Un juez de Florida condena a Chiquita Brands a indemnizar a ocho víctimas de los paramilitares

La multinacional bananera Chiquita Brands, que en 2007 confesó haber financiado a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) desde 1997 hasta 2004, deberá indemnizar a víctimas de esos paramilitares, de las subregiones colombianas del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio. EL PAÍS pudo establecer que los montos de reparación económica van entre los 2 y 2,7 millones de dólares por víctima. Así lo determinó un Juez del Distrito Sur de Florida (Estados Unidos), quien dio a conocer el fallo desde West Palm Beach este lunes 10 de junio. La decisión señala que los dineros que la empresa giró a los paramilitares fueron utilizados para cometer crímenes de guerra como homicidios, secuestros, extorsiones, torturas y desapariciones forzadas, entre otros delitos asociados al conflicto armado.

La representante de las demandantes, Earth Rights International explica, a través de un comunicado de prensa, que el juez falló a favor de ocho de las nueve víctimas. En sus casos, determinó que la empresa era civilmente responsable de los delitos que cometieron las AUC en la subregión del Urabá antioqueño y el Magdalena Medio. El litigio arrancó en 2007 por demandas civiles de nueve víctimas de los hechos vinculados al proceso criminal que terminó ese mismo año con la aceptación de Chiquita de haber realizado los pagos.

En él, el juez Kenneth Marra y los 10 jurados escucharon las versiones de los campesinos y de la empresa, y también los testimonios de algunos exjefes de las AUC como Salvatore Mancuso; Éver Veloza, conocido como HH, del Bloque Bananero; Raúl Emilio Hazbún (Pedro Bonito), excomandante de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá; y Jesús Ignacio Roldán, mejor conocido como Monoleche.

Earth Rights International dice a EL PAÍS que esta decisión tiene ecos más allá del caso concreto. “Es la primera vez en Estados Unidos que un jurado responsabiliza a una gran corporación americana por su complicidad en abusos contra los derechos humanos en otro país, marcando un hito en la justicia”, afirman desde la organización de los demandantes, vía WhatsApp. Esa misma organización comenta que el pasado viernes, 7 de junio, los delegados de la empresa “admitieron hechos que cuestionan la narrativa en la que se ha basado su defensa, entre ellos el argumento que los paramilitares de las AUC obtuvieron ganancias superiores del tráfico de drogas y que los pagos realizados por Chiquita no marcaban en este contexto diferencia alguna”.

Uno de los argumentos de la empresa durante todo el pleito ha sido que los pagos que entregaron fueron bajo presiones y extorsiones, pero que el dinero entregado no representaba una financiación significativa para las Autodefensas Unidas de Colombia. En las audiencias finales del juicio, que han tomado seis semanas, rindieron testimonio otras personas como a Jack Devine, un exoficial de la CIA quien, como cabeza de la firma consultora Arkin Group, recomendó a la multinacional retirarse de Colombia.

Chiquita Brands International es una multinacional bananera consolidada en Estados Unidos en 1899 bajo el nombre de United Fruit Company. Es una de las principales distribuidoras de bananos de ese país. En uno de los expedientes en Colombia, en el año 2003, se concluyó que los altos mandos de la compañía en Estados Unidos conocieron de los pagos que hacía su filial en Colombia a los grupos armados irregulares.

Un proceso de casi dos décadas

Los procesos de Chiquita Brands ante la justicia estadounidense por su relación con las AUC no son nuevos. En 2007, la empresa admitió haber realizado pagos a los paramilitares entre 1997 y 2004, aceptando el cargo penal de financiar a un grupo ilegal que había sido catalogado como terrorista por la justicia estadounidense desde 2001. En su declaración, la multinacional admitió que entregó dineros a otros grupos armados como la extinta guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN). Sin embargo, en estos casos no hubo delitos porque, para la época de las transacciones, esas guerrillas no habían sido declaradas como organizaciones terroristas por el gobierno estadounidense.

La condena por ese proceso criminal incluyó una sanción económica por 25 millones de dólares que no estaba destinada a la reparación de las víctimas de los paramilitares. Por eso, ese mismo año, un grupo de víctimas de las AUC presentó una demanda civil colectiva ante la justicia federal estadounidense. Se trata del litigio que culminó este lunes, que giraba alrededor de la acusación de que Chiquita pagó a los paramilitares “para mantener el control de su rentable operación en las principales regiones bananeras de Colombia”.

Durante el proceso la empresa ha desestimado sistemáticamente esa acusación. Argumenta que hizo pagos periódicos a la fuerza, como víctima de extorsiones. “La empresa tuvo que pagar a los paramilitares de las AUC para salvar vidas de los trabajadores, y que la presencia de la multinacional en Colombia fue positiva”, sostuvo su abogado principal, explica Earth Rights.

El contraargumento de los demandantes ha sido que decidió continuar sus operaciones en Colombia a pesar del control paramilitar, con tanto éxito, que en 2003 su filial colombiana Banadex “logró la operación más rentable de Chiquita Brands a nivel internacional, prosperando en una de las regiones más conflictivas y violentas”.

El proceso tardó en parte porque en 2011 Chiquita alegó que el caso debía juzgarse en Colombia y no en Estados Unidos, por el lugar en el que fueron cometidos los delitos. Cinco años después, en 2016, el Tribunal de Justicia desestimó ese argumento y ratificó que el caso debía llevarse en territorio estadounidense, por tratarse de una multinacional constituida bajo las leyes de ese país.

El caso pendiente en Colombia

El informe final de la Comisión de la Verdad, un compilado de varios documentos que el órgano creado en el Acuerdo de Paz con las extintas FARC entregó al país para intentar esclarecer varios capítulos de la guerra, se documenta el rol de la multinacional. “La relación entre paramilitares y narcotráfico era de público conocimiento, en particular en la región del Urabá. Por ello, cuando la empresa Chiquita Brands pactó con los paramilitares, asumió las implicaciones: estos escondían droga en los contenedores que llevaban banano.

Chiquita Brands lo ha negado. Sin embargo, versiones internas e incluso información de organismos de justicia e internacionales indican que sí hubo envíos de cocaína en buques de exportación de Chiquita Brands. Este punto se retomó en el juicio, pues los demandantes allegaron un documento en el que Chiquita reconoce 47 decomisos de drogas en contenedores y barcos de su propiedad, entre 1998 y 2003.

Más de 7.000 personas han interpuesto acciones legales respecto de Chiquita y su relación con grupos paramilitares en la subregión del Urabá y Magdalena Medio, explica Earth Rights Internacional. Sin embargo, el proceso de Florida se centró en los casos de nueve víctimas directas de crímenes de guerra cometidos por las AUC en esas zonas.

En Colombia, la Fiscalía ha llevado a juicio a antiguos ejecutivos de dos filiales, Banadex y Banacol, por el delito de concierto para delinquir agravado, debido a otros pagos por más de 1.400 millones de pesos de la época a las Convivir, cooperativas de vigilancia privada legales que en muchos casos terminaron siendo la base de la creación de las Autodefensas. Una investigación del medio Vorágine de septiembre de 2023 revela que esa investigación en la Fiscalía estaría cerca de prescribir. “La resolución de acusación quedó en firme el 17 de septiembre de 2019, lo que nos permite sostener que la prescripción de la acción penal se configura el día 17 de septiembre de 2025″, contó una fuente cercana al proceso a ese medio.

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