La paz total, en llamas

El Cauca está perdido. El cese al fuego está interrumpido en el departamento, lo mismo que en unos municipios del Valle del Cauca, Nariño, Guaviare y la Amazonía, pero se mantiene en Putumayo, Caquetá, el sur del Meta, el Catatumbo, el Magdalena Medio, el sur de Bolívar y el norte de Antioquia. Al Gobierno le cuesta mucho trabajo levantarse de la mesa mientras los grupos subversivos se fortalecen y atacan con drones caseros sin que la fuerza pública pueda neutralizarlos, porque hasta ahora están comprando el equipo que los rechaza.

Esta semana se encuentra reunido el autodenominado Estado Mayor Central (EMC) con los delegados del Gobierno nacional en medio de un panorama confuso y de rechazo a los episodios de violencia por las amenazas contra los exguerrilleros de las FARC que habitan el antiguo el Espacio Territorial de Capacitación y Reincorporación en Caquetá. Además, como lo describió el diario El Espectador, a eso se suma el ataque ocurrido en Valdivia (Antioquia), donde murieron seis soldados del Ejército en un campo minado por acción de las disidencias. Todo en medio de las constantes violaciones al cese al fuego.

¿Cómo hacen el Ejército y la Policía para distinguir entre quienes dicen respetar el cese y los que se encuentran por fuera de las mesas de negociación? Camilo González, el exministro, jefe de la delegación del Gobierno, un experto de buena voluntad, advierte que ya no se puede hablar de que exista un Estado Mayor Central en el que unos están en la mesa y otros no. Son dos grupos distintos, que tienen comportamientos y pretensiones políticas diferentes.

Hay regiones que están bajo el beneficio del cese al fuego y la alteración de la vida normal es permanente. Lo del sur del departamento del Meta es insoportable: las disidencias de las FARC al mando de Alexander Díaz, alias Calarcá, reinan en las zonas rurales como en las cabeceras municipales, y el propio Calarcá está sentado en la mesa de negociación. Sus referencias criminales tienen que ver con la orden de cerrar municipios por uno o dos días, las citaciones a veredas y el cobro de extorsiones. Obligó a 3.000 personas a concurrir a unas reuniones en un sitio conocido como Guayabero para dar a conocer los impuestos que se deben pagar cada año a su organización: por hectárea de tierra, 10.000 pesos, y otros 10.000 pesos por cabeza de ganado. Por las gallinas pagan 3.000 pesos. Se disputan el territorio con los disidentes de Iván Mordisco, los de la Segunda Marquetalia de Iván Márquez y el Clan del Golfo. Para contener el ambiente de zozobra, las autoridades le dicen a la gente que no atiendan las instrucciones de los sediciosos, lo que por supuesto no acatan porque corren con las consecuencias que en algunos casos cuestan la vida.

Del ELN, ni hablar. Toda la etapa de negociación ha estado atrapada por las “crisis” superadas con aspirinas que no matan la enfermedad. No han renunciado al secuestro. Disfrutan del cese al fuego. El Gobierno ha dicho que no firmará acuerdos si decide seguir secuestrando, pero no se atreve a levantarse de la mesa. Las violaciones al cese al fuego llegan a 39 y a seis incumplimientos, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos.

Algo está pasando en las Fuerzas Armadas, porque han dado de baja a algo más de 60 generales y almirantes desde agosto de 2022. Se trajo de comandante del Ejército a un general en retiro que había salido en la barrida del 26 de mayo de 2022. La otra novedad: se designó nuevo comandante de las Fuerzas Armadas a un almirante en lugar de un general, lo cual contradice la regla tradicional, dejando molestias en el Ejército.

Desde lejos se ven las llamas de la paz total.

Suscríbase aquí a la newsletter de EL PAÍS sobre Colombia y aquí al canal en WhatsApp, y reciba todas las claves informativas de la actualidad del país.