La Presidencia confirma que desapareció información clave en la investigación sobre la UNGRD

El nombre de Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las regiones, ha acaparado algunos titulares relacionados con el escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), el más grave que se ha denunciado durante el gobierno de Gustavo Petro. Ortiz vuelve a ser noticia este jueves, luego de que la Presidencia informara, a través de un comunicado, que “durante la entrega a la nueva administración de la Consejería para las Regiones se recibieron dos computadores incompletos: uno sin disco duro y otro sin memoria, asignados a contratistas del equipo de esta dependencia”. Esta información se conoce dos meses después de que Ortiz renunciara a su cargo como consejera presidencial, a mediados del mes de mayo y ante la presión del mismo Petro, luego de que ella fuera señalada de presuntamente participar en un soborno.

Ortiz fue acusada por el antiguo subdirector de la UNGRD, Sneyder Pinilla, de entregarle 3.000 millones de pesos al presidente del Senado, Iván Name, para lograr que las reformas del Gobierno avanzaran en el Congreso; dinero que, asegura, él mismo le entregó. De acuerdo con el testimonio de Pinilla, el presidente de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, recibió otros 1.000 millones para el mismo fin, este sí directamente de sus manos. Detrás de estas acusaciones se esconde un entramado de corrupción mediante el cual el dinero de la entidad encargada de atender las emergencias a nivel nacional habría sido utilizado para ofrecer coimas a políticos a cambio de impulsar ciertos proyectos. Este martes, las denuncias fueron más lejos, luego de que se filtrara un video en el que el exdirector de la UNGRD, Olmedo López, asegura ante la Corte Suprema de Justicia que desde el Gobierno le ordenaron direccionar contratos de dicha entidad para financiar a la guerrilla del ELN.

Tanto Olmedo López como Sneyder Pinilla serán imputados el próximo 25 de julio por la Fiscalía por su papel en toda esta trama de corrupción. Y en medio de esta investigación, son claves todas las pruebas. Se esperaba que en los computadores portátiles asignados a Ricardo Castiblanco y Diana Carolina Durán, quienes eran asesores de Ortiz, hubiera información sensible sobre la UNGRD, ya que Castiblanco era el encargado de preparar la información de Ortiz para los consejos de ministros y de hacer el seguimiento a los compromisos del presidente Petro en las regiones; mientras que Durán era la responsable de coordinar el equipo que verificaba el cumplimiento de sentencias en contra de la Presidencia. Ambos salieron de sus cargos a raíz de las denuncias a Ortiz.

La exconsejera Ortiz ha negado las acusaciones, y sostiene que tiene pruebas para demostrar su inocencia. Según Pinilla, el 25 de septiembre de 2023, la exconsejera participó en un desayuno junto al entonces ministro del interior, Luis Fernando Velasco, del que salió la orden a Olmedo López de conseguir el dinero para los sobornos al Congreso. Pinilla y Ortiz habrían sido los “mensajeros”. No obstante, Velasco salió este miércoles a desmentir esa reunión en una entrevista con Caracol Radio. El exministro sostiene que Olmedo López “movió más de dos billones de pesos, quería robarse parte de ese dinero y su estrategia es enlodar a otra gente para intentar hacer un acuerdo con la Fiscalía”. Velasco añade que ese día él estaba instalando una comisión de seguimiento electoral en el Valle del Cauca, en la que además de periodistas estaba la procuradora y el registrador nacional.

En medio de acusaciones mutuas, hay más dudas que certezas. Este caso de corrupción ha resultado ser mucho más grande que la denuncia inicial sobre unos sobrecostos en la compra de 40 carrotanques que debían llevar agua a La Guajira. Ahora alcanza al círculo más próximo al presidente. Su ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, fue acusado por Olmedo López ante la Corte Suprema de haberle ordenado que ofreciera contratos de la UNGRD a congresistas, a cambio de obtener votos en el Legislativo, por lo que este alto tribunal ha decidido citar al presidente Petro para que dé su versión de los hechos.

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