas para que estos procesos contra los terceros civiles continúen. La fiscal general está dispuesta a escuchar. El actuar de las AUC se consolidó, en parte, gracias al músculo financiero que aportaron civiles.

La chequera que llegaron a tener los paras, según Salvatore Mancuso, estaba determinada por los “impuestos” que le ponían a las empresas de los territorios. Aunque los exparas han sido enfáticos en decir que sí impusieron pagos a las empresas, la justicia también ha determinado que las compañías, lejos de denunciar las extorsiones o frenar sus ventas o servicios en esas zonas, continuaron con operaciones rentables en medio de un escenario de dolor y violencia para las víctimas.

Mancuso, en una de sus declaraciones ante la JEP, dijo por ejemplo que Postobón debía pagarles en el año 2000 unos 10 millones de pesos mensuales (cerca de 2.500 dólares), y que el acuerdo con Bavaria era pagar 1.000 pesos (0,25 dólares) por cada caja de cerveza vendida en los territorios donde ellos operaban.

Los terceros civiles que no entraron en el acuerdo de paz con las FARC

La fiscal está poniendo el acelerador en uno de los temas más sensibles de la justicia transicional. El asunto de judicializar a quienes fuera de las armas contribuyeron directamente al conflicto armado interno ha estado presente en todos los procesos de paz —los firmados y los fallidos—.

Lo sensible del tema quedó en evidencia en las negociaciones de paz del Gobierno de Colombia con la antigua guerrilla de las FARC, en La Habana (Cuba), durante la presidencia de Juan Manuel Santos. En un principio quedó determinado que los políticos, empresarios o funcionarios que hayan tenido algún tipo de responsabilidad en la guerra debían rendir cuentas ante la JEP. Es decir que, inmediatamente después de la creación de ese tribunal de paz, sus expedientes serían compulsados allí de manera automática. Sin embargo, en 2017, cuando la Corte Constitucional emitió una sentencia sobre el acto legislativo que le dio vida a la Jurisdicción de Paz, eliminaron la obligatoriedad de que los terceros comparecieran allí.

La decisión del alto tribunal de modificar ese artículo revivió las molestias que, durante los casi seis años de diálogos, hubo entre los negociadores y las víctimas del conflicto, que reclamaban que los empresarios y políticos también eran actores de la guerra. En su momento, uno de los más fuertes opositores a que los terceros tuvieran que comparecer de manera obligatoria fue Germán Vargas Lleras, el presidente del partido Cambio Radical, y quien llegó a decir que la JEP no podía convertirse en una “cacería de brujas” contra las empresas que estaban en los territorios y que, según él, se vieron obligadas a pagar las “vacunas” o “impuestos de guerra” a los grupos ilegales. Eso, pese a que en el mismo acuerdo de paz fueron enfáticos en explicar que los financiadores procesados serían aquellos a quienes se les demostrara una participación activa y sistemática en la comisión de delitos de la guerrilla.

Hasta junio pasado, con casi siete años de funcionamiento, la JEP ha recibido a 184 terceros civiles y agentes del Estado (distinto a la Fuerza Pública) que están rindiendo cuentas ante el tribunal de forma voluntaria. Una de las diligencias judiciales más documentadas de la JEP este año fue la de Carlos Eduardo Reyes, exdirector del Incoder, una antigua entidad del Estado encargada de la administración de tierras en Colombia, en la que dijo que hubo predios obtenidos irregularmente llegaron a ponerlos a nombre de testaferros de los paramilitares. Esas verdades, aunque se han abierto parcialmente, todavía están por conocerse. La fiscal las tiene en la mira.

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